El segundo veto migratorio de Trump parece dirigirse hacia el mismo fracaso en el que terminó el primero. Los fiscales generales de al menos seis estados buscan hacerlo caer.
Viernes 10 de marzo de 2017 16:30
Al menos seis estados llevarán a los tribunales el segundo veto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que fue concebido con la idea de evitar las trabas judiciales que frustraron el primer intento.
La nueva orden ejecutiva, que el gobierno presentó esta semana, suspende el programa de refugiados durante 120 días, así como la concesión de visados durante 90 días a seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán).
La anterior orden, que a excepción de nuevas precisiones y de sacar a Irak de la lista de países, era muy parecida a esta última, fue inhabilitada por un tribunal federal de apelaciones tres semanas después de ser firmada por Trump.
A pesar de que el gobierno afirmó que el nuevo decreto estaba pensado "para evitar litigios", ya cuenta con la oposición judicial de los estados de Hawái, Washington, Nueva York, Oregón, Minesota y Massachusetts.
El fiscal general de Hawái, Doug Chin, fue el primero presentar su demanda legal contra los intentos de Trump de bloquear la entrada de refugiados y personas de países de mayoría musulmana.
En una rueda de prensa el jueves, Chin dijo que su demanda se centra en resaltar el daño que ese decreto tiene en la economía y turismo del estado, y en poner en evidencia la ilegalidad de un proceso que "discrimina por razón de nacionalidad".
El representante del Ministerio Público de Hawái afirmó que, tanto residentes del estado con familiares en los países afectados como el turismo, pueden verse golpeados por la nueva ley.
Por otro lado, el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, anunció que su línea de ataque contra la nueva orden migratoria de Trump será argumentar que la sentencia del tribunal federal de apelaciones que suspendió el primer veto sigue vigente y se aplica a la nueva versión del decreto.
A Ferguson se le sumaron desde el jueves los estados de Oregón, Nueva York, Minesota y Massachusetts, que presentarán de manera conjunta la semana que viene una enmienda para, en la práctica, equiparar el primer y segundo veto de Trump, y desechar el argumento de la Casa Blanca de que el último decreto sustituye al anterior.
"La última orden ejecutiva del presidente Trump es una prohibición a musulmanes con otro nombre", aseguró en un comunicado el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
"Estamos consolidando nuestros esfuerzos legales con otros estados liderados por Washington para continuar cuestionando las política ilegítimas en inmigración de esta Administración", indicó Maura Healey, la fiscal general de Massachusetts.
A pesar de la creciente resistencia, que suma nuevos estados con el correr de las horas, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer declaró que están "bastante tranquilos y confiados con la manera en que se ha redactado la orden ejecutiva".
La anterior orden ejecutiva entró en vigor en enero sin previo aviso y afectó a personas que tenían sus documentos en regla, algo que reforzó la posibilidad de desafiarla legalmente, mientras que este nuevo decreto solo afecta a extranjeros sin visado. Con esta modificación el gobierno de Trump piensa que puede bajar el nivel de conflictividad, al evitar que se repitan las movilizaciones a los aeropuertos que se vieron a fin de enero, y tratar de desactivar una a una las demandas que surjan en el terreno judicial.
Sin embargo la rapidez con la que se extendió el rechazo al nuevo veto en varios estados parece indicar que la ofensiva en el terreno judicial puede ser tan dañina para el gobierno como en el caso anterior y terminar por dejar sin efecto la nueva resolución.
