La vuelta a las clases se está caracterizando por contagios en masa y la renuncia del Estado a tomar las medidas necesarias. Proponemos un programa de seis medidas para superar esta crisis en las aulas.
Martes 18 de enero de 2022
A inicios de año, el Gobierno aseguraban una vuelta segura a las aulas. Sin embargo, se ha cumplido lo que los docentes temían en el marco de esta sexta ola con la variante ómicron: vuelven los contagios, las cuarentenas, las clases semipresenciales, la incertidumbre.
Los sindicatos contabilizan más de un 6% (más de 12.000) de bajas de profesores debido al Covid, al tiempo que los que aguantan en los centros aseguran que estas bajas no se cubren. A pesar de que tanto el Gobierno central como los autonómicos aseguraban reforzar la plantilla, el resultado es que un 90% de centros carecen de sustitutos.
A la falta de personal hay que sumar la falta de recursos. Muy pocos centros han recibido los EPIs necesarios. Otros tantos tienen espacios inutilizados al tiempo que las ratios se mantienen en 30 alumnos por clase en secundaria. Esta situación, que el Gobierno pretende naturalizar, incluso convertir en algo inevitable, es inaceptable. Al tiempo que se justifican en la crisis y dicen hacer todo lo que puede, siguen financiando a la concertada, cerrando escuelas infantiles para venderlas a las empresas… todo para seguir beneficiando a las grandes fortunas mientras los trabajadores y trabajadoras, y sus hijos e hijas sufren las consecuencias de la pandemia y de los recortes, los cuales vienen de largo.
Es una situación insostenible que el Gobierno tolera para seguir sacando rédito político y económico a costa de la educación pública. Hemos visto en este tiempo que las promesas del Gobierno central caen en saco roto (como vimos con la falsa derogación de la reforma laboral, o cuando camuflaron subvenciones para propietarios bajo ayuda para inquilinos). Al mismo tiempo, las amenazas de los gobiernos autonómicos de derecha, como el de Madrid, se cumplen a rajatabla: recortes, cierres y concesiones constantes a las empresas privadas.
Es por esto que los docentes y demás trabajadores de educación que constituimos la Sección de Educación en Izquierda Diario queremos proponer un programa de seis medidas para una vuelta segura a las aulas y en vistas a organizarnos para luchar contra los nuevos ataques contra la educación pública. Queremos abrir el debate a toda la comunidad educativa, hacer este llamamiento al personal docente, no-docente, alumnos y alumnas, para que sean ellos los que tomen las riendas del sector y se organicen. Queremos dar voz a quienes sufren realmente esta situación, para que se conozcan la situación real de los centros y puedan discutirse las medidas a tomar.
Invitamos también a contactar con nosotras y compartir cómo está siendo esta experiencia y colaborar con nuestra Sección de Educación para que podamos desde Izquierda Diario darlas a conocer para toda la comunidad educativa.
Los datos de contacto los señalamos al final de este artículo.
Programa de 6 medidas para el sector educativo.
1. Más contratación de personal, sin temporalidad, y menos ratios.
Los centros están asfixiados, el personal docente no da abasto y, para colmo, el número de alumnos y alumnas por clase se mantienen demasiado alto incluso para una educación de calidad sin pandemia. El Estado pretendió volver a una situación prepandemia, volviendo a ampliar las ratios y despidiendo a miles de interinos. Según el CSIF, al inicio de curso hacían falta 17.000 docentes más para cubrir las necesidades educativas mínimas, sin contar bajas. Sin embargo, son otros tantos miles los interinos que componen las bolsas de trabajo, a los cuales no llaman tan siquiera para cumplir el compromiso de sustituciones para casos covid tal y como prometió el Ministerio. Sin embargo, no sólo para cubrir lo mínimo hacen falta las contrataciones.
Si se contratase la totalidad de interinos en bolsa y estas se abrieran para que nuevos profesionales pudieran incorporarse, reduciríamos los grupos frenando el contagio y se podría ofrecer una educación más segura y de calidad. Exigimos, por tanto, una contratación masiva de personal, de modo que se bajen las ratios por docente y se repartan las horas lectivas para reducirlas al mínimo (sin afectar al salario). Del mismo modo, exigimos contratación de personal no-docente, para que puedan repartirse las horas y se rote para estar menos expuestos en el ámbito laboral.
Consideramos que estas contrataciones no deben ser temporales: las ratios elevadas y la falta de personal no son sólo característicos de la pandemia. Por eso hay que oponerse a la Ley Iceta, la cual sólo regula la temporalidad y conduce a despidos y recontrataciones en peores condiciones. Exigimos que las contrataciones para reforzar el personal se mantengan indefinidamente, que la temporalidad sea fijeza, para que la educación siga siendo de calidad una vez finalizada la pandemia.
2. Nada de financiar a la concertada: más recursos y más medidas de protección bajo gestión de los centros púbicos.
No nos engañemos: la falta de recursos en los centros no es nuevo en esta pandemia. La historia de la educación en el Estado Español es una historia de constantes recortes, pérdidas de derechos y concesiones a la Iglesia y a las empresas. De hecho, el Estado invierte casi 2.900 euros por alumno en la concertada, la cual obtuvo un beneficio de 11.180 millones de euros el año pasado. Sin embargo, sugerimos otros sitios donde meter la tijera para invertir en educación: subvenciones públicas a la Iglesia (sólo en Madrid asciende el último año a 4,9 millones de euros) o el presupuesto de la Familia Real (más de 8,4 millones sin contar sus «sobre sueldos»). Es la comunidad educativa al completo la que debe alzarse contra las medidas neoliberales y los ataques de los diversos gobiernos, de derechas o «progresistas».
Por eso, exigimos que se cese de financiar empresas y se dote de los recursos necesarios a los centros públicos, tanto para material sanitario como para crear espacios seguros. No sólo se requiere personal y materiales educativos e higiénicos, sino también espacios que habiliten las aulas, ya que la medida de abrir las ventanas es casi inviable en invierno para muchos centros. Necesitamos espacios óptimos y amplios para dar clase, con extractores de aire, aislamiento térmico y donde los alumnos puedan respetar la distancia de seguridad. En cualquier caso, debe ser la comunidad de los centros, de manera democrática y con los trabajadores y trabajadoras al frente, los que valoren sus necesidades y gestionen sus recursos para ofrecer una educación segura y de calidad.
3. Más financiación y recursos para los servicios públicos.
La educación no sólo es la vida en el centro: el alumnado como trabajadoras y trabajadoras se ven obligados a coger el transporte público, a recurrir a los centros sanitarios en caso de contagio, etc. Es mentira que los contagios se deban a los institutos o a la falta de responsabilidad de la juventud. Por el contrario, tiene que ver con la precarización de la vida y el recorte en los servicios públicos. Como la educación, los recortes en sanidad, en transporte, etc. Ha sido una constante de los tiempos de crisis y en esta pandemia hemos visto que, en vez de reforzar estos servicios, han sido atacados constantemente (como es el caso de las privatizaciones del Niño Jesús, de la limpieza del Gregorio Marañón, etc.). Por eso, como en educación, exigimos la dotación de recursos a los servicios público, sin conceder ni una mínima subvención al sector privado.
4. Contratación de trabajadores no-docentes bajo gestión pública para favorecer la conciliación laboral.
Es esencial la labor que hacen cuidadores, monitores, etc., tanto en el ámbito de los cuidados de los alumnos y alumnas como de su educación. La mayoría de estos trabajadores pertenecen a empresas y subcontratas, tienen una situación de precariedad, contratos temporales y sin derechos, sueldos ínfimos para el importante rol que cumplen, muchas veces, para las familias más desfavorecidas económicamente (como en el Lleure de Catalunya). Repetimos: la educación y los cuidados no son un negocio. Por eso, exigimos una contratación pública de estos trabajadores esenciales, con un salario y unas condiciones dignas, para conciliar la vida laboral y familiar y reforzar la educación de los alumnos y alumnas.
5. Test gratuitos y licencias retribuidas para cuidar familiares con Covid.
El Sindicato de Familias ya advirtió antes de reinicio del curso que la sexta ola, cuya variante es más contagiosa, afectaba necesariamente a las familias más humildes, las cuales no pueden hacerse cargo de la cuarentena de sus hijos e hijas (menores de 11 años hay una incidencia de casi 2.9%). Esto obliga a las familias a elegir entre su trabajo y sustento o el cuidado de los menores, una decisión que muchas veces se traduce en ocultar los contagios o verse reducido, directamente, a la más absoluta pobreza. Según estudios, el 51% de las empresas privadas no tiene ni piensa llevar a cabo planes de conciliación familiar, por lo que podemos hacernos una idea de las dificultades que pasaran las familias cuyos hijos se vean expuestos al virus. En palabras de Laura Baena, de la asociación por la conciliación Yo No Renuncio, aseguró en una entrevista que «Hay familias que no pueden pagar test o familias que hacen PCR de su bolsillo para estar tranquilas al dejar a los niños con los abuelos en una cuarentena preventiva, porque tienen que trabajar. Y no digamos si son familias monomarentales». Y es, como recogen en su página, el 22% de las madres se ha visto obligada a dejar en parte o del todo su trabajo, de las cuales un 11% han pedido excedencias sin sueldo. Es por esto por lo que es una medida necesaria el acceso gratuito a test para conocer la incidencia de los contagios y la concesión de licencias retribuidas para que los trabajadores puedan cuidar a sus familiares dependientes y afectados por la pandemia sin verse reducidos a la miseria.
6. Estas medidas deben conquistarse con organización y lucha desde los centros.
Frente a esta situación, los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, se han limitado a lanzar denuncias, a pactar con el Gobierno y a pedir migajas. Mientras que en Francia los docentes hacen huelgas y están en constante pie de lucha, aquí los sindicatos no se han dignado, siquiera, a iniciar una campaña de lucha del sector educativo. Por el contario, hacen alarde de su complicidad con los mismo que recortan y asfixian a la educación (por ejemplo, hemos visto a la burocracia sindical sacar pecho por su papel en la pobre reforma laboral de Yolanda Díaz). Necesitamos organizaciones combativas dispuestas a luchar por los derechos perdidos y por las medidas necesarias para un retorno seguro a las aulas. Los puntos expuestos antes no serán concedidos por la Administración, ni tampoco van a abanderarlos la burocracia sindical, que demuestra sólo ir tras la estela de la patronal y del Gobierno.
Por eso, llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras del sector de la enseñanza a organizar su respuesta, acoger a toda la comunidad educativa bajo un programa obrero en defensa de la educación pública con las medidas necesarias para que esta sea de calidad y segura, forzando a los sindicatos a cumplir su papel: defender a la clase obrera. Sólo desde esta organización de base se pueden conquistar derechos, organizar luchas y huelgas, como en Francia, para salvar a la educación tanto de la pandemia como de las políticas neoliberales y los nuevos ataques que se preparan por parte de los distintos gobiernos.
Contacta con nosotros para contarnos cómo está siendo la vuelta a las aulas para que podamos seguir informando y combatiendo desde Sección de Educación de Izquierda Diario, un diario digital de y para la clase trabajadora.
