DESAPARICIÓN FORZADA Y MUERTE. Seis meses sin Santiago, seis meses de impunidad

Foto Joaquín Díaz Reck/Enfoque Rojo

Hoy se cumplen seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado dentro del territorio de la Lof en Resistencia de Cushamen, en medio de una represión de Gendarmería. La búsqueda desesperada de sus familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos finalizó el 17 de octubre, día en que apareció su cuerpo en el Río Chubut. La otra búsqueda, la de justicia, sigue vigente a seis meses de aquellos hechos.

Hoy el Juzgado Federal de Esquel se encuentra de feria. Pero la falta de avances de la investigación lleva varios meses. El 24 de noviembre el informe final de la autopsia determinó que Santiago falleció por asfixia por inmersión, coadyudado por un cuadro de hipotermia, y situó la fecha de la misma entre los 53 y 73 días previos al hallazgo. Vale recordar que Santiago estuvo en total 78 días desaparecido, entre aquel 1° de agosto y el 17 de octubre.

Pero ese martes 24 de noviembre la familia también plantó una certeza: “la verdad de cómo, cuándo y dónde falleció Santiago aún se desconoce y por eso continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva”.

En ese marco, criticaron una y otra vez la actuación del Poder Judicial y la intromisión del Gobierno (principalmente del Ministerio conducido por Patricia Bullrich) en la investigación. Por eso plantearon “el pedido de intervención, en lo sucesivo, de investigadores independientes, ajenos a las fuerzas de seguridad federales -dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación-, para colaborar en la causa y evitar nuevas interferencias y dilaciones”.

En nada de eso han avanzado el juez Gustavo Lleral. Pese al pedido de la fiscal Silvina Ávila y de la defensa de los gendarmes para que cambie la carátula de "desaparición forzada" por la de "muerte dudosa", Lleral se vio obligado por la fuerza de los hechos a mantener esa figura investigativa.

Por si fuera poco, con la ayuda invalorable de Patricia Bullrich intentan convertir a los testigos, víctimas de la represión del 1° de agosto, en acusados. Una decisión de criminalizar a las víctimas del saqueo y la explotación que se vio también reflejada en el vil asesinato de Rafael Nahuel el 25 de noviembre en Bariloche por parte de la Prefectura Naval, caso que también está impune pese a las evidencias de los hechos.

A pesar de la aparición del cuerpo de Santiago, de los resultados parciales de la autopsia, de la campaña política-mediática para desautorizar a su familia y a los organismos de derechos humanos y del intento de cerrar la causa, hay muchas cosas que el Poder Judicial, Gendarmería y el Gobierno de Mauricio Macri no pueden explicar.
 

La búsqueda de la verdad

Durante todos estos meses La Izquierda Diario estuvo entre los pocos medios periodísticos que buscaron llegar a la verdad. Desde el lugar de los hechos, junto a los amigos y familiares de Santiago, la comunidad mapuche y los organismos de derechos humanos que estaban con ellos, este sitio ha reflejado el día a día de la causa, las novedades (y contradicciones) del expediente y la palabra de los amigos e integrantes de la comunidad que muchos se empecinaron en silenciar.

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Investigando junto a otros periodistas los detalles y mentiras de la actuación de los hombres de Gendarmería que actuaron ese día.

Mostrando los vínculos del poder político, judicial y terrateniente, que tienen como símbolo al emporio de la familia Benetton.

Desnudando las operaciones de las grandes empresas periodísticas como Clarín y La Nación, empecinadas junto al Gobierno en brindar impunidad a la fuerza.

Marcando las responsabilidades políticas, desde Macri, Bullrich y su jefe de Gabinete Pablo Noceti, que permitieron y luego encubrieron el accionar de los “perros guardianes” de los “dueños de la tierra”.

Reflejando cada movilización, en la Patagonia o en la Plaza de Mayo, exigiendo primero la aparición con vida de Santiago, luego verdad y justicia.

Acompañando a su familia hasta en los momentos más difíciles.

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Un crimen de Estado

La verdad y la justicia, sin embargo, aún no se han alcanzado. Santiago desapareció vivo y reapareció muerto, en dudosas circunstancias, en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería lleno de irregularidades pero sobre todo con un objetivo claro: aterrorizar y desalojar a los pueblos originarios que quieren recuperar su territorio legítimo y quienes se solidarizan con ellos.

Con ese “plan de guerra”, más de cien uniformados entraron a la Pu Lof antes del mediodía del 1° de agosto, para retirarse de la zona a 18 horas después (habiendo sitiado el territorio mapuche durante horas). Quince de esos hombres persiguieron a Santiago y sus compañeros hasta el río, algunos de ellos dispararon y otros arrojaron piedras. Lo tenían, a pesar de haber mentido en su momento, a pocos metros de distancia.

Lo que pasó en ese momento aún no fue revelado ni investigado profundamente por el Poder Judicial. Pero no caben dudas de que los responsables de la desaparición y muerte de Santiago pertenecen a Gendarmería, así como los responsables políticos de haber consumado ese crimen pertenecen al Gobierno nacional.

Ellos son también los responsables de la negación y el encubrimiento, un método que siempre se utiliza en los “crímenes de Estado”, como definió nuestra compañera Myriam Bregman.

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Y a pesar del enorme desprestigio que tienen las fuerzas represivas, después de la desaparición de Santiago y el asesinato de Rafael, siguieron utilizándolas para reprimir a los que reclaman, como lo hicieron el 14D para consumar el saqueo a los jubilados, o como amenazaron hacerlo recientemente con los trabajadores del Hospital Posadas.

Por eso ascendieron a hombres como Emmanuel Echazú, el ahora alférez de Gendarmería y uno de los principales sospechados de haber provocado la muerte de Santiago (quien nunca pudo justificar la serie de heridas sufridas ese día en su rostro, que quedaron registradas en fotos por sus propios camaradas de armas).
 
Pasaron seis meses desde aquel mediodía frío de agosto en las cercanías de Esquel. Muchas cosas sucedieron desde entonces en la política nacional, lo que sumado a las escasas novedades de la causa Maldonado llevó a varios (de forma totalmente interesada) a olvidarse del tema o bien a decretar sin pruebas que ni Gendarmería ni el Gobierno tuvieron nada que ver en el hecho.

Pero, mal que les pese, la lucha por verdad y justicia sigue tan vigente y presente como el primer día. De la misma manera que sigue presente Santiago. Porque desde ese día nada fue igual. Su causa fue abrazada por miles de jóvenes, de militantes, de personas que se sienten orgullosos de su entrega, de su compromiso con las causas de los trabajadores y los pueblos originarios, que se conmovieron con su solidaridad y lo han tomado como bandera.

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