El Juez Villanueva investiga a seis efectivos del grupo Albatros, pero no los imputó y les permitió regresar a Provincia de Buenos Aires.
Lunes 4 de diciembre de 2017
Según trascendió en la tarde de hoy, el Juez Gustavo Villanueva investiga la actuación de seis miembros del grupo Albatros de Prefectura por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. El diario Página 12 dio a conocer los nombres de los efectivos que se encuentran en la mira. Se trata de Francisco Antonio Lezcano, Guillermo Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García. A todos ellos, el magistrado ordenó secuestrarles las armas para determinar si de alguna de ellas provino la bala que dio muerte por la espalda a Rafael Nahuel el pasado 25 de noviembre en la zona de Villa Mascardi.
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La identificación de estos seis prefectos llega luego de que las pericias y declaraciones de los testigos revelaran que, en contraposición con el discurso encubridor del gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad, los manifestantes de la comunidad mapuche que estaban ocupando el territorio de Villa Mascardi no portaban armas de fuego. Tampoco pudo verificarse presencia de pólvora en las manos de los dos testigos del asesinato de Rafael Nahuel.
Estas primeras pericias dejan al descubierto que las únicas personas que tenían en su poder armas de fuego capaces de dar muerte al joven de 21 años eran los efectivos de Prefectura.
Sin embargo, a pesar de la evidencia disponible, el Juez no imputó a ninguno de los uniformados y, por el contrario, les permitió regresar a la localidad de San Fernando, en Provincia de Buenos Aires. La vara de la justicia no parece ser la misma para los testigos mapuches. Tanto Lautaro González como Fausto Jones Huala se entregaron aquel 25 de noviembre para exigir atención médica para Rafael Nahuel, que se encontraba gravemente herido y moriría más tarde. A González y a Jones Huala se los tuvo detenidos 4 días y se los liberó bajo fianza y con numerosas restricciones a su movilidad. En cambio, los prefectos, a pesar de ser los principales sospechosos del asesinato, parecen tener un trato privilegiado.
Dentro de estos privilegios también se cuenta que las muestras de pólvora tomadas de las manos de los efectivos se realizaron con irregularidades: esto es, se tomaron en un número menor al aconsejado por los estándares técnicos.
En tanto el Juez tiene pendiente definir la inspección ocular sobre el territorio en el cuál la prefectura lanzó la balacera que daría muerte a Rafael Nahuel, en Capital Federal se prepara una movilización contra la represión y por justicia para Santiago Maldonado y el joven mapuche. La convocatoria, a instancias de los organismos de DDHH nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, llama a la movilización a Plaza de Mayo el próximo jueves 7.
