Luego de 34 años el sistema de justicia de Guatemala, dictó sentencia el pasado viernes para los militares; Steelmer Reyes Girón a 120 años de prisión, y a Heriberto Valdez Azij a 240 años, tras encontrarlos culpables por delitos de lesa humanidad en el departamento de Sepur Zarco.
Martes 1ro de marzo de 2016
A varias semanas de iniciarse el juicio del caso de las mujeres de Sepur Zarco, 15 indígenas de la etnia maya keqchí, presentaron sus declaraciones que sirvieron como principal prueba para juzgar a los militares por crímenes sexuales, en donde se destacó la esclavitud laboral y sexual como una arma militar durante el periodo de conflicto armado en Guatemala, y que en la mencionada localidad se expresó de manera más cruda durante los años de 1982-83.
A dichos crímenes se le suman una serie de condiciones particulares orquestadas por las fuerzas del ejército, en donde se mantuvo la desaparición forzada de cientos de hombres campesinos que reclamaban la regularización de tierras, así como fuertes masacres en toda Guatemala desde los años sesenta.
El caso en el Tribunal A de Mayor Riesgo fue encabezado por la jueza Yassmin Barrios quien dio lectura a la sentencia para los militares y es conocida por condenar al dictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por los mismos delitos en 2013, sentencia que fue revocada meses más tarde.
Después de la lectura de la sentencia el pasado viernes, el abogado defensor de los militares ha declarado que presentará una impugnación a todo el proceso del juicio, por irregularidades en la investigación en donde la Fiscalía delegó tareas de orden público a organizaciones no gubernamentales como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que realizó excavaciones sin orden, según mencionó el abogado, Moisés Galindo.
El sistema de “justicia” en Guatemala le ha brindado tregua al dictador Ríos Montt. Por ello, el caso de Sepur Zarco debe servir como fundamento para que el principal criminal sea condenado también, redoblando el reclamo en las calles por las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y el pueblo guatemalteco. La sentencia que se les dicta ahora a los militares no puede retroceder.
De igual manera, las organizaciones independientes de mujeres deben ponerse a la cabeza de denunciar que la ola de violencia contra las mujeres continúa hoy en día en Guatemala, manteniendo la tercera tasa más alta de feminicidios en el mundo. Así, el testimonio de las valientes mujeres de Sepur Zarco puede empujar a que se conquisten plenos derechos para las mujeres y el pueblo de Guatemala.
