Continúa la incertidumbre laboral para más de 50 mil telefonistas a causa de la “reforma en telecomunicaciones” y de la “separación funcional” de Telmex, que intenta aprovechar el patrón para obtener concesiones comerciales y “sanear” sus finanzas avanzando sobre las jubilaciones.
Jueves 11 de febrero de 2021
El próximo 23 de febrero cumple cuatro años activo el emplazamiento a huelga por “violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo” contra Telmex, interpuesto por la dirección sindical para “impedir” la aplicación de la “separación funcional” ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a inicios del 2017, como lo remarcó la revista Proceso.
Sin embargo, en enero del 2020 Telmex, IFT y STRM acordaron en la “mesa intersecretarial” el “Plan Final de Separación Funcional de Teléfonos de México”, dando lugar a la creación de la nueva compañía Red Nacional Ultima Milla (RNUM). Proceso que el 19 de marzo fue suspendido por el Instituto a causa de la pandemia del Covid-19, permitiendo por tanto que Telmex continuara funcionando como una sola entidad hasta nuevo aviso.
A pesar de lo anterior la dirección del sindicato mantiene la “amenaza” de huelga con la que prometía “frenar” la política del IFT, como si la “división de Telmex” no fuera ya un hecho y se encontrara suspendida solo hasta terminar la pandemia.
¿Qué demandas sustentan el emplazamiento a huelga?
Después de ser aprobada la “separación funcional” a inicios del año pasado, la mesa intersecretarial resolvió continuar las pláticas para atender las peticiones de Telmex sobre su acceso al mercado del triple play, el incremento de sus tarifas de interconexión y la ejecución de un plan accionario que abarca a las jubilaciones. Demostrando que la aplicación de la medida del IFT representa para Slim la condición para a conquistar sus objetivos comerciales y financieros.
Pero puesto que estas demandas no han sido resueltas, igualmente por la suspensión de la orden de separación y de la misma negociación, la cúpula sindical se ha visto en la necesidad de alargar aun más su “amenaza” de huelga para presionar a la mesa intersecretarial a retomar las pláticas. Mientras Telmex dice estar al borde de la “quiebra” a causa de las medidas antimonopolio que le han impuesto y del “enorme” gasto que hace en jubilaciones.
En decir, el emplazamiento a huelga realizado para “frenar” la separación de Telmex no solo no fue usado para lograr ese objetivo, sino que ahora demuestra francamente estar al servicio de las demandas del patrón; quien a pesar de la trágica situación por la que pasa el país a causa de la pandemia, presiona para que se lleve a cabo la división de activos de Telmex y el gobierno le otorgue concesiones.
El rol de la dirección sindical telefonista
Lejos de pretender frenar la medida ordenada por el IFT, la burocracia del STRM ha demostrado estar del lado de Slim para que esta se lleve a cabo lo antes posible, cubriéndose con un discurso “opositor” y con supuestas acciones de “lucha”. Tal como lo ha mostrado durante estos cuatro años de innumerables maniobras para evitar la huelga y de repetitivos discursos de confianza en el gobierno (actual o anterior) y las instituciones, para desviar el descontento de base y evitar que ponga en riesgo los intereses del patrón.
Por esta razón, a la casi veintena de “prorrogas” realizadas entre el 2017 hasta la aprobación de la “separación funcional”, agregaron otras seis durante todo el 2020 y lo que va del presente año. Mismas que después de la Revisión Contractual “virtual” de julio-septiembre, se le han sumado demandas propiamente obreras acerca de las vacantes, jubilaciones y materia de trabajo, para darle más peso a la exigencia de Telmex de que el IFT suavice las medidas “asimétricas” en su contra y le quiten candados comerciales.
La Revisión Contractual celebrada el año pasado, realizada de forma ultra-burocrática aprovechando la pandemia, lejos de resolver demandas sentidas de la base como las mencionadas, pasó casi como una “revisión salarial” exitosa al anunciar un pago de 1,065 pesos directo al salario y la “promesa” de respeto a la cláusula jubilatoria por parte del patrón. Lo cual fue calificado por Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), como un “ejemplo de negociaciones para el nuevo modelo laboral”.
Pero dejando las demandas más importantes de la base trabajadora para su aparente “resolución” en la mesa intersecretarial, lograron hacerlas depender del cumplimiento de las demandas del patrón, aumentando así la presión sobre el IFT y el gobierno y evitando que las reivindicaciones de base se dirijan directamente hacia la empresa.
No obstante, el regreso al “semáforo rojo” a partir de noviembre, los contagios de Covid-19 en personajes como Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, de Carlos Slim Helú y de López Obrador (AMLO) recientemente, ocasionaron más retrasos en sus negociaciones sobre Telmex. Pero también nuevas maniobras sindicales para alargar el emplazamiento, argumentando otro “conflicto” con la empresa debido a que de nueva cuenta “pretende” deshacerse de las jubilaciones y contrataciones, contradiciéndose de lo pactado en septiembre en la STyPS y anunciado con bombo y platillo como “ejemplo de negociaciones”.
De aquí que la burocracia sindical emprendiera una serie de “acciones” en enero, como el paro nacional del 20 (día en que vencía la penúltima “prórroga” de huelga), el no trabajo de tiempo extra durante tres días y el posible “retiro” del personal tercerizado (“filiales”) - medida acostumbrada por la burocracia para aparentar luchar contra el patrón atacando a los trabajadores más débiles -. Alargando esta vez su “amenaza” de huelga para el 24 de marzo
Por una salida democrática, combativa e independiente a la situación
Actualmente el discurso sindical pretende generar ilusiones de nueva cuenta hacia el gobierno de AMLO, planteando a su base que con el anuncio presidencial de la incorporación del IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estarían “en mejores condiciones para revertir la “reforma en telecomunicaciones” de Peña Nieto (EPN) - mismo argumento usado para generar esperanzas en que un posible gobierno de AMLO “ayudaría” a echar abajo dicha reforma -. Para lograr de nueva cuenta desviar a la base trabajadora y hacer más tiempo en lo que el patrón conquista sus demandas.
Después de años de pretextos y maniobras burocráticas para no mover ni un dedo contra la “separación funcional” y mucho menos contra la neoliberal “reforma en telecomunicaciones”, bajo repetitivos “argumentos” de confianza en la STyPS, en el gobierno en turno y en la mesa intersecretarial (donde solo pesan las demandas de Slim), los y las telefonistas necesitan tomar consciencia de que solo su fuerza organizada, de manera independiente a los intereses del patrón y del gobierno, puede llegar a presionarlos a satisfacer sus legítimas demandas.
Para esto es necesario partir por separar las reivindicaciones obreras de las de la empresa, cuestionando el falso “argumento” de Telmex de encontrarse en “números rojos”, obligándola a cubrir las más de 20 mil vacantes generadas desde la privatización de Telmex hasta la fecha y a pagar su millonario adeudo al fondo de jubilaciones (del cual en diciembre la empresa tomó para pagar aguinaldos sin que la burocracia sindical lo impidiera en los hechos); así como terminando con la tercerización de la mano de obra (outsourcing) que el patrón utiliza para “abaratar” gastos, buscando alianzas con los miles de trabajadores precarizados que laboran para Telmex.
La huelga, lejos de ser un “tiro en el pie” como la dirección sindical lo hace ver a pesar de sus discursos “combativos”, sigue siendo la herramienta más poderosa con la que cuenta el STRM para imponer sus condiciones en la mesa intersecretarial. Por eso esta herramienta de lucha necesita basarse en las demandas más sentidas de los trabajadores y las trabajadoras, que solo pueden expresarse y pesar en el sindicato si se recuperan las asambleas de base en todos los niveles, como contrapeso al férreo control que desde hace décadas mantiene sobre de él una casta parasitaria aliada al patrón y al gobierno en turno.
