CRISIS DEL AGUA. Sequía en México: la padece el pueblo, no las empresas

La cantidad de agua disponible para el consumo humano del país ha disminuido, problema agravado por la falta de lluvias en varios estados y la temporada de estiaje, lo que ha favorecido que la sequía avance y se fortalezca en regiones del norte y centro del país.

No obstante, el acaparamiento del recurso por parte de la industria alimentaria y minera sigue a la orden del día. La administración de los mantos acuíferos en el país favorece el uso privado sobre el derecho humano al agua.

Sequía predecible

La temporada de sequía en México es cíclica, debido al fenómeno de “la niña”, el cual generalmente disminuye las lluvias en la región, contrastando con el este y sureste donde se torna más lluvioso, lo que debido al cambio climático ha ido en aumento en las últimas 3 décadas.

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Cada sequía ha significado perjuicios para el ambiente y las familias que se alimentan gracias a los mantos acuíferos afectados, provocando hambrunas, pérdidas de cultivos y de ganado. Éstas son cada vez más intensas y los daños se agravan.

Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 84.9 % del territorio mexicano tiene condiciones anormalmente secas; durante la crisis de 2011, el país estaba afectado en un 87 %, mientras que en 1996 se registró un daño de hasta el 95 % y casi una cuarta parte estaba diagnosticada con sequía excepcional, el más alto nivel, que significa pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos y una probable situación de emergencia humanitaria debido a la ausencia de agua.

Actualmente, las entidades de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Querétaro presentan de intensidad de extrema a excepcional de sequía, resaltando la zona del Bajío hacia el Pacífico, donde el problema lleva más de 5 meses.

Con el aumento de las temperaturas de los últimos años el fenómeno se agudiza. En consecuencia, los suelos se secan más rápido y se desatan los incendios que arrasan con la vegetación y la biodiversidad. Actualmente, sólo el 6.7 % del territorio nacional está libre de sequía.

El reparto desigual del agua

El sistema de producción capitalista rebasa el ciclo natural del agua y esto hace que escasee para el consumo humano. Según datos de El País, en México el 76.6 % se destina al riego agrícola, el 14 % al consumo doméstico y el resto a industria no alimentaria y electricidad.

Existe un acaparamiento del 70 % del agua concesionada por sólo 2% de los usuarios, mientras que 41 mil millones de mexicanos carecen de agua diariamente y 8.5 millones ni siquiera tienen conexión a redes de agua potable, conforme a datos de La Jornada.

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La Coordinadora Agua para todos, Agua para la vida, menciona que “la aprobación en 1992 de la Ley de Aguas Nacionales favoreció la compraventa del agua”. Esto llevó a la sobreexplotación del recurso por grandes empresas transnacionales y nacionales que contaminan las aguas y deterioran hábitats a través de sus procesos productivos.

En 2014, la industria minera extrajo 437 millones de metros cúbicos del vital líquido, suficiente para cubrir el consumo humano de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit.

Raúl Pacheco Vega, profesor investigador titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE), en su estudio denominado “Agua embotellada en México: de la privatización del suministro a la mercantilización de los recursos hídricos”, dijo que tres empresas concentran más del 80 % del mercado de agua embotellada del país.

Éstas son, la francesa Danone -a la que pertenece Bonafont- y las estadounidenses Coca-Cola y PepsiCo. Bonafont recauda un 38 % del mercado de agua embotellada de país, siguiéndole Ciel de Coca-Cola con 25 %, y E-pura de PepsiCo con un 19 %.

Las cuales, junto a otras empresas de productos chatarra, extraen anualmente 133 mil millones de litros de agua para producir comida y bebida que suele afectar la salud de los consumidores.

Estas empresas devuelven a cuencas y acuíferos aproximadamente 119 mil millones de litros de agua sucia, producto de los procesos industriales. Mientras que el líquido embotellado puede llegar a venderse hasta en 10 mil veces su valor, costo que las empresas no retribuyen a través del pago de concesiones o de impuestos que pudieran favorecer la construcción de infraestructura hídrica pública.

La lucha es por la vida

Los conflictos por el agua están a la orden del día. En Chihuahua, la oposición al Tratado de aguas entre México y Estados Unidos significó el asesinato de dos agricultores y luchadores sociales a manos de la Guardia Nacional. También se detuvo la construcción de una presa y un acueducto destinados a abastecer de agua a la ciudad de Guadalajara.

Existen conflictos en algunas comunidades debido al acaparamiento de agua por la construcción de megaproyectos, como la hidroeléctrica en Morelos; o de industrias mineras y alimenticias, como en la ciudad de Mexicali donde la población votó cancelar la construcción de la cervecera Constellation Brands; o en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, donde los habitantes llevan más de un mes en plantón contra la empresa Bonafont de Danone que está acaparando el agua.

La revocación de concesiones a grandes empresas ─que no sólo acaparan el agua, sino que la contaminan y dejan sin el recurso a los habitantes de las regiones en las que se asientan, además de enfermarlos─ debe ir acompañada de la gestión del agua en manos de las y los trabajadores, pueblos originarios y campesinos, para evaluar las acciones necesarias en el manejo del agua, así como el presupuesto que se designa a la investigación para poder desarrollar tecnología y planes de prevención que eviten la falta de agua en las presas y garanticen el abastecimiento de los hogares, escuelas y hospitales.

Con información del Periódico Central, La Jornada y El País