Congreso Nacional. Sergio Ávalos: un caso similar al de Luciano Arruga

Fotografías: Rodrigo Wilson // Enfoque Rojo

Desaparición forzada

Hijo de una familia humilde de la localidad de Picún Leufú, Sergio Daniel Avalos era estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Comahue y residía en la propia universidad, para poder estudiar. El último día que se lo vio con vida fue el 14 de junio de 2003, en el local bailable “El Fuerte - Las Palmas”, al que ingresó a las tres de la mañana. Tenía 18 años.

Pese al reclamo de su familia, la causa de Sergio estuvo 10 años en la justicia bajo la figura de “averiguación de paraderos”. En la reunión que se realizó este martes a instancias del diputado Nicolás del Caño (PTS en el Frente de Izquierda) con miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, el abogado de la familia Avalos, querellante desde el 2011, señaló que “a pesar de los 12 cuerpos de investigación que para entonces tenía esa causa, las respuestas ya se encontraban en las primeras páginas del expediente”. Y es así, porque allí está documentado que en aquel local bailable había 40 cámaras de seguridad que “llamativamente” dejaron de funcionar a las 2.45 de la madrugada, quince minutos antes de que desapareciera Sergio.

La justicia y las fuerzas de seguridad: cómplices

La familia de Sergio denuncia que la seguridad del boliche la integraba personal de Policía provincial y personal retirado del Ejército. Mientras los agentes afirman “no haber visto u oído nada raro”, otros testimonios de jóvenes presentes esa noche sostienen una versión totalmente distinta, que incluye detenciones y apremios ilegales llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de Neuquén de manera coordinada con los agentes que ese 14 de junio realizaban la seguridad del boliche.

Sus familiares también denuncian que no hubo disposición alguna por parte de la justicia para esclarecer los hechos: ni secuestros o pericias de los dispositivos fílmicos del boliche ni careos entre los testimonios, que incluyen hasta el de un testigo que dijo ver que golpeaban salvajemente a un joven de las características de Sergio en el baño del local. A esto se suma que todos los testimonios y pruebas recabadas fueron llevados adelante por la policía provincial.

Fue por eso que Asunción y Mercedes Avalos resolvieron solicitar en 2011, acompañados por su defensa, la Fiscalía y el “Amicus Curiae” provincial (la Universidad del Comahue), el cambio de carátula de la causa para que se reconozca lo que tipifica hasta el propio Código Penal: que allí existió, igual que con Luciano Arruga, una “desaparición forzada de personas” y que Sergio fue “víctima de violencia institucional”, porque en su desaparición estaba involucrado el propio Estado.

Lo que siguió fue una larga cadena de cinismo y mayor impunidad: pese a que la justicia provincial reconoció la “aquiescencia” y la “participación” del Estado en la desaparición de Sergio, el Juez Federal Gustavo Villanueva rechazó la resolución sin que mediara respuesta, estudio o referencia alguna a las pruebas innumerables que para entonces tenía la causa, aportadas por la querella. Fue la lucha incansable de sus familiares y compañeros de estudios, así como de los Centros de Estudiantes, la Federación Universitaria del Comahue y cientos de organizaciones solidarias, la que logró que el 27 de junio de 2014 la causa se remita finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde actualmente se espera la resolución del conflicto de competencias suscitado entre la Justicia Provincial y la Justicia Federal.

La reunión en diputados

A días de la aparición del cuerpo sin vida de Luciano Arruga, y después de casi dos meses de gestión mancomunada entre el diputado Del Caño (PTS/FIT) y la organización Activar, que participa de la defensa de la familia Avalos, una delegación fue recibida finalmente por miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Allí, Mercedes y Asunción Avalos expusieron el largo recorrido de su lucha y exigieron a los legisladores su pronunciamiento público, en favor de una pronta respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Estuvieron presentes en la reunión el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Remo Carlotto, sus pares del Frente para la Victoria Araceli Ferreyra, Liliana Ríos, Juan Manuel Pedrini, Horacio Pietragalla, el radical Manuel Garrido y el diputado de izquierda Nicolás Del Caño, quien informó que “los legisladores y legisladoras se comprometieron a instar a los jueces y fiscales para que tomen las medidas correspondientes a la identificación y la sanción de los culpables de la desaparición de Sergio. Además, a propuesta del bloque del PTS en el Frente de Izquierda, también se comprometieron a convocar a la Comisión para que viaje antes de fin de año a la ciudad de Neuquén, para sesionar y acompañar allí mismo el reclamo de la familia.”

Fue la primera vez en once años que el caso de Sergio llegó al Congreso Nacional. “Su desaparición, con probada participación de agentes de las fuerzas de seguridad de Neuquén, así como el encubrimiento y la impunidad que recae sobre ella, nos indignan profundamente”, dijo Del Caño en su intervención, quien agregó que desde el PTS en el Frente de Izquierda seguirán acompañando cada paso de la familia, “para que se acepte el “habeas corpus” que exige su búsqueda inmediata y para que se reconozca que, igual que la de Luciano Arruga, la suya es una clara desaparición forzada de personas. No vamos a aceptar ninguna manipulación que encubra esta verdad”, sentenció.

Sin dudas, el nulo avance en la causa de Sergio está vinculado al entramado de impunidad que denuncia Del Caño, con clara participación del estado y encubrimiento de las fuerzas de seguridad de Neuquén, provincia que gobierna el Movimiento Popular Neuquino, opositor al gobierno nacional.

Al respecto, Del Caño señaló que desde el PTS en el FIT “seguiremos movilizándonos e impulsaremos todas las acciones que sean necesarias para exigir la aparición con vida de Sergio y de todos los desaparecidos y asesinados desde el fin de la dictadura militar. No son casos aislados: más de un tercio de los asesinados desde entonces fueron víctimas del aparato represivo del estado y sólo en los últimos diez años fueron asesinadas más de 30 personas por el sólo hecho de manifestarse y luchar por sus derechos.”