Después de más de dos meses de encubrimiento, pistas falsas y operaciones de inteligencia, se conoció la peor noticia. Transformemos la bronca en una gran lucha para que su muerte no quede impune.
Viernes 20 de octubre de 2017 18:27
Sergio Maldonado, hermano de Santiago, confirmó en la tarde de este viernes la peor de las noticias.
“Reconocimos los tatuajes, estamos convencidos de que es Santiago", confirmó frente a los medios que se encontraban presentes en la sede de la Morgue Judicial, en la Ciudad de Buenos Aires.
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La confirmación conmociona al país, como no podía ser de otra forma. Para las millones de personas que a lo largo de toda la Argentina pidieron por su aparición durante casi 80 días significa una noticia terrible.
Esta confirmación pone en el centro de la atención responsabilidades políticas del Gobierno nacional que hizo todo lo posible por desviar la atención de Gendarmería, la fuerza que actuó en la represión tras la que desapareció Santiago.
Desde la mañana de este viernes llevaba a cabo la autopsia del cuerpo encontrado el pasado martes en el río Chubut. El lugar donde fue hallado había sido rastrillado en tres ocasiones con anterioridad, tal como señaló la familia en un comunicado.
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Precisamente por eso, desde un primer momento, tanto la familia de Santiago como organismos de derechos humanos que habían participado del rastrillaje, sostuvieron que existía la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido implantado en ese lugar.
La autopsia continuará en el transcurso del día de hoy y durante mañana. Ahora se trata de determinar la forma en que falleció y el tiempo en que estuvo en el lugar donde fue encontrado.
80 días
El hermano de Santiago se puso al frente de la pelea por la aparición de su hermano hace casi tres meses. Hoy ante los medios también señaló que "esto no quita que la responsable es Gendarmería".
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Santiago desapareció el 1° de agosto pasado, tras una brutal represión que llevó a cabo esa fuerza. El operativo había sido digitado y controlado por Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación que está cargo de Patricia Bullrich.
La represión de ese día estuvo destinada a imponer una derrota ejemplar a los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen. Fue una represión orquestada al servicio del grupo empresario Benetton, dueño de cientos de miles de hectáreas en el sur del país.
Desde el momento mismo de la desaparición, desde el Gobierno nacional y los medios de comunicación afines se hizo todo lo posible por desviar la atención de la responsabilidad de la fuerza que había actuado en esa represión. La ministra Patricia Bullrich defendió públicamente a Gendarmería en múltiples ocasiones, tanto en los medios de comunicación como en el Congreso de la Nación. "No hay que estigmatizar a la Gendarmería", repitió en más de una ocasión la funcionaria cuya renuncia se ha pedido ya en múltiples ocasiones.
A pesar de eso, Bullrich fue avalada públicamente por el conjunto del gobierno. Esos apoyos fueron explícitos por parte de funcionarios como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, o la candidata a diputada nacional Elisa Carrió.
Desde el momento de la desaparición, mientras los testimonios de los integrantes de la comunidad mapuche denunciaron que a Santiago se lo había llevado Gendarmería, el oficialismo nacional y medios como Clarín y La Nación lanzaron una campaña de demonización de la comunidad mapuche e, incluso, del joven desaparecido. Durante casi tres meses se dedicaron a construir todo tipo de pistas falsas y maniobras, de destinadas siempre a desviar la atención de la fuerza que había actuado en la represión.
Se trata de la misma fuerza que, como fue denunciado, durante todos estos meses espió a la familia de Santiago Maldonado y a las organizaciones que reclamaban por su aparición.
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La responsabilidad de la Justicia
El primer juez de la causa fue Guido Otranto. Como lo definió la familia, actuó como "el abogado de Gendarmería" desde el primer momento. El juez de Esquel dejó pasar un tiempo enorme para avanzar en los peritajes sobre la fuerza que actuó en la represión y se negó sistemáticamente a llamar a declarar a Pablo Noceti.
Al mismo tiempo, actuó en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Gonzalo Cané, funcionario de la cartera de Bullrich, actuó coordinando con el juez para preparar los testimonios de los gendarmes que actuaron durante la represión. Al conocerse esos mostraron profundas incoherencias y dejaron al desnudo que las afirmaciones iniciales de la ministra Bullrich habían sido falsas.
Por su manifiesta parcialidad Otrando fue desplazado de la causa. La recusación pedida por la familia y por organismos de derechos humanos fue aceptada luego de que el juez manifestara abiertamente, en un reportaje al diario La Nación, que Santiago "se había ahogado".
Pelear para que no haya impunidad
La bronca ya inunda las redes sociales y seguramente se manifestará en todos los ámbitos de la sociedad. Esa bronca tiene que ser transformada en organización y lucha para que no haya impunidad, para que los responsables materiales y políticos paguen.
Las enormes movilizaciones del 1° de setiembre y el 1° de octubre mostraron que había un enorme compromiso en amplias franjas de la sociedad para luchar por la aparición de Santiago. Ahora hay que convertir eso en lucha para que no haya impunidad.
