En lo que ya es una trama de meses, el servel rechazó los reembolsos solicitados por la candidatura de Karina Oliva por gastos en otros candidatos. Nuevamente esta crisis dentro de uno de los partidos del actual oficialismo, pone sobre la mesa la lógica con la que estos partidos financian sus campañas.
Miércoles 4 de mayo de 2022
En un proceso legal que lleva varios meses, una nueva arista se abrió en el caso del financiamiento y boletas emitidas durante la campaña de la ex candidata del Partido Comunes, Karina Oliva, quien señaló como parte del proceso judicial, que parte de las solicitudes de reembolsos de gastos electorales (por un monto superior a los 68 millones de pesos), fue destinado por gastos efectuados por otras candidaturas.
Estas solicitudes de reembolso afecta a candidaturas de parlamentarios en ejercicio como Emilia Schneider, Camila Rojas, Ana María Gazmuri y Tomas Hirsch pero también a otros candidatos y candidatas de los partidos ligados a Comunes y Acción Humanista.
Si bien la defensa de Oliva ha reclamado que la acción judicial es en relación a la ilegalidad del financiamiento cruzado y luego la reclamación de los gastos electorales que se entregaron como donaciones desde Oliva a las otras candidaturas, se basa en el supuesto desconocimiento de este tipo de gestiones.
Pero más de fondo todo este entramado no tiene que ver con un desconocimiento o no de la ley electoral, sino con una lógica y adaptación que partidos como Comunes tienen en relación al aparato del Estado y la obtención de recursos a partir de él.
Y es que no solo Oliva y compañía ha sido objeto de estos bochornos, sino también en su momento militantes de Revolución Democrática o el mismo Giorgio Jackson cuando saltó a la luz que él tenía un “ahorro” para sus próximas campañas. Esta clase de problemáticas surgen a propósito de un acomodo a la realización de campañas millonarias, donde todos buscan algún pituto para conseguir algo de dinero, donde los pitutos abundan.
Mientras la defensa de Oliva señala que estos aportes fueron para “emparejar la cancha” o en su defensa Schneider y compañía señalan que nada de esto fue a enriquecimiento personal, el hecho es que los representantes de los partidos del Frente Amplio y Apruebo Dignidad pretenden sustituir a la casta de políticos empresariales de la ex concertación y para hacerlo no solo buscan dar continuidad a las políticas neoliberales dándoles un tinte más “social” sino que además desean adquirir sus privilegios como el botín del Estado
Son partidos acostumbrados a los sueldos millonarios, al cobro de asesorías y millonarias, a vivir entre el 1% más rico del país.
La rebelión de octubre puso en cuestión todos los privilegios de la casta política que gobierna el país y aun cuando el nuevo gobierno señaló que buscaba aminorar estos privilegios, la realidad dice otra cosa, ya venían haciendo trampa desde antes de asumir sus cargos, con mayor razón seguirán replicando esa dinámica ahora que son gobierno.
