“Unidos somos el futuro de un gran país”, reza un eslogan que corona la entrada de la sede del PJ en CABA. Por estas horas parece una broma hecha a propósito.
Sábado 14 de abril de 2018
El hombre agarró del cuello al periodista de Télam y lo zamarreó casi como si fuera un muñeco de trapo. La imagen pudo verse en todos los medios de comunicación. Ese fue el trato que desplegó la “muchachada” que acompañó a Luis Barrionuevo, para asumir como flamante interventor del PJ nacional.
Corría la tarde del martes 10 de abril. Las horas siguientes serían un espectáculo colorido de fracciones peronistas peleando entre sí por un sello electoral que sirvió para obtener, apenas, un 5 % de los votos en 2017, en la provincia más importante del país.
Empatados
En junio de 1973, en el primer número de la nueva época de la revista Pasado y Presente, un joven Juan Carlos Portantiero describía la relación entre el gran capital imperialista y el resto de la sociedad como una suerte de “empate hegemónico”.
El concepto ilustraba una situación de “no correspondencia entre nueva dominación económica y nueva hegemonía política”. Para decirlo sencillo, el capital imperialista no podía imponer su preponderancia política al conjunto de la clase trabajadora, el pueblo pobre y sectores de las clases media y la burguesía mercado-internista.
La idea de “empate hegemónico” o “empate catastrófico” –pariente cercano en términos conceptuales- podría tomarse prestada para ilustrar la situación del peronismo actual.
La intervención de la jueza Servini, y la designación como interventor de una de las figuras más impresentables del mundo peronista, vienen a intentar terciar en una situación donde ninguna fracción parece poder imponer su preponderancia.
Las señales que llegan desde Brasil, con el reaccionario encarcelamiento de Lula, alimentan la tendencia a la intervención de la casta judicial en la “vida política”. La detención del gobernador Fellner en Jujuy podría leerse en un sentido similar.
Tres peronismos
Hace relativamente poco señalábamos que “la imagen de un Macri “progresista” sería imposible sin la crisis que azota al peronismo. La fuerza que fundara un teniente coronel, hace ya más de 70 años, carece de centro geográfico o político”.
Las (pocas) semanas transcurridas no han hecho variar la situación. Aquellos sectores peronistas que pugnan con una unidad “inclusiva” hacia el kirchnerismo cayeron en una agenda de reuniones que poco efecto real parece tener.
Desde la vereda contraria, los mandatarios provinciales ratificaron su carencia actual de vocación opositora. Los “gobernas” –como también se estila llamarlos- dijeron ausente en Gualeguaychú, donde los había convocado Miguel Ángel Pichetto. Dónde sí dieron el presente fue en Misiones, para fotografiarse con Macri. Casi al mismo tiempo, un vapuleado Luis Caputo lograba pase de salida gracias al senador José Mayans, un hombre del riñón del formoseño Gildo Insfrán.
Entre ambos extremos parece haber quedado un abanico que incluye massistas, randazzistas y otras tribus. Algunos apoyan un pie en cada lado, como hace Daniel Arroyo. Otros directamente prometen nunca más congraciarse con el oficialismo que dejó el poder en 2015. Entre estos últimos se encuentran figuras como Pichetto y Barrionuevo.
En esa tensión irresuelta, donde nadie puede imponer condiciones plenamente, vino a golpear la escandalosa resolución de la jueza Servini. La “eterna conductora”, al decir de una parte del movimiento peronista, dejó sentada una decisión que, objetivamente, favorece al sector más afín a macrismo.
En el edificio rosado que tiene a sus espaldas el Río de la Plata deben haber sobrado las sonrisas el mismo martes que un “muchacho peronista” le pegaba a un reportero de la agencia oficial de noticias.
El caos y el desorden
¿Desempata Servini? La respuesta, por el momento, es no. Más bien lo que ha sobrevenido es una suerte de mini-caos donde se multiplican las declaraciones cruzadas.
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La condena extendida a la resolución judicial pone de manifiesto (aún más) la forma bonapartista en la que procedió la jueza. Las críticas llegaron desde la mayoría de los gobernadores. También de los senadores y diputados que dicen hablar en su nombre. El Bloque Justicialista emitió sendos comunicados en las Cámaras Alta y Baja fustigando la intervención.
Entre los gobernadores hubo dos excepciones de peso. Uno fue el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, que habló por sus voceros y dijo no tener vela en este entierro. El otro fue el salteño Urtubey, el más macrista de los gobernadores. El hombre vio “una oportunidad” en la intervención. ¿Fórmula presidencial en curso? Difícil responder que sí. Difícil responder que no.
Sumaron su rechazo intendentes y dirigentes sindicales. Hasta el recontra-oficialista Héctor Daer rechazó la resolución y pidió por “el debate interno y la autocrítica”. Pareciera que el hombre vive en otro país y no tiene ninguna responsabilidad en la CGT, donde lo que escasea es la crítica propia.
Juan Domingo Perón solía afirmar que “conducir es manejar el desorden”. La resolución de Servini más bien lo amplifica, dificultando controlarlo.
La decisión de encumbrar a una figura impresentable como Barrionuevo responde también a ese empate catastrófico. Su designación nace de la imposibilidad de encontrar figuras de consenso. Aunque la misma pudiera ser una nulidad, como ocurría con el fallecido Ramón Ruiz.
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Harina de otro costal
La correcta y necesaria crítica a la arbitraria decisión judicial no puede hacer olvidar que aquello que se dirime es una interna al interior de una fuerza política patronal.
Si se extiende la mirada hacia atrás se encontrará a gran parte de los actuales contrincantes del mismo lado del mostrador. Baste solo ejemplificar con las figuras de Agustín Rossi y Miguel Ángel Pichetto, líderes del kirchnerismo en Diputados y Senadores respectivamente por muchos años. Por estas horas, cuando se cumplen 10 años de la lucha patronal contra la Resolución 125, ambos posiblemente recuerden la pelea dada en común.
Agreguemos que, en muchos casos, los actuales massistas, randazzistas y kirchneristas fueron antes menemistas y duhaldistas. Las mutaciones no alteran lo esencial de la genética peronista.
La intervención de la juez Servini constituye una medida arbitraria que mañana podrá ser utilizada contra organizaciones de la propia clase trabajadora. El rechazo se fundamenta desde allí.
Sin embargo, las circunstancias ponen de manifiesto que la clase trabajadora tiene que dar pasos en construir su propia fuerza política. Un partido que le permita actuar con una voz propia, en defensa de sus intereses y enfrentando realmente los ataques del empresariado, en pos de dar solución a sus demandas más profundas.
En ese marco, esta pelea es harina de otro costal.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
