Salud Pública. ¿Servirá la reforma de Ley General de Salud para garantizar los derechos laborales de l@s médic@s de farmacias?

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y citado por la Comisión de Salud de la Cámara Alta, la red de Consultorios Adyacentes a las Farmacias (CAF) en el país atiende a 46.6% de la población inscrita en algún sistema público de seguridad social y a 85.5% de quienes no están afiliados a estos esquemas.

Ante esto, al interior del Senado se ha impulsado una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que reconoce a los CAF dentro de la legislación y obliga a las farmacias a responder por los derechos laborales de médicos y médicas que presentan su servicio en ellas.

Con esta reforma, las farmacias estarían obligadas a apegarse a las nuevas reglas de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo (LFT), establecidas en 2021 para regular la prestación de servicios de terceros, por lo que estarían obligadas a contratar al personal médico de los CAF y respetar sus derechos laborales. ¿Esto cómo podría impactar a las y los trabajadores del sector?

Estas iniciativas de ley han sido propuestas de partidos como el Morena y la legisladora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano (MC), y secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado, junto con otras reformas para ampliar los días de vacaciones, el aguinaldo o reducir la jornada laboral a 40 horas. Se trata de iniciativas que cuentan con la simpatía de diversos sectores de trabajadores del país, pero que siguen siendo insuficientes para garantizar en los hechos, plenos derechos laborales para todas y todos, incluidos los médicos que atienden en las farmacias.

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Son casi 40,000 profesionales de la salud que laboran en la red conformada por 19,000 CAF en el país, pero muchos de ellos y ellas reciben salarios bajos, dependen de propinas e inclusive deben poner de su bolsillo el costo de los materiales que utilizan con sus pacientes.

En México, la precariedad laboral va en ascenso cada día y no solo es un problema del sector salud, sino una problemática general de la clase trabajadora, pues la vida de muchos es más difícil, con las pésimas condiciones de trabajo y reducidos derechos laborales, a lo que se suman los precios altos de la canasta básica, vivienda, transporte, salud, educación, entre otros; esto se convierte en un panorama donde, a pesar de los discursos y las promesas de campañas, nuestras vidas son indignas.

Las condiciones de precariedad someten a miles de profesionales de la salud a buscar un segundo trabajo para poder cubrir lo necesario para la vida, acabando con su salud física y mental, al estar más de 8 horas laborando y con el fin de tener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, pero a costa de su propia salud física y mental.

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De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en el 2018 el gasto en medicamentos en las familias representó el 28 por ciento, en contraste con el 2020 y en tiempos de pandemia, las familias gastaron 40.5 por ciento más en salud y compra de medicamentos, incrementadose dicho gasto hasta un 68 por ciento. En contraste, fue claro que la crisis sanitaria llevó a que la industria farmacéutica tuviera como nunca antes un crecimiento del 43 por ciento en sus ganancias.

Como podemos observar, la salud en lugar de ser un derecho para tod@s como se predica en las mañaneras sigue siendo un privilegio de clase, donde se beneficia más el sector privado y aumenta la riqueza de las grandes empresas farmacéuticas, a costa de la necesidad de la población, la explotación laboral y la precarización de los profesionales de la salud.

No basta con un decreto de ley para cambiar las condiciones laborales de los médicos y médicas que laboran en farmacias adyacentes. Se necesitan sueldos acordes con el costo de la canasta básica, materiales e insumos adecuados, así como el equipo suficiente de trabajo, entre otros.
Por ello, es urgente que la clase trabajadora tome la lucha por el derecho a la salud y los derechos laborales en sus manos, de forma independiente y sin ningún vínculo con los partidos del régimen que solo brindan migajas y hacen promesas de campaña. Las y los trabajadores merecemos todo y no solo una parte.

Debemos luchar por la centralización de los sistemas de salud público y privado, para que de esta forma pueda brindarse cobertura a toda la población y sean las y los trabajadores del sector de la salud quienes tomen el control para que no se lucre más con el derecho a la salud y todo el personal médico y de salud, trabaje con plenos derechos sociales y laborales.
Asimismo, exigir desde cada barrio y centro de trabajo mayor presupuesto para la salud pública y no para la militarización del país, cuyo gasto militar creció 41.5% hasta los 210, 000 millones de pesos anuales en el Gobierno de la 4T, en sintonía con los sexenios anteriores.