Justicia laboral. Severo rezago en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX

La justicia laboral es una deuda no saldada para las y los trabajadores del país, a la que han contribuido las instituciones que se encargan de esa tarea como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las Comisiones de Derechos Humanos y las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto locales como federales.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la CDMX acaba de renovar su administración, quedando en manos de su nuevo presidente, Eleazar Rubio Aldarán, nombrado por Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad.

¿Quién es este funcionario? Tiene una larga trayectoria como parte de la casta política, pues fue diputado local suplente de Ramón Jiménez López, por el PRD; diputado local del entonces D.F. y exdiputado del Morena en el Congreso local. El último cargo que ejerció fue el de procurador de la Defensa del Trabajo en la Secretaría del Trabajo, donde percibió un sueldo mensual bruto de hasta $95,392.00, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

Además, participó en la fundación del Morena, partido del cual fue miembro Congresista y Consejero Estatal en la Ciudad de México.

En entrevista con El Economista, Rubio Aldarán sostuvo que el objetivo de su mandato en la institución es “transitar hacia el nuevo modelo laboral, dando resultados inmediatos para reducir el rezago de expedientes que aún existe”, tras reconocer que dicho rezago empeoró con la pandemia. El funcionario agregó que “terminar con el rezago, es importante porque es una lucha histórica de los trabajadores de las clases más desprotegidas”.

La salida que propone ante este problema es el análisis de más de 130,000 expedientes rezagados, su revisión y depuración; ampliar fechas para la recepción de quejas o demandas y enfrentar cierres de juntas por contagios de Covid.

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Sin embargo, más allá de que la salida que propone Rubio Adarán y de que no se especifique más, de la manera en que se plantea la supuesta solución al rezago, apunta a un análisis sin perspectiva de clase y cuyas medidas tendrían como resultado la conclusión exprés de expedientes sin garantizar que sean favorables para lxs trabajadorxs y se cumplan, así como el aprovechar la pandemia para evitar que ingresen más demandas.

Además, las propias autoridades expresaron diversas problemáticas, entre ellas la falta de personal para resolver las demandas, así como presupuesto. Por lo que las declaraciones del titular de la JLCA implicarían sobrecarga de trabajo y profundización de la precarización para su propio personal.

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Institucionalización de los derechos laborales

Los antecedentes de la JLCA-CDMX se remontan a la revolución, cuyas conquistas fueron cooptadas por el poder político. Se establecieron en la Constitución de 1917 en el artículo 123 fracción XX, como órgano público para resolver las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, pero se creó hasta 1926 y con dos reformas del trabajo se modifica y es hasta 1970 que se publica la convocatoria para la elección de representantes de los trabajadores y patrones.

El 18 de abril de 2000, se declara un organismo autónomo e independiente, para el conocimiento, tramitación y resolución de los conflictos laborales, que se conforma de 17 juntas especiales.

Sin embargo, esta autonomía, independencia e imparcialidad de la justicia está comprometida con intereses, ya que vemos un titular de la JLCA con vínculos tan estrechos con el gobierno de la CDMX, con las patronales y el Morena, pero él mismo ni siquiera vive la realidad de lxs trabajadorxs y que usa la pandemia como una justificación a la demora laboral. ¿Cómo será posible garantizar la justicia para lxs trabajadores de la capital?

Hay que recordar que, el gobierno de la CDMX como la Secretaría de Cultura, así como instituciones cuyas administraciones le son afines, como el DIF local, la UACM, el IEMS, el Instituto Rosario Castellanos, entre otras, han vulnerado sistemáticamente derechos laborales y han sido demandas por ello, sin que se les condene ni se ejecuten los laudos ganados. Además, la Junta Local también ha sido señalada por inclinar la balanza hacia las patronales, favoreciéndolas en negociaciones salariales y contractuales, o entorpeciendo la actuación de las representaciones sindicales.

Es decir, el gobierno local y sus instituciones mantienen una férrea política antiobrera, que se refleja en la profundización de la precarización laboral y se basa en la negativa de todo derecho desde los inicios de la relación laboral, o sea, estableciendo contratos de simulación a través de figuras como becarios, prestadores de servicios, nómina 8, etc. Por lo que las instituciones de impartición de justicia constituyen el último eslabón de negativas y cadena de control contra los trabajadores.

Frente a estas circunstancias, es necesario que todas las luchas se articulen y que no se base únicamente en la vía legal, sino que ésta debe estar acompañada de la movilización independiente sin confianza en el gobierno y sus instituciones, para lograr resoluciones favorables para lxs trabajadorxs y que sean ejecutadas.

¡Si te han negado justicia laboral, cuéntanos tu testimonio!

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