Eso es lo que planteó Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe 2017. De tal magnitud es la crisis de derechos humanos que hasta esta institución que hizo omisión de numerosos agravios debe admitir la violencia del Estado contra el pueblo.
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Miércoles 28 de marzo de 2018
En el Salón Adolfo López Mateos, en Los Pinos, González Pérez hizo referencia explícita a las masacres de Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, todas ocurridas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se le pasó sumar el caso reciente de la masacre de una familia en Tamaulipas, llevada a cabo por la Marina.
“Del cúmulo de Recomendaciones o Informes emitidos por la CNDH en estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades, tan solo una tiene actualmente pruebas de cumplimiento total, con independencia de que hayan sido dirigidas a instancias federales o estatales”, explicó.
Más adelante el ombudsman señaló “Hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.
A su vez, González Pérez destacó, que durante el sexenio actual “no se ratificó ningún instrumento internacional en materia de derechos humanos”.
La crítica llevada a cabo por el ombusdman es en el marco de que la propia CNDH también ha sido cuestionada en otras oportunidades, como en el caso del seguimiento a casos de tortura, como el de Miriam Isaura López, detenida arbitrariamente en 2011 en Ensenada (Baja California) y torturada.
Peña Nieto, tras la interpelación, respondió con esos discursos que no dicen nada, redactado por algún diligente funcionario de la presidencia. Repitió la voluntad “constante, permanente y acreditada del gobierno de la República para realmente asegurar la observancia plena de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Palabras huecas del presidente que pasó de surfear sobre las olas de las reformas estructurales a ser profundamente cuestionado desde 2014 por la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al grito masivo de #Fue el Estado, y luego por la sucesión de escándalos de corrupción y humillaciones ante Trump.
