El libro Los días sin López relata la trama de impunidad alrededor del testigo desaparecido. A tres años de publicado, Werner Pertot y Luciana Rosende cuentan por qué no tienen mucho más para escribir.
Domingo 18 de septiembre de 2016 00:10
Mirá el Dossier Especial sobre los diez años sin Jorge Julio López
Luciana Rosende y Werner Pertot son periodistas. En 2013 publicaron, por editorial Planeta, su investigación Los días sin López. El testigo desaparecido en democracia. En esas 332 páginas demuestran paso a paso cómo se fue tejiendo el entramado de impunidad alrededor de la desaparición de Jorge Julio López. Un entramado basado en la no investigación (en algunos casos más deliberada que en otros), en los pactos de complicidad política y judicial con el aparato represivo del Estado y en la decisión, por parte de gobernantes y medios de comunicación, de eliminar al desaparecido de la esfera pública, bregando por que se dejara de hablar de él más temprano que tarde.
El libro, a través de datos, testimonios y cotejo de información, da por tierra con cualquier interpretación ingenua respecto de las responsabilidades de quienes ocuparon a lo largo de los años puestos de dirección en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto nacionales como bonaerenses.
Uno de los párrafos finales del epílogo lo dicen con claridad: “Si en algo se avanzó en estos años en conocer la verdad de lo que pasó con López no fue gracias a los funcionarios de los tres poderes, cuyo deber era investigar y encontrar a los responsables, sino al empuje que le dio a la causa un pequeño grupo de abogados de los organismos de derechos humanos”.
Pasaron tres años de la publicación del libro. Rosende (R) y Pertot (P), en diálogo con La Izquierda Diario, analizan cómo se llegó a esta década de impunidad.
¿A qué conclusiones arribaron con la investigación del caso López?
P-La primera conclusión a la que llegamos es que la causa judicial tuvo un problema central: le dejaron a la Policía Bonaerense la investigación del caso durante el primer año y medio. Por lo tanto la Policía tuvo todo ese tiempo para hacer lo que quisiera con las evidencias de la causa.
Se dice que en estos casos las primeras 48 horas son las más importantes
P-Exacto. Bueno, acá no tuvieron 48 horas, tuvieron un año y medio. Es como si en el caso Mariano Ferreyra le hubiesen dejado a la Federal que hiciera la investigación. Se la puso a investigar a la Bonaerense, a pesar del cuestionamiento de los organismos de derechos humanos. Y bueno, el resultado está a la vista.
R-En el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, por ejemplo, la presión política que hubo hizo que se esclareciera el caso, llegando a una respuesta y a determinadas responsabilidades bastante rápido. Pero en el caso de Julio López eso no pasó. Sí hubo un primer momento muy intenso, de meses. Pero luego, cuando se llegó a la conclusión de que no iba a haber un resultado que se pudiera mostrar como satisfactorio, se dejó de pedir respuestas y avances concretos en la causa.
P-Fueron los organismos de derechos humanos de La Plata y nacionales los que impulsaron dentro de la causa, como querellantes, distintas medidas de investigación. Si esas medidas se hubiesen llevado hasta el final se podría haber dado con los responsables. Pero ninguna de esas pistas se siguió. De hecho otra conclusión del libro es que hay tres líneas importantes, que nunca estuvieron muy publicitadas por los medios, que están adentro de la causa pero que nunca se investigaron. Primero, el entorno de Etchecolatz y una serie de comunicaciones que hubo ese día; segundo, todos los policías que mencionó López en su declaración y que tienen que ver con el Circuito Camps; y tercero, un grupo de penitenciarios bonaerenses.
Pensemos que el juicio a Etchecolatz fue el primero de todos los juicios, fue como la punta de lanza a todos los juicios que vinieron después. El interés por frenar los juicios ahí no tenía que ver sólo con Etchecolatz sino con todos los juicios que vinieron después. Atacaron en el primer juicio que inició.
R-A tres años de haber escrito el libro y a diez de la desaparición de López me gustaría que hubiera más para escribir y que algo más tuviese que ver con saber qué pasó y que los responsables estuviesen identificados y realmente juzgados. Pero lamentablemente estamos lejos de eso.
P-Sí. Lo triste es que el libro lo escribimos en 2013 y estamos en 2016 y prácticamente no envejeció. No se avanzó nada o prácticamente nada en la causa de Julio López.
Ustedes demuestran también el rol de los medios masivos, en su efecto silenciador del caso
R-El caso de López fue desapareciendo de la escena pública y política creo que al mismo tiempo. No podría decir de cuál lo hizo primero. Se fue perdiendo la presencia de López en los medios y fue perdiendo peso político el tema, yo diría después de los tres primeros meses. Y luego se convirtió en una cuestión de aniversarios o cuando aparecía alguna pista.
Es más, en un momento creíamos que el caso iba a ser tomado por los medios para pegarle al Gobierno en su puja. Pero no fue así. Hubo alguna mención suelta, digamos, pero a nivel mediático no se usó el caso López en esa disputa kirchnerismo-antikirchnerismo.
Quizás el peso que le dieron o no a López medios como Clarín o La Nación tenga más que ver con el peso que le dieron siempre esos medios a cuestiones de delitos de lesa humanidad y a lo que eso generó después en democracia. Tal vez venga simplemente por ese lado. Ellos le dan lugar al tema en general cuando hay enormes manifestaciones o cuando hay alguna sentencia importante. Digo, quizás, como para pensar por qué no usaron este caso para pegarle al kirchnerismo, cuando hubieran podido hacerlo.
Esos tres primeros meses, además, fueron determinantes para toda la causa, ¿no?
P-Sí. La causa estuvo los primeros tres meses en la justicia provincial por “averiguación de paradero”. Después por un fallo de la Corte pasó al fuero federal. El gobernador bonerense, en ese momento Felipe Solá, y su ministro de Seguridad León Arslanián querían que la causa siguiera en el fuero provincial para tener un mayor control sobre la investigación.
Hasta que se dio paso al fuero federal y la causa quedó en manos del juez Arnaldo Coraza, no se habían hecho cosas básicas. No se había investigado a ninguno de los represores, empezando por Etchecolatz. No se realizó ninguna acción sobre el penal de Marcos Paz, donde estaban la mayoría de los represores detenidos. La Bonaerense investigó a la familia de López y a los organismos de derechos humanos, hasta con allanamientos clandestinos a la casa de una sobreviviente, Nilda Eloy. Se dedicaron a investigar a los sobrevivientes y no a los represores.
Nosotros quisimos entrevistar a Coraza, pero él no quiso. Nos dijo que miráramos el expediente. Y cuando lo vimos notamos que, de hecho, se hacía todo con un extremo cuidado de no molestar al poder político. Esto hacía que todas las medidas se tomaran de forma muy lenta y frenando todo. Por ejemplo se descubrió que a López se lo vio por última vez frente a la casa de una agente de la Bonaerense en actividad, que estaba mencionada en la agenda de Etchecolatz, aparecía en su agenda. Ahí había una conexión directa. Entonces le pidieron al juez que haga un allanamiento y Coraza dijo que no se podía, hablaba de las garantías constitucionales y de que no había suficientes elementos.
En el libro ustedes dicen quiénes son los abogados de la familia López. Hablamos de Alfredo Gascón (alguien que proviene de la UceDé y fue defensor de un exjefe de Propulsora Saiderúrgica en un juicio por delitos de lesa humanidad) y de Hugo Wortman Jofré (que defendió con su estudio, entre otros, al cura abusador de menores Julio Grassi y al Grupo Clarín). Incluso dicen que ambos crearon la Fundación Soporte, dedicada a asistir a testigos protegidos, que recibía fondos de la megaempresa del juego Codere
P-Sí. Y también tienen relación con la Policía Bonaerense a través de algunos clientes y determinadas cuestiones. Ellos jugaron un rol importante para trabar la causa. Y no es extraño. Esa lógica del abogado vinculado a la Bonaerense que termina siendo el abogado de la familia es una especie de modus operandi de la propia Policía. Lo vimos en otros casos completamente disímiles como el de la nena Candela Rodríguez, donde también aparece un abogado representando a la familia que en realidad lo que se ocupa de hacer es desviar la investigación.
Eso es lo que Gascón y Wortman Jofré claramente hicieron con esta movida. Incluso en esos casos uno se pregunta quién les paga a esos abogados, porque son costosos. Bueno, Gascón le decía a la familia de López que hay casos que él elige tomar sin cobrar, gratis.
Bueno, de hecho en representación de la familia denunciaron a las abogadas de Julio López, Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, y a los organismos de derechos humanos
P-Sí. Hicieron esa denuncia contra ellos y contra los fiscales y jueces que participaron del juicio a Etchecolatz. Para nosotros ahí operaron sobre una división que había entre el grupo familiar de López que tenía cierto rechazo a la militancia política. Operaron para generar una explosión dentro de la causa. Ese es el momento donde logran frenarla. Hacen esa denuncia que, en los hechos, nunca prosperó pero sí lograron frenar la investigación. Ahí el papel de este grupo de abogados fue muy claro. Obviamente no tenemos las pruebas de quién les paga, o si les paga alguien.
Por ejemplo, ellos no propiciaron que se investiguen esas tres líneas que ustedes mencionan
P-Por eso. Ellos insistían mucho sobre que había que investigar a los que no previeron que podía haber una desaparición. Desde los jueces que llevaron adelante la condena a Etchecolatz a los organismos de derechos humanos. Las líneas que iban a los represores nunca fueron impulsadas por ellos.
Se cumplen diez años, son diez años de impunidad
R-Sí. Y hay algo significativo. Los diez años nos encuentran hablando de la prisión domiciliaria a Etchecolatz. Es algo que no esperábamos estar haciendo para el décimo aniversario de la desaparición de López. Eso movilizó mucho.
Cómo puede ser. Además con todas las dudas que hay sobre eso, con el falseamiento de datos médicos de Etchecolatz y la influencia que tiene en el Servicio Penitenciario. Creo que eso habla del contexto nuevo que tenemos y así estamos para los diez años de López.
No me imagino por parte de este Gobierno un impulso que se traduzca en avances. De hecho (la diputada del PTS-FIT) Myriam Bregman pidió recientemente en el Congreso que se abran los archivos que tienen que ver con López y (el jefe de Gabinete Marcos) Peña le dijo “lo vamos a ver” o algo así.
No me imagino que venga por ese lado que cambie algo significativo en el caso López y sí veo como un cambio concreto esto que decíamos de Etchecolatz.
Si tuvieran que escribir el “tomo 2” o la “edición ampliada” de Los días sin López, qué agregarían
P-Siempre tuvimos como muchas ganas de escribir el segundo tomo del libro. Pero tendría que ser el tomo donde contáramos cómo encontraron y juzgaron a los que desaparecieron a López. Sin eso, en realidad, es como que no puede haber un segundo tomo del libro.
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Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
