El Gobierno bonaerense, que garantiza el desempleo masivo, hizo un “casting” con dos mil jóvenes para 50 puestos en la Unidad 1 de Olmos, denunciada entre los lugares de encierro donde más se violan derechos humanos.
Daniel Satur @saturnetroc
Martes 30 de julio de 2019 00:00
El móvil de C5N transmitía en vivo desde la vereda del complejo penitenciario de Olmos, en las afueras de La Plata. Allí el cronista entrevistó a varias y varios jóvenes que hacían cola desde la madrugada.
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) había lanzado una convocatoria para recibir currículum de jóvenes de entre 19 y 34 años para cubrir cincuenta puestos de guardiacárceles en la Unidad 1 de Olmos. La cita era a las 7:30 de este lunes, en las puertas de la cárcel de calle 197 entre 50 y 52.
La concurrencia masiva de jóvenes no solo trastocó al barrio, con una cola de casi un kilómetro desplegada a lo largo del alambrado del complejo penitenciario. También se transformó en “noticia” para todas las empresas periodísticas locales y nacionales.
Consultado por la agencia Télam, el jefe del SPB, Xavier Areses, intentó minimizar el hecho afirmando que “siempre que se hace una convocatoria de este tipo estamos por encima de los mil aspirantes”. Pero debió admitir que la gran mayoría de quienes se presentaron para inscribirse “lo hacen por una necesidad de trabajo y no por vocación”.
Según el propio Areses, quienes accedan a esos puestos tendrán un ingreso inicial de casi $ 34.000 y serán incorporados a la planta permanente del SPB y el Ministerio de Justicia de la provincia.
La “oferta” estatal para emplear personal carcelario se da en un contexto en el que el desempleo en la provincia supera a la media nacional y donde especialmente las y los jóvenes son quienes más lo sufren. Por caso, en el conurbano ese índice alcanza al 25,8 % de las mujeres jóvenes y al 19,9 % de los varones jóvenes.
Trabajo sucio
A quienes se postularon para este perverso “casting” se les tomará un examen de “comprensión de textos”, “redacción” y “cultura general”. Luego pasarán a un “examen psicológico” y posteriormente tendrán una revisión médica y física.
Quienes superen esas instancias de acuerdo a lo que el SPB considera “óptimo”, iniciarán un curso de capacitación de alrededor de un año. Primero recibirán “contenidos teóricos prácticos en diversas materias tales como manejo de armamentos y defensa personal” y luego pasarán a hacer “prácticas” en el penal.
Las y los flamantes guardiacárceles cumplirían “tareas complementarias” a las que ejecutan quienes se forman en la escuela de oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre otras cosas, se encargarían del sistema de “seguridad exterior” y del “monitoreo de talleres” en los participan los detenidos.
Más allá de la intención y las necesidades de quienes se postulan a ocupar los cincuenta puestos del SPB, cualquier intención de ubicar esas tareas en el ítem “trabajo” choca de lleno con lo que realmente significa calzarse cada día el uniforme del SPB, traspasar las rejas de la Unidad 1 y dedicarse a controlar, verduguear, torturar y hasta matar a las casi 3.000 personas allí son alojadas. Pese a que les pagan un salario, nada de eso tiene que ver con ser parte de la clase trabajadora.
La tumba
La unidad carcelaria 1 de Lisandro Olmos fue inaugurada en 1938 y actualmente es la cárcel más grande de Argentina. Tiene un régimen cerrado, de modalidad “severa” y “moderada”, según la información del propio SPB.
Pese a que el Estado la presenta como parte de un complejo carcelario donde los presos pueden estudiar en los niveles primario, secundario y universitario a la vez que aprender oficios en talleres de los más variados, lo cierto es que la de Olmos es una de las cárceles donde más crudamente se refleja la crueldad del sistema penitenciario y donde la violación de derechos humanos es una constante.
Según relevamientos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), basados en datos oficiales, la Unidad 1 concentra muchas de las peores estadísticas en cuanto a superpoblación, falta de condiciones elementales de alojamiento, muertes violentas o por desatención de la salud y maltrato sistemático a las familias de los presos que van a visitarlos.
En el último informe presentado sobre las condiciones en lugares de encierro de la provincia (próximamente publicarán el referido al año 2018) la CPM afirma que “en 2017 todos los complejos penitenciarios alojaron personas por encima de su capacidad” y que el de Olmos estaba entre los primeros del ranking, con una sobrepoblación de casi el 150 %.
Según esos datos, la UP 1 tiene capacidad para alojar a 1.056 personas pero en realidad allí se mantiene detenidas a casi tres mil. Y la situación es más cruel aún si se tiene en cuenta que una de cada dos de esas personas detenidas en Olmos (el 56 % según la Procuración General de la provincia) lo están en condición de “prisión preventiva”, es decir que no fueron declaradas aún culpables en ningún juicio.
La prisión preventiva, afirma la CPM, “sigue generando que la mitad de las personas detenidas cumplan una pena en la cárcel sin sentencia firme”. Lejos de ser una medida de excepción, la prisión preventiva es regla, lo que demuestra la falacia de la “puerta giratoria” pregonada por los cultores del manodurismo y el punitivismo a mansalva.
Tanto en Olmos como en el resto de las cárceles bonaerenses (según datos de 2016) el 56,6 % de los detenidos llevan más de 1 año con “preventiva”; el 33 % más de 2 años y casi el 20% más de 3 años. Todos, hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes.
El relevamiento de la CPM afirma que de las 108 personas muertas en 2017 en cárceles bonaerenses, el 14 % murieron en el complejo de Olmos. Y la Unidad 1 ostenta el primer puesto en el ranking de muertes traumáticas, fallecimientos por desatención de la salud y por situaciones encuadradas en la tortura y los malos tratos.
La violencia penitenciaria también la sufren las y los familiares que van a visitar a sus seres queridos detenidos. “Sortean importantes obstáculos para llegar hasta las unidades donde luego soportan largas esperas a la intemperie (bajo la lluvia, con frío o calor intensos)”, afirma la Comisión por la Memoria.
En Olmos, asegura el organismo, las familias de los presos “comienzan a hacer la fila de espera desde la medianoche del día anterior” y una vez adentro “son sometidas a requisas vejatorias, que en ocasiones incluyen desnudo total -sean adultos o niños-, amenazas, presiones, robo de mercaderías y otros hostigamientos”.
Cárceles de la miseria
El gobierno de la macrista María Eugenia Vidal, al igual que el de su antecesor kirchnerista Daniel Scioli y el de todos los que gobernaron antes que ellos, buscan mostrar sus políticas penitenciarias como parte de una voluntad “justiciera” del Estado para enfrentar al “delito” y encerrar a los “criminales” que jaquean la “seguridad” de la población.
Nada más alejado de la realidad. Las cárceles en el capitalismo tienen una función central en el mantenimiento del control social y la criminalización de la clase trabajadora y los sectores populares. No son para “resocializar” a nadie y mucho menos para lograr que haya menos robo, menos violencia social y menos muerte.
Las letras de las constituciones nacionales y de los tratados internacionales que justifican la existencia de las cárceles en el mundo capitalista, solo destilan hipocresía. Las instituciones penitenciarias son, en verdad, depósitos de personas condenadas a la inexistencia a la vez que canteras de recursos humanos para el crimen organizado.
Si, por un lado, en las cárceles se aloja a una parte de la población a la que las clases dominantes llaman “delincuencia” (según su propio Código Penal), en su abrumadora mayoría por delitos menores ligados a la pequeña propiedad privada; por el otro, su mera existencia es una amenaza latente para el resto de la población que debe subsistir en la pobreza y la miseria mientras esas mismas clases dominantes se apropian de la riqueza social, cometiendo en su empresa grandes crímenes, que nunca son juzgados ni condenados y sus ejecutores mucho menos presos.
A integrar el plantel de custodios de una de esas cárceles de la miseria (al decir del sociólogo francés Loïc Wacquant), fueron llamados esta semana miles de jóvenes de La Plata por parte del Estado. Y con la excusa de que se trata de una “propuesta laboral”.
La crisis, una vez más, muestra su cara más perversa.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
