El juez se hizo presente en la planta. Nicolás del Caño y otros referentes acompañaron el reclamo por la reincorporación y contra la militarización. Carzoglio se comprometió a tener una reunión con los trabajadores despedidos y la empresa.
Miércoles 21 de noviembre de 2018 10:45
Fotos: Enfoque Rojo
Este miércoles, el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, se hizo presente en la planta de Siam en la localidad de Piñero. Allí lo esperaban para dialogar con él las trabajadoras y trabajadores despedidos, que acampan frente a la fábrica ante el incumplimiento de la patronal de la conciliación obligatoria que implica que vuelvan a sus puestos de trabajo. El día martes una delegación había concurrido a su despacho a plantear las ilegalidades en que se encuentra la empresa e insistir en que se retire la policía de adentro y afuera del predio.
Hoy estaban acompañados por organizaciones solidarias y referentes políticos y de derechos humanos. Entre ellos Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda, Néstor Pitrola dirigente del PO-FIT y Alejandrina Barry, hija de desaparecidos e integrante del CeProDH.
El juez ingresó a la empresa donde dialogó con autoridades. Luego salió e hizo lo propio con los despedidos y referentes, que luego de escucharlo volvieron a reclamar por su situación.
Los representantes de los trabajadores marcaron que “es la empresa la que está en la ilegalidad, despidió 85 trabajadores en cuatro días sin presentar ningún preventivo, luego incumplió la conciliación obligatoria, nosotros estamos acá reclamando los puestos de trabajo que nos pertenecen y el retiro de la policía”.
Uno de los abogados de los trabajadores denunció “la trampa en que está incurriendo la empresa, porque dice que pagando los salarios está cumpliendo la conciliación y usted sabe que legalmente eso no es así. Una negociación libre y voluntaria es con los trabajadores adentro de la fábrica y sin la policía.
Nicolás del Caño dijo que “la empresa está mostrando que no tiene buena voluntad, no está cumpliendo y su objetivo se sabe que es el despido de este grupo de trabajadores. Y con argumentos falsos plantea una militarización de la planta, por todo eso acompañamos el reclamo que están haciendo”.
Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos insistió con la preocupación por la fuerte e injustificada presencia policial. Estaba junto a ella Gustavo Michel, obrero petrolero y dirigente del Movimiento de Agrupaciones Clasistas que había sido detenido en fin de semana frente a la planta en una clara provocación.
El juez se comprometió a tener una reunión con los trabajadores despedidos y la empresa en los próximos días.
Al terminar la charla una de las delegadas de los despedidos, Alejandra, dijo que “nosotros ya demostramos nuestra voluntad no solo ahora sino cuando estábamos trabajando. La que no muestra diálogo y “rompe la paz social” es la empresa. Nosotros vamos a seguir reclamando por nuestros puestos de trabajo, acá en el acampe, con actividades y en las próximas audiencias y en los diálogos que hagan falta. Pero confiamos en nuestras propias fuerzas y la solidaridad de todos y todas los que nos vienen apoyando”.
En las próximas horas decidirán en asamblea los pasos a seguir, entre ellas una nueva reunión de solidaridad para seguir sumando apoyo en la pelea por su reincorporación, contra la militarización y por el fondo de lucha.
Pocos minutos después de la reunión, una delegación de enfermeras de la Zona Sur que iban a la marcha de la salud se acercó a brindar el apoyo a los despedidos.
