Deuda odiosa. Sigue el apriete del FMI: ahora piden un tarifazo del 60 %

No casualmente el punto vinculado con tarifas es el menos desarrollado y precisado en el borrador del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional que circuló este fin de semana. Según trascendidos, el FMI exige que las tarifas eléctricas tengan un incremento del 60 %, y si bien el gobierno inicialmente lo rechaza, el nivel que estaría dispuesto a aceptar es igualmente muy alto: alrededor de un 40 %.

Es que los subsidios económicos a empresas de servicios es el renglón del presupuesto que más rápidamente puede ajustarse para alcanzar las metas de reducción del déficit fiscal, luego de que el Gobierno ya haya ajustado la fórmula previsional que redujo los aumentos jubilatorios. La contraparte directa son los tarifazos, un mazazo al bolsillo de las familias trabajadoras, afectadas también por la inflación y la crisis del mercado laboral.

También trascendió que el ministro de Economía, Martín Guzmán habló este martes con la titular del FMI, Kristalina Georgieva pero sigue sin cerrarse el nivel del tarifazo, lo que traba el envío del documento final a su tratamiento en el Congreso. El Memorandum ya sentencia, no obstante, que el ajuste será brutal: una reducción del 0,6 % del PBI en los subsidios energéticos, lo que implicaría un recorte de U$S 4.000 millones respecto a 2021.

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El borrador del acuerdo estipula un crecimiento de la economía anémico a la par de una reducción del déficit fiscal. Del 4,6 % que cerró en términos primarios en 2021, Guzmán presupuestó pasar al 3,3 % y ahora acordó chicarlo aún más a 2,5 % del PBI en 2022, luego a 1,9 % en 2023 y 0,9 % en 2024. La pregunta es: ¿cuál es implícitamente el nivel de tarifas que les permitirá cumplir con estas metas y contentar las exigencias del FMI?

El Fondo pide así un aumento del 60 % en las tarifas. Estudios realizados por las consultoras PXQ, de Emmanuel Álvarez Agis, y Economía y Energía, de Nicolás Arceo, dos ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, habían sido incluso más fulminantes sobre el cálculo que "hace cerrar" el número de U$S 4.000 millones: un tarifazo del 80 %.

De manera que vuelve a demostrarse, una vez más, que no es posible un acuerdo con el FMI sin un fuerte ajuste sobre el pueblo trabajador. La contradicción es evidente: si la reducción del déficit fiscal pasa en gran parte por el ajuste tarifario, y si este ajuste rondaría los U$S 4.000 millones en términos netos (lo cual sumando el efecto inflacionario es aún más brutal), ¿quién pagará ese recorte?

Bajar los subsidios sin cuestionar el sistema de privatizaciones heredado del menemismo, y mantenido por todos los gobiernos, no es otra cosa que garantizar la rentabilidad de las empresas mediante nuevos tarifazos descargados a los usuarios.

Quieren bajar los subsidios , algo que saben que implicará un tarifazo sobre sectores populares más allá de que hablen de la segmentación tarifaria.

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 22, 2022

Mientras tanto, el Gobierno ya subió un 36% la tarifa de gas en el AMBA, oficializado hoy por un decreto en el Boletín Oficial.

Es por este desacuerdo sobre el nivel de las tarifas que el Gobierno habría pospuesto recien para la semana que viene, luego del 1 de marzo el, el envío del proyecto a la Cámara de Diputados, para que la "Ley FMI" sea tratada en forma express en menos de 15 días en el Congreso. Un nuevo vencimiento acorrala a Guzmán en la negociación: el 22 de marzo vencen U$S 2.800 millones con el FMI, según el calendario del acuerdo stand by tomado durante la administración de Mauricio Macri.

El Banco Central ya no tiene las reservas netas para enfrentar este vencimiento, un resultado directo de la estrategia de "pagar mientras se negocia", lo que consumió no menos de U$S 7.500 millones en desembolsos al FMI en menos de dos años, sumados a otros pagos a organismos internacionales y deuda privada. También el Gobierno afronta un vencimiento con el Club de París por U$S 2.000 millones, reprogramado el cierre del acuerdo con el FMI a pesar de que también es una deuda "floja de papeles" que el Gobierno se negó a desconocer.