Así lo decidió el juez Claudio Bonadio. La resolución afecta, entre otras personas, a la ex presidenta Cristina Fernández. Una causa inventada para sostener la impunidad.
Lunes 5 de marzo de 2018 13:54
El juez federal Claudio Bonadio decidió elevar a juicio oral la causa que se creó a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
En la misma, tanto la ex presidente Cristina Fernández como varios de sus ex funcionarios, están acusados de presunto encubrimiento del atento a la AMIA, ocurrido en 1994.
El juez, que fue apartado de la investigación de ese mismo atentado en 2005 por las numerosas irregularidades que se habían dado, decidió cerrar la etapa de instrucción.
La causa en cuestión fue reabierta a mediados de 2017 y está basada en la denuncia que realizara el fiscal Alberto Nisman, días antes de su muerte.
En la misma, el funcionario judicial designado por Néstor Kirchner -y que trabajó en conexión con Antonio “Jaime” Stiuso” por más de una década- sostenía que el encubrimiento se había dado por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, hecho que tuvo lugar en 2013.
Sin embargo, el Memorándum nunca entró realmente en vigencia porque no fue aprobado por el parlamento de Irán. Por otro lado, en Argentina fue votado por el Congreso Nacional, aprobado por amplia mayoría en las dos cámaras legislativas.
Eso implica que, con el criterio sostenido por Bonadio, cientos de diputados y senadores deberían ser también investigados en esta causa.
Hace algunos meses, en un escrito donde fundaba las detenciones de varios ex funcionarios nacionales, el juez había argumentado insólitamente que los diputados prácticamente habían sido “engañados” por el Poder Ejecutivo para votar el Memorándum.
Ese fallo, que mentía desde la primera oración se fundaba en considerar el atentado de 1994 como un “acto de guerra”. Un absurdo por donde se lo mire, dado que las relaciones entre Argentina e Irán nunca fueron interrumpidas.
La elevación a juicio no hace más que continuar, con un nuevo capítulo, la farsa que se inició con la denuncia de un fiscal que durante una década secundó la política oficial del kirchnerismo en la causa AMIA.
En los hechos, la impunidad por las decenas de muertes ocurridas en 1994 se mantiene hasta nuestros días, sea cual sea el signo político gobernante.
