La Laguna se encuentra en una de sus peores crisis por falta de agua. No obstante, el gobierno continúa con el polémico proyecto de “Agua Saludable para La Laguna”. ¿Es éste una solución para el problema del agua en la región?
Miércoles 1ro de diciembre de 2021
A finales de marzo de este año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adjudicó el contrato de las obras con las que se iniciaría de manera formal la construcción del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, con beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador y una inversión de 8 mil millones de pesos.
Dicha obra fue suspendida ante el amparo promovido por la asociación civil Prodefensa del Nazas, ya que, según palabras de su presidente Francisco Valdés Perezgasga: "El proyecto de la potabilizadora incluye obras que a todas luces vulnerarán diversas disposiciones legales vigentes, desde ordenamientos ecológicos, territoriales, hasta la Constitución Política y tratados internacionales como la Convención Ramsar", debido a que abarca un área natural protegida.
Después se interpusieron otros tres amparos en contra del proyecto, por lo que se iniciaron las reuniones entre el gobierno y los ejidatarios para convencerlos de aceptarlo; en una de ellas participó el exdiputado panista Fernando Izaguirre, quien busca posicionarse a través de un contraproyecto denominado “Presa Baja del Nazas”, impulsado por la Confederación Nacional Campesina (CNC), que plantea la construcción de una presa y pequeñas plantas potabilizadoras en la parte baja del río, ya que sus ejidos se encuentran en la parte alta, donde comenzó la construcción de la presa del proyecto de Agua Saludable.
¿Por qué construir una presa en un área natural protegida?
Desde el avance de la privatización neoliberal de los recursos naturales a partir de 1992, la Conagua ofreció concesiones a empresas privadas para la explotación del vital líquido en todo el país, incluyendo la región de La Laguna, localizada entre los estados de Coahuila y Durango.
Esto permite la extracción de entre el 80 y el 90 % del agua para uso agrícola, particularmente sembradíos de forrajes para las vacas de la industria lechera. En detrimento de la población, que ha sufrido el desabasto de agua para consumo humano y uso doméstico, pues al tener que extraerse de niveles cada vez más profundos, se contamina con niveles más y más altos de arsénico, lo que provoca que un 18 % de la población muera anualmente a causa de cáncer.
Para recuperar los niveles de agua del subsuelo y reducir las cantidades de arsénico del agua que se distribuye en la región, es necesario reducir la extracción de agua a menos de la mitad, lo que es posible si se reduce la enorme producción de la industria lechera, donde la empresa principal es Grupo Lala. De no continuar con los altos niveles de explotación del agua, ésta podría volver a su volumen normal sin necesidad de utilizar el agua de la zona protegida del río Nazas.
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Decreto del 22 de noviembre: otro punto de tensión
Otro punto de tensión que se suma al descontento, es el decreto emitido por López Obrador el pasado 22 de noviembre, donde declaró los proyectos de infraestructura del gobierno como prioritarios y de seguridad nacional.
Esto permite la reserva de información, la opacidad y el encubrimiento por parte del gobierno, en torno a éste y otros proyectos. Asimismo, impide que se puedan usar medios ordinarios —como el amparo— para impugnar el accionar del Estado, permitiéndole llevar a cabo sus proyectos sin responder a las demandas de quienes legítimamente se oponen, los cuales quedan en la indefensión.
Aunque no se ha dicho explícitamente cómo se tratará el desacuerdo con el proyecto “Agua Saludable para La Laguna” a partir del nuevo decreto, el responsable del proyecto, Gabriel García Hernández, mencionó que mantendrá asambleas informativas con los ejidatarios y recalcó que es un proyecto de seguridad nacional.
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¿Cómo hacer frente a la escasez del agua?
La prioridad del uso del agua para la agricultura y ganadería comerciales, sin tener en cuenta las necesidades de la población que la requiere para consumo humano, es criminal por parte de la dependencias gubernamentales y las empresas beneficiadas, como lo muestran los decesos debido al cáncer por el exceso de arsénico.
La población de La Laguna, los ejidatarios y pequeños agricultores deben contar con un plan de producción que contemple las necesidades ambientales y sociales, con ingresos que les permitan vivir dignamente, sin que la inflación les afecte y de manera segura durante todo el año, independientemente de los ciclos naturales de la siembra y la cosecha, lo debería garantizarles el Estado.
Para que los mantos acuíferos recuperen sus niveles naturales de agua y se regularicen los niveles de arsénico hasta impedir que sean tóxicos, es necesario un plan de regulación que impida la extracción irracional y la superexplotación de las mega empresas lecheras, como el caso de Lala.
Los ejidatarios y la población, con independencia de los partidos políticos en el congreso y de los empresarios, cuyo interés es continuar con la explotación de los mantos acuíferos, son quienes deben organizarse para tomar las decisiones que requieren para resolver el enorme problema del desabasto de agua en la región.
