Este martes Gabriel Boric junto a la ministra del interior, Iskia Siches, anunciaron decretar Estado de Excepción para la región de Los Ríos. La medida se trata de un guiño a los sectores empresariales y a la derecha ante las movilizaciones de un sector del pueblo mapuche por la libertad a los presos políticos, el derecho a tierras ancestrales y autodeterminación.
Miércoles 10 de agosto de 2022
El gobierno anunció durante el mediodía de este martes la propuesta de la extensión del Estado de Excepción hacia otra región de la zona sur: la región de Los Ríos.
La derecha junto a latifundistas de la zona estaban presionando al gobierno para que se impulse esta medida. A mediados de julio de este año, mediante un comunicado público, la Multigremial del Sur solicitó al Gobierno a extender Estado de Excepción Constitucional a las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
También la democracia cristiana mostró su preocupación a favor de la represión, quien a través del senador Iván Flores saludó la propuesta y solicitó reforzar la militarización de Carabineros en la región de Los Ríos.
Se trata de una jugada del gobierno hacia un nuevo decreto que partiría desde cero, por lo tanto, ya no se necesitaría solicitar una nueva prórroga al Congreso, al menos por un mes, hasta después del plebiscito constitucional.
La medida que busca Boric es un atajo a la discusión política en el parlamento y en el Congreso, ahorrándose la votación. Esto es con el objetivo de no erosionar las discusiones al interior de los sectores de Apruebo Dignidad tras el acuerdo entre partidos por los mínimos comunes hacia los cambios constitucionales.
"Plan buen vivir": militarización en el sur y las querellas contra la CAM
El gobierno de Boric creó el Plan Buen Vivir luego de instalar el Estado de Excepción "acotado". Esta plan consta de tres ejes hacia el territorio denominado "macrozona sur". Este Plan ha sido criticado por distintos sectores de la ex Concertación hasta intelectuales pro Gobierno. Salvador Millaleo, exasesor del Gobierno en asuntos indígenas señaló que “hasta ahora no se han visto en la práctica”. En esa misma línea, Fernando Pairican, historiador en la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, indicaó que no queda muy claro cuáles “van a ser los mecanismos para llegar al buen vivir”.
El conflicto entre las empresas forestales y latifundistas con el pueblo mapuche es un problema de Estado. El duopolio forestal de las familias millonarias Angelini y Matte gozan de una de una creciente demanda internacional, debido a que en los últimos años se ha extendido una tendencia en el mundo financiero a tener activos verdes, o sea, tierras con certificaciones internacionales sobre mitigación del cambio climático, que se traduce también en los llamados bonos de carbono.
También se suma el crecimiento del negocio forestal, según señalan las estadísticas del PIB regional, donde las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Biobio fueron las regiones que más crecieron económicamente pese a las denuncias del empresariado de ser "golpeadas" por el conflicto. Sin embargo, la región de La Araucanía es una de las regiones con mayor pobreza. Según la última encuesta Casen, La Araucanía subió sus índices de pobreza en pandemia (pasando de 4,6% en 2017 a 5,9% en 2020).
Por otro lado, se suma el activismo del autonomismo mapuche referenciado por la Coordinadora Arauco Mapuche (CAM), quienes a través de comunicados y la vocería de Héctor Llaitul, han reivindicado quemas de maquinarias de forestales y algunas acciones de recuperación y control territorial en latifundios por la demanda por el derecho a las tierras ancestrales usurpadas, la libertad de los presos políticos mapuche y la demanda por el derecho a la autodeterminación. Esto ha generado roces con el gobierno de Gabriel Boric, donde éste último ha tomado la posición de criminalizar a este sector mediante una querella contra Llaitul.
El pueblo Mapuche sigue siendo víctima constante de la represión, militarización de sus territorios y los montajes del Estado de Chile. Para enfrentar la represión y el del Estado de Emergencia "acotado", es vital una gran movilización nacional por la desmilitarización del Wallmapu donde comunidades, trabajadores y jóvenes se unan a la lucha por el debido proceso a los presos políticos mapuche, por la devolución de las tierras ancestrales, y la expulsión de los latifundistas y empresas transnacionales que buscan saquear los recursos naturales y destruir el medio ambiente; por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la represión; y la libertad de los presos políticos mapuche y de la rebelión.
