El derecho a guarderías para los hijos está negado por las instituciones de seguridad social mexicana a los padres, perpetuando que la responsabilidad de la crianza sea sólo de las madres y negando a su vez un derecho laboral fundamental.
Miércoles 21 de septiembre de 2016
Nuevas solicitudes de acceso a guarderías para padres se han presentado a partir de que el pasado 4 de agosto un niño menor a tres años ingresó a una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como beneficiario por parte de su padre Antonio Baca. Esto producto de que la Suprema Corte declaró inconstitucional las reglas de la Ley del Seguro Social, al declarar que “discriminan al hombre”.
A pesar de la declaración de la Corte, lo contenido en La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 171, la Ley del IMSS (artículos 201 y 205) y el reglamento para la prestación de servicios de guardería (reformado en 2009) no se ha modificado y aun no establece un acceso universal a guardería para los padres, pues únicamente brinda este derecho a padres viudos o divorciados con la custodia del menor.
Con respecto a la resolución establecida por la Corte justificó que “el Estado está obligado a garantizar, a través de la ley, igualdad de condiciones para que ambos padres puedan contribuir en el pleno desarrollo de la familia, velando siempre por el interés superior del menor”.
La exclusión del derecho a guardería para los padres no es sólo, como referencia la Corte, una práctica que discrimina a los padres sino una política que emana y perpetúa la concepción patriarcal de que la responsabilidad esencial de la crianza de los hijos es de la madre y por tanto no garantiza las condiciones que promuevan la corresponsabilidad de padre y madre –en el caso de las familias así conformadas– en el cuidado de los hijos.
A su vez esta concepción patriarcal parece diluir la negación de un derecho laboral elemental a todos los padres trabajadores y el beneficio que las empresas obtienen con estos recortes. No es secreto de nadie la política de precarización que el gobierno y los empresarios pretenden imponer a la clase trabajadora con el objetivo de aumentar las ganancias de los capitalistas. Basta recordar la reforma laboral que avaló la subcontratación y con ello la negación de los derechos laborales elementales.
Además, a ello se suma el avance privatizador en los servicios de salud y particularmente en los servicios de guardería donde se ha tercerizado la responsabilidad del cuidado de los hijos de las madres y padres trabajadores.
La ley además oculta una realidad pues supone que las madres no afiliadas a alguna institución de seguridad social no trabajan y por tanto no necesitan el servicio de guardería, cuando de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2016, en México 5,5 millones de mujeres trabajan en el sector informal y de ellas, el 84% tiene hijos, equivalente a 4,6 millones, aproximadamente.
Asimismo, las mujeres afiliadas a algún instituto de seguridad social que brinda el servicio de guardería es una minoría equivalente a un 40% aproximadamente.
Así, las madres trabajadoras que no tienen seguro social se ven obligadas a pagar kínder privado, apelan a la ayuda de sus familias o directamente se ven obligadas a dejar de trabajar.
Y queda claro que la mayoría de las hijas y los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares están excluidos de nivel preescolar de la educación básica. Un derecho elemental que les niegan el gobierno y los empresarios.
