Alarma e indignación causó en redes sociales la muerte de un hombre de 56 años que, según testigos, llevaba más de 7 horas esperando atención. Desde el Ministerio de Salud aseguran que habrá sumario administrativo para esclarecer las causas de una situación que se vuelve recurrente.
Kevin Bustamante Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.
Sábado 12 de agosto de 2017
Este miércoles 9 de agosto se hizo masiva la denuncia en redes sociales de la muerte de D.V.D, de 56 años, quien falleció esperando atención en el servicio de urgencia del hospital regional. Presuntamente con problemas de su estado de conciencia (desmayo) y convulsiones, el fallecido fue asistido por los mismos usuarios que se encontraban en la sala de espera.
Los testigos refieren que al verlo "con la mirada perdida y con abundante saliva" se percataron que algo andaba mal. Al acercarse, comprobaron que el color y la temperatura gélida de su piel reflejaba la misma frialdad que este sistema de salud, que indignamente dejaba al hombre morir.
Como no pudo ser acallada tan fatal suceso, desde la institución manifestaron por medio de un comunicado que "fue asistido por el equipo de turno" y "que tras realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el paciente fallece en la sala de reanimación"; cuestión que se contradice con la versión y el video grabado por los demás pacientes. Para rematar, la constatación de la muerte fue realizada por un carabinero.
Otra excusa a la que hace alusión el comunicado es que D.VD. "no figuraba con solicitud de atención médica a través del folio de urgencias", lo que no hace más destacar que el sistema de atención de urgencias del hospital no está siendo capaz de reconocer la gravedad de un paciente que conscientemente no estaba en buen estado.
La Ministra de Salud, Carmen Castillo, hizo referencia a que se realizarán las investigaciones pertinentes "para poder dar una respuesta responsable sobre el accionar y si hubo alguna dilación en la atención o si hubo alguna situación que tuviéramos que mejorar".
Lo que sí es seguro es que otra vez nos encontramos con este tipo de casos en que la dignidad y el derecho a la vida son vulnerados por un debilitado sistema público de salud. Analizar si hubo retrasos o si hay "alguna situación que mejorar" nos parece irrisorio y una desviación del centro del problema: que las oportunidades de acceder a una atención de calidad y nos salve la vida, está determinada por la capacidad de pago de las personas y no como parte de "el libre acceso a la salud", como pregona la Constitución de 1980. Mientras, Isapres y clínicas, bajo el amparo del Estado, agrandan a destajos sus rentabilidades aún incurriendo en prácticas inconstitucionales al discriminar a las mujeres, ancianos y pobres de este país.
