Prácticamente detenida se encuentra la investigación de la Fiscalía sobre autoridades –como el Presidente y los ex ministros Chadwick y Blumel– por su eventual responsabilidad en delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social.
Miércoles 9 de septiembre de 2020
Según el artículo publicado en CIPER se destaca que no se han tomado declaraciones y la pesquisa sólo reúne listas de armamento, protocolos para el uso de la fuerza y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y Ejército, entre otras informaciones genéricas que se pidieron a fines del año pasado e inicios de este. El tema cobra vigencia ahora que la defensa del Presidente en otra causa –por el manejo de la pandemia– pidió la remoción del fiscal a cargo.
Con extrema lentitud avanza la investigación iniciada a raíz de las cinco querellas contra el Presidente Sebastián Piñera, el general director de Carabineros Mario Rozas, y los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel –entre otras autoridades–, por sus eventuales responsabilidades en supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social. A nueve meses de interpuestas las acciones judiciales, ni siquiera se han completado las diligencias iniciales solicitadas por los querellantes. Tampoco se han tomado declaraciones, aunque sea por oficio, a los involucrados. Así lo corroboró CIPER tras revisar la carpeta del caso, a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich (1)
Hasta ahora, la pesquisa sólo reúne listados del armamento policial utilizado en el control del orden público durante las manifestaciones; los protocolos sobre el uso de la fuerza publicados en el Diario Oficial; los programas de los cursos que siguen los funcionarios de Carabineros sobre el empleo de armamento “no letal”; antecedentes de casos individuales que podrían constituir violaciones a los derechos humanos y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y el Ejército, entre otras informaciones genéricas de tipo documental.
En una situación similar, otro caso de lentitud burocrática ocurrió con un requerimiento dirigido al Ejército que fue retrasado durante meses. El 27 de noviembre de 2019 la fiscal Perivancich solicitó que se le detallara la cadena de mando del Ejército durante el Estado de Emergencia. La institución respondió recién el 20 de febrero, tres meses después, en un documento firmado por el jefe del Estado Mayor, Schafik Nazal. Dicha respuesta habría sido remitida a la fiscal el 25 de marzo pasado por el entonces subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas. No obstante, todo indica que la Fiscalía no lo recibió, pues insistió en su requerimiento el 12 de mayo.
“Nos parece que el avance de las diligencias de la investigación no han sido lo suficientemente contundentes, considerando la gravedad de los delitos que se investigan”, concluyó uno de los abogados querellante, Oscar Castro, miembro del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, el único jurista a quien la fiscal acogió algunas diligencias.
Esta es una muestra clara de cómo el régimen buscan blindar a los principales responsables políticos de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la rebelión.
Por eso es necesario pelear por juicio y castigo a los responsables políticos y materiales, ¡No podemos permitir la impunidad!
(1) Ver investigación https://www.ciperchile.cl/2020/09/08/investigacion-al-presidente-pinera-por-delitos-de-lesa-humanidad-casi-sin-avances-en-nueve-meses/
