El segundo aumento del año es un premio a los empresarios y un nuevo golpe al bolsillo. ¿Qué propone la izquierda?
Viernes 26 de julio de 2019 00:00
Hoy al mediodía, el Concejo Deliberante aprobó un nuevo aumento de la tarifa del transporte público urbano, llevando el boleto a $24. Se trata de una ordenanza a pedido de los empresarios del sector y contó con el voto 13 concejales. Con este segundo aumento en lo que va del año, se acumula un incremento del 54,8%. Durante la sesión también se aprobó una suba de las tarifas en taxis, pasando la baja de bandera de $25 a $30. En paralelo, la Legislatura avanza en una exención de impuestos para los empresarios.
El ajuste es con Todos
La votación de este tarifazo arrojó un dato revelador. 7 de los 13 votos fueron de los concejales del peronismo, hoy alineados con el Frente de Todos. Se trata de Armando Cortalezzi, Dante Loza, David Mizrahi, José María Franco, Dolores Medina Taljuk, Belén Cruzado Sánchez y Alejandro Figueroa. El resto corrió por parte de los ediles de la coalición Juntos por el Cambio: Agustín Romano Norri, Raúl Pellegrini, Rodolfo “Johnny” Ávila, José “Lucho” Argañaraz, Roque Mendía y Roberto Ávila.
En este año electoral, la famosa "grieta" es explotada por el peronismo y el macrismo para polarizar el escenario. Pero como se vio en el Concejo Deliberante, a la hora de votar medidas contra el pueblo trabajador a ninguno de estos funcionarios le tiembla la mano y las diferencias se diluyen para terminar beneficiando a los mismos de siempre.
Análogamente a lo que pasa en el Congreso, el peronismo aporta los votos que el macrismo (ahora en minoría en el Concejo) necesita para llevar adelante el ajuste. Así, en estos años el boleto aumentó un 300%, superando la inflación.
Un premio a los empresarios
Tras días de campaña mediática y lobby, los empresarios recibieron de premio un nuevo tarifazo. Como se señaló en diferentes notas de este diario, los empresarios vienen ganando unos $400 millones anuales. Esas ganancias son sostenidas por el pueblo trabajador, ya sea como usuarios pagando tarifazos o como contribuyentes por la vía de los subsidios.
Sin control de nadie, los empresarios reciben millones y hasta administran la tarjeta Metropolitana sin rendir cuentas. Pero aún así argumentaron que no les alcanza pagar los sueldos ni garantizar un servicio adecuado. ¿Por qué no se pide la apertura de los libros contables para ver sus pérdidas? Si estos empresarios insisten en que tienen pérdidas con este servicio, ¿por qué no dejan las concesiones? Para los concejales, las ganancias de los empresarios no son sagradas y quienes tienen que ajustarse son los trabajadores.
Si los empresarios festejan, el ajuste lo sufren los trabajadores. Veamos. por ejemplo, que un empleado de comercio -con un sueldo rondando los $10.000, viajando 4 veces por día por el horario comercial- pagará $2300 en boleto al mes, un 23% de su sueldo. Esto es ajeno a los bloque de concejales, que con unas pocas manos alzadas han condenado a cientos de miles.
Ataque al derecho a huelga, libre albedrío para los empresarios
En la sesión también se aprobó una ordenanza para declarar “servicio esencial” al transporte público, impulsada por la concejal Sandra Manzone. Con esta ordenanza se ataca el derecho a huelga, ya que cuando haya un paro deberá prestarse un servicio con una frecuencia similar al domingo.
Esta medida antisindical, aceptada pasivamente por la dirección de la UTA, contrasta con la amabilidad y pleitesía con la que son tratados los empresarios. Las empresas son las que no pueden garantizar un servicio acorde ni cumplir los compromisos salariales con los trabajadores, actuando a veces con un lock out encubierto. Sin embargo, nunca son multadas y ni hablar de sanciones mayores como la quita de concesiones. Ellos pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas, mientras los concejales avanzan sobre el legítimo derecho a la protesta de los trabajadores.
Que el transporte sea un derecho, la propuesta de la izquierda
El Frente de Izquierda-Unidad es la única fuerza política que plantea una salida favorable para que el transporte sea un derecho y no un negocio: la estatización del transporte público bajo administración de trabajadores y usuarios. Este planteo comienza por la apertura de los libros de las empresas, para que muestren a dónde fueron a pagar los millones que reciben con los subsidios y tarifazos.
Si hoy sacamos de la ecuación la ganancia empresaria, es posible pensar un servicio que funcione bien y mejor en interés de usuarios y trabajadores. Para evitar el viejo modelo de las empresas de servicios estatales, donde la administración de funcionarios políticos deriva fácilmente en fuente de corrupción. La izquierda propone que se estaticen pero bajo administración de los trabajadores y el control de comités de usuarios. ¿Quién mejor que choferes y usuarios para saber los problemas de horarios, de circuitos, de frecuencias? Además, se puede recurrir al asesoramiento de técnicos y especialistas de las universidades, como la UNT y la UTN.
Esta perspectiva está ligada al rechazo del tarifazo, exigiendo la movilización de gremios y sindicatos en los lugares de trabajo y estudio.
