Las centrales sindicales no llamaron al paro provincial, habilitando un ataque al conjunto de la clase obrera en la provincia y en el resto del país.
Miércoles 14 de junio de 2017 21:05
Con la Legislatura fuertemente vallada, se aprobó la ley 10.461, que reglamenta los servicios esenciales y prevé sanciones para quienes la transgredan.
Ante el anuncio de los gremios de movilizarse hacia la Unicameral, el oficialismo decidió adelantar la sesión a las 14. En un par de horas y con algunos cruces fuertes, la ley se aprobó por 57 votos a favor. Hubo 5 votos en contra y 8 ausencias. José Pihen, Ilda Bustos y Ricardo Vissani, los “legisladores de extracción sindical” del oficialismo, ni siquiera estuvieron en la sesión para fundamentar su oposición. El legislador Miguel Nicolás, de la UCR, aprovechó su ausencia para chicanear al peronismo: “Pihen, Bustos y Vissani deberían estar acá, porque es acá donde su voto tiene peso”.
El proyecto estipula que quienes realicen paros de servicios esenciales deberán anticipar la medida de fuerza 5 días antes. También plantea la creación de una comisión técnica que decidirá qué servicios deberán garantizarse ante huelgas.
Desde Unión por Córdoba, el legislador Carlos Gutiérrez dijo que “había que restaurar el principio de autoridad. Eso hizo el gobernador Schiaretti”. Agregó que “el derecho de huelga está totalmente garantizado” y le recordó al bloque Córdoba Podemos que Néstor Kirchner “mandó a votar en 2004 la ley 25.877 que dice más o menos lo mismo que ésta”. El presidente del bloque radical, Orlando Arduh, celebró la iniciativa del peronismo. Al parecer, se olvidó de las críticas que lanzó durante la huelga de los y las choferes, cuando acusó al peronismo de acicatear el conflicto en contra del intendente Mestre.
Desde la oposición, quien planteó el cuestionamiento más duro fue la legisladora Laura Vilches, del PTS-FIT. La legisladora planteó a los miembros del oficialismo y del interbloque Cambiemos: “Ustedes hablan de los derechos de los usuarios y de los servicios esenciales pero no van a los hospitales públicos, no viajan en los colectivos hacinados como lo hacen los albañiles que salen a las seis de la mañana, vean la cara de los trabajadores de las autopartistas que están suspendidos mientras aca se les entrega subsidios millonarios a esas empresas. Menos que menos les importa la vida de los trabajadores del transporte, que no tienen jubilados por que se mueren al año de jubilarse”.
Mucho discurso y poco gremio
Mientras se “discutía” el proyecto de ley, afuera se llevaba a cabo la protesta de los gremios de Córdoba.
Gremios de miles de afiliados, como el de docentes, Luz y Fuerza o Municipales movilizaron sólo pequeños grupos de cuerpos orgánicos y ni siquiera asistieron todos los secretarios generales. Quien se vio obligado a dar el presente, presionado por sus bases, fue José Pihen, secretario general de la CGT regional Córdoba y del Sindicato de Empleados Públicos. Pihen, que además es legislador por Unión por Córdoba, no había estado en ninguna de las manifestaciones de los trabajadores de la UTA.
Movilización contra la reglamentación del derecho a huelga @CGTRegionalCba pic.twitter.com/X1Nhg5mmgi
— Unión de Educadores (@_UEPC) 14 de junio de 2017
El resultado fue una movilización que escasamente llegaba a las 2.000 personas, en su mayoría trabajadores de recolección de residuos y los partidos de izquierda.
Ahora en las afueras de la legislatura. Poco gremio para una ley tan empresarial. Mucho discurso, mucha tregua y nada de paro. pic.twitter.com/EPuqNGUMds
— Hernán Puddu (@HernanPuddu) 14 de junio de 2017
A pesar de las combativas declaraciones de los últimos días contra la ley antiobrera que fue aprobada, la burocracia sindical se prepara para llevar la lucha al terreno legal. Si los nueve días de paro de los y las choferes no fueron suficientes para torcerle el brazo a las empresas, fue en parte por la ausencia de un paro provincial que demostrara en las calles la fuerza de la clase obrera para defender sus derechos.
Pero la falta de movilización contra la reglamentación de servicios esenciales no es una traición más por parte de las dirigencias gremiales. Significa abrir el camino para que leyes de este tipo se aprueben en otras provincias, como Mendoza, cuyo gobernador quiere imputar a legisladores de izquierda y referentes sindicales por participar de una protesta el 6 de abril pasado en el marco del paro nacional. O como en Jujuy, cuyo Código Contravencional sanciona económicamente a quienes protesten en las calles.
De conjunto, esta ley busca sentar un precedente para criminalizar los métodos de lucha que son capaces de conmover al país capitalista. La CGT y todas las centrales sindicales deberían convocar a una medida de fuerza inmediata ante este ataque.
