Esta mañana López Obrador habló de un “problema estructural” en el sector salud, para el que sugiere medidas paliativas. Además, se interpeló al presidente sobre la antidemocracia dentro de IPN, la situación educativa en el país y la impunidad en el caso de Marisela Escobedo.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 5 de noviembre de 2020
Desde muy temprano, como uno de los puntos más importantes durante su conferencia de esta mañana, AMLO hablo a cerca de un “problema estructural” en el sector salud, debido al mal manejo por décadas de gobiernos neoliberales, en nuestro país.
Al respecto Alejandro Svarch, titular de la Coordinación Nacional Médica del INSABI, informó que existe un déficit de 70 mil especialistas en distintas sedes clínicas del país. Actualmente de 33 mil médicos únicamente 9 mil 300 logran especializarse.
Otro déficit señalado por el funcionario es que el Examen Nacional de Residencias Médicas (ENRM) rechaza al 80% de aspirantes. Para esto se abrirían 18 mil 929 plazas con el fin de duplicar la cantidad de aspirantes que puedan acceder a una especialidad. El año pasado se abrieron 9 mil 480 puestos.
Sin embargo, respecto al problema de especialización se informó que ya se tienen programas con universidades e institutos extranjeros con los cuales se reforzaran convenios para poder garantizar que más estudiantes puedan especializarse en otros países. Con esto no queda claro cuál es la iniciativa para combatir el problema estructural señalado en el sector salud de nuestro país.
Llama la atención que el presidente recurrió al Conacyt para asegurar que se abrirán 1,600 becas para aspirantes que deseen estudiar una especialidad en el extranjero, cuando este ha sido uno de los programas golpeados por los fidecomisos y cuando estudiantes de distintos posgrados, sobre todo de la UNAM han señalado la insuficiencia presupuestaria para cubrir las becas prometidas a los estudiantes de maestría y doctorado.
Se interpeló al presidente a cerca de casos de nepotismo y tráfico de influencias, dentro del Instituto Politécnico Nacional. En particular el caso de José Luis Carrillo, quien fuera Coordinador del Sistema Institucional en Informática, con una carrera trunca en química, y responsable de la polémica plataforma PIDAE, quien percibió un sueldo que asciende a los 120 millones de pesos.
Así como el caso de Salvador Lara Franco quien fuera subdirector de la Escuela Superior de Medicina, posteriormente nombrado director, y quien se ha visto involucrado en el manejo irregular de 6.7 millones de pesos lo que causo la suspensión de becas de 776 estudiantes.
A pesar de que se cuestionó el funcionamiento antidemocrático de esta universidad que impide votar de manera directa a consejeros y al director de la institución, el presidente fue evasivo, respondiendo que, efectivamente, quien ocupe el cargo de Mario Alberto Rodríguez Casas, actual director, en los próximos días será nombrado y anunciado por él.
A cerca del estado de la investigación del asesinato de la activista Marisela Escobedo y su hija Rubí Frayre, el presidente respondió conocer el caso y señaló que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos deberá presentar un informe acerca del avance de su caso.
El próximo 16 de diciembre se cumplen 10 años de asesinato de Marisela en la ciudad de Chihuahua.
