De acuerdo al último reporte oficial, Venezuela llega a 17.158 personas que se han infectado con SARS-COV-2. Además se informa que ya van por lo que ya son 156 los muertos. Números que son cuestionados debido a la opacidad de la información.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Jueves 30 de julio de 2020
Fotografía EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Si los contagios son acelerados también lo es la letalidad. Las primeras 51 muertes atribuidas al COVID-19 en Venezuela se alcanzaron el pasado 30 de junio, cuando se cumplían 109 días desde la confirmación de los dos primeros casos en el país el 13 de marzo. El ritmo de víctimas fatales se aceleró, tras llevar al país a 100 víctimas sólo quince días después y otras 51 en apenas los siguientes 13 días de llegar al centenar, de acuerdo a un monitoreo realizado por Efecto Cocuyo. Aunque se indica que hay otra cantidad de muertos no reconocidos en las cifras oficiales producto del COVID-19.
Esta proporción acelerada de casos pone en evidencia que no hay ningún “combate” exitoso a la pandemia del coronavirus, como alardea el Gobierno, donde muchas de las medidas más centrales orbitan solo sobre la cuarentena, y disponiendo de hospitales de emergencia pero no medidas reales de emergencia para contener el contagio y las muertes.
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Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva del país, al filo de la medianoche del miércoles, vía su cuenta Twitter informaba que: "La comisión presidencial para el control del COVID-19 recién culmina su reunión. En ese sentido, informamos que en las últimas 24 horas se han detectado 574 nuevos casos de transmisión comunitaria, además de 13 casos importados, que totalizan 587 nuevos casos en el país".
De acuerdo al informe oficial, Caracas fue de nuevo el municipio con más casos registrados con 289, seguido por los estados Miranda (90), Bolívar (53), Zulia (34), Sucre (27), Delta Amacuro (14), Aragua (12), La Guaira (12), Mérida (8), Yaracuy (8), Monagas (7), Amazonas (7), Carabobo (5), Trujillo (3), Nueva Esparta (3) y Portuguesa (2). De los 17.158 casos de COVID-19 detectados en Venezuela desde el inicio de la pandemia, 6.583 están activos, por lo que el 61 % de los pacientes (10.421) se encuentran recuperados, detalló en su informe oficial el Gobierno, complementando que actualmente hay 25 personas en las unidades de cuidados intensivos y 107 con insuficiencias respiratorias "agudas moderadas".
Pese a que la cifra de fallecidos ayer era de 151 y este miércoles la Vicepresidenta reportó cinco nuevos casos, las estadísticas mostradas en las imágenes que adjuntan los mensajes muestran 154 decesos, una diferencia que no aclaró la vicepresidenta.
Como el Gobierno entre sus fundamentales medidas solo está la cuarentena, un método de prevención propio de tiempos antiguos cuando no se contaba con todos los avances de la ciencia y tecnológicos en el campo de la medicina, vemos como disponen a la Guardia Nacional en las calles para realizar castigos a personas que se ven obligadas a salir para conseguir su sustento diario. Así vemos cómo a vendedores informales en la región de Petare, en la Gran Caracas, son detenidas y obligadas a sentarse en el pavimento y permanecer bajo el sol por una hora o más escuchando una “charla” sobre las medidas para prevenir el contagio.
Sentados en la calzada, y bajo el sol del mediodía, los "infractores" escuchaban el reclamo de un responsable militar, que les aseguraba que "estaban detenidos para protegerlos de la COVID-19". Algunas personas que se encontraban en los alrededores, tal como recopilaron diversos medios, denunciaban malos tratos por parte de los militares a los trabajadores ambulantes, manifestando incluso que algunos lesionaban a los detenidos con golpes con los cascos.
Hace pocos días se pudo apreciar vía videos que circularon por las redes sociales cómo policías o parapoliciales imponen castigo físico en zonas populares “por andar en la calle”, golpeando con un bate de béisbol a habitantes de sectores populares, como castigo por transitar en cuarentena, brutalidad que es prácticamente tortura. Una situación que pone de relieve la brutalidad de los métodos de “garantizar” la cuarentena. Los cuerpos policiales no tienen ninguna atribución ni potestad para decidir ni aplicar penas o castigos a la población menos, bajo ningún concepto se puede permitir que estos cuerpos armados se arroguen para sí la potestad de decidir si una persona debe recibir tal o cual sanción o “escarmiento”.
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Ante esta situación de un Gobierno que no ha dispuesto realmente un verdadero plan de emergencia de conjunto a nivel nacional, comenzando la pandemia desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) se propuso y exigió todo un plan de emergencia planteando la necesidad de medidas extraordinarias para evitar que esta crisis terminara golpeando aún más al pueblo trabajador, pero desde el Gobierno de Maduro no ha pasado de tomar como lo central la cuarentena sin un plan de conjunto y hoy vemos, incluso tomando los datos oficiales, la amenaza de un desborde está más que presente.
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