Debates. Sindicalización policial: un camino hacia mayor impunidad y represión

El conflicto desatado por los reclamos de la Policía Bonaerense habilitó otro debate: el de la posibilidad o no de sindicalizar a los efectivos de las fuerzas policiales. La discusión no tiene nada de novedosa ni de puramente local. Recorre el mundo y vuelve a entrar en escena con cada motín o reclamo de los uniformados.

Por estas horas, a medida que el oficialismo cede ante las demandas de la fuerza represiva más importante del país, desde distintos sectores del arco progresista se insiste con la propuesta.

En la mañana de este jueves, en un reportaje radial, fue Hugo Yasky el que planteó que "la sindicalización de la policía serviría para establecer un tiempo de negociación salarial, para establecer las reglas del juego (...) le quitaría cierta connotación de abuso de poder”.

En un sentido similar, en otra entrevista radial, Eugenio Zaffaroni había afirmado que “de existir el sindicato se sabría con quién se está hablando, evitando el riesgo de que más que un reclamo laboral sea un intento de desestabilización".

Sin embargo, ambos parten de una premisa discutible a priori: equiparar policías con trabajadores. Es decir, considerar que le asisten los mismos derechos. Sin embargo, esta cuestión es la que merece y debe ser problematizada.

La experiencia de EE.UU.

Se recomienda este hilo de tuits que opera como un excelente resumen de las consecuencias de la sindicalización en Estados Unidos. La evidencia confirma lo (casi) obvio: otorgar derechos a los integrantes de un aparato represivo equivale a fortalecer ese mismo aparato.

Un estudio llevado adelante por la agencia Reuters en 2017 reveló la impunidad que los contratos sindicales garantizan a los efectivos de la Policía.

El análisis sobre 82 contratos mostró que la mayoría permitía borrar los registros disciplinarios. En algunos casos, eso podía ocurrir cada seis meses. En otros, cada dos años. Es decir, cada policía podía empezar su carrera “desde cero” eliminando su historial de brutalidad, maltrato y racismo.

El mismo estudio indicó que, ante las acusaciones, los policías contaban con el derecho a acceder a todo el archivo de la investigación, antes de ser interrogados. Esto incluía declaraciones de testigos, lecturas de GPS, fotos, videos y notas de la investigación interna. Es decir, tenían al alcance de la mano la posibilidad de apretar y amenazar a quienes los habían denunciado.

Según el mismo relevamiento, en dieciocho ciudades los efectivos policiales tienen que dar su consentimiento por escrito antes de que su departamento publique documentos que lo involucren en cuestiones de disciplina. Es decir, el contrato sindical les garantiza un virtual derecho de veto sobre cualquier investigación en su contra.

¿La consecuencia lógica? Mayor impunidad entre los agentes de las fuerzas represivas. En un artículo publicado hace un par de meses en The New Yorker sobre los sindicatos policiales se señala que “estudios recientes sugieren que su poder político y de negociación les ha permitido lograr sistemas disciplinarios tan laxos que han contribuido a incrementar los abusos policiales”.

Esa impunidad policial queda patentizada en números. Según el mismo informe citado de Reuters, en el año 2016, en Chicago, se enviaron mil quejas de civiles al sector de Asuntos Internos de la Policía. Solo se registró una acción disciplinaria. Sí, una sobre mil. Leíste bien.

Un ejemplo reciente de esa impunidad lo constituye el historial de Derek Chauvin, el policía que asesinó a George Floyd. A lo largo de 19 años como parte de la Policía de Minneapolis, se le abrieron por lo menos 17 investigaciones. Como mucha de esa información no es pública, es imposible saber en razón de qué fueron las mismas.

Sin embargo, la organización Communities United Against Police Brutality (Comunidades Unidas Contra La Brutalidad Policial) confirmó que, por lo menos tres casos, se trató de denuncias por brutalidad policial, que incluyó el uso del lenguaje y tono humillante hacia la víctimas.

¿Las consecuencias? Apenas dos reprimendas en casi dos décadas. ¿Alguien puede mostrarse sorprendido de su accionar brutalmente racista frente a George Floyd?

Ese terrible asesinato fue el que detonó las enormes movilizaciones contra la violencia racista. Movilizaciones que son consideradas ya las más grandes de la historia en aquel país.

Este poderoso movimiento detonó la pelea por abolir o desfinanciar a las fuerzas policiales. Al mismo tiempo, plantó otra bandera: echar a los policías de los sindicatos. Una demanda que empieza a crecer y extenderse en amplios sectores de la clase trabajadora.

Te puede interesar: EE. UU.: debates sobre abolición de la Policía, autodefensa y autoorganización

Orden social y represión: el verdadero "trabajo" policial"

Volvamos al nudo de los argumentos. Los efectivos policiales no pueden ser equiparados a los trabajadores. Su función social, centrada en la represión al servicio de la clase dominante, los diferencia y los ubica en un campo completamente contrario a los intereses de asalariados y asalariadas. El núcleo de sus tareas pasa por preservar un orden social desigual y clasista, estructurado sobre la dominación social del gran empresariado. El orden de los capitalistas, anclado en la propiedad privada del conjunto de los medios de producción. Una tarea en la que el conjunto de las fuerzas represivas confluyen. Los elementos formales (percibir una remuneración mensual, tener un horario fijo, etc.) no anulan esta diferencia fundamental.

Precisamente por eso, cualquier reclamo corporativo de los uniformados no puede más que conducir a un fortalecimiento del aparato de represión estatal. Mejores remuneraciones y condiciones para ejercer sus labores son mayores ventajas a la hora de contar con un cuerpo destinado a sofocar, de manera violenta, los reclamos del conjunto de los explotados y oprimidos.

La sindicalización no hace más que fortalecer ese poder. Mientras en EE.UU. son cientos de miles quienes exigen y luchan por echar a los policías de las organizaciones sindicales, parte de la centroizquierda argentina propone incluirlos allí.

El progresismo local atrasa. Por decirlo de un modo amable.