El Proyecto propone contratar a una empresa que construya una planta potabilizadora, pero para luego darle la concesión por 28 años para que potabilice el agua, y que OSE deba comprarle a la empresa privada el agua que necesita. Existe rechazo del sindicato y otros sectores.
Miércoles 18 de mayo de 2022
El proyecto Neptuno pretende beneficiar a un consorcio en particular con un contrato que sería desfavorable al interés de estado. No era la única alternativa para una viabilidad a futuro para que la planta de Aguas Corrientes mejorara su eficiencia a futuro.
Según denuncia el sindicato FFOSE, esto constituye una mercantilización y una violación del art. 47 de la Constitución, que dice que el agua debe ser prestada por el Estado.
Para esto, conversamos con Marcos Míguez, delegado de FFOSE por Cerro Largo y además integrante del Secretariado Ejecutivo y Secretario del Agua, quien nos informó lo siguiente:
“El Proyecto Neptuno lo que hace es privatizar y mercantilizar el agua por 28 años de gestión y 2 años que sería la obra. O sea, sería una mercantilización de las empresas públicas por 30 años. Este proyecto viene de la mano de un estudio realizado que concluye que Aguas Corrientes, la principal planta del país, en unos 10 o 15 años no estaría dando a basto, por lo que este proyecto nace como alternativa para solucionar el problema. Sin embargo, para nosotros no se solucionaría el problema de fondo, sino que solo se aseguraría abastecer el 30 % de lo que ya hoy se abastece. Y en caso que a la planta de Aguas Corrientes le paso algo, esta planta sería insignificante para abastecer las zonas de San José, Montevideo y Canelones.
El proyecto básicamente es una nueva toma en la localidad de Arazatí en San José, en la que se tomaría agua bruta del Río de la Plata, implicaría la construcción de una planta potabilizadora, la instalación de una laguna donde se almacenaría agua dulce por si el agua del Río de la Plata cuenta con niveles de salinidad más elevados, y la conexión de una cañería de unos 80 kms que llevaría agua a Montevideo.
A casi 20 años de la reforma constitucional que fue fruto de luchas del movimiento sindical y los movimientos sociales en defensa y la búsqueda de que el agua sea un derecho humano fundamental en todo el territorio nacional – nos referimos a FFOSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, entre otras -, nos encontramos en una nueva situación de peligro. Recordemos que dicha reforma posiciona al agua y al saneamiento como derechos fundamentales para la vida. Además, indica que el recurso del agua debe ser brindado por una persona jurídica estatal, y tiene que estar siempre garantizada por el Estado.
A casi 20 de estas reformas, nos vemos obligados a salir nuevamente a defender las empresas públicas, y sobre todo el agua.
Como sindicato, tenemos dudas si, en caso de pandemia como la hubo, donde comienzan a escasear los productos químicos y hoy por hoy las fuentes de agua bruta están cada vez más contaminadas, y esto lleva a OSE a que tenga que invertir cada vez más en productos químicos para mantener la calidad del servicio. Esta empresa privada que viene a adueñarse del agua nuestra, ¿qué hará en caso que no haya productos químicos? ¿va a invertir más en productos químicos y eso se va a ver reflejado en la factura de todos nosotros, o no va a invertir en productos químicos dejando que el agua no sea un agua de calidad como la que es hoy? Tenemos que saber que, si nosotros le entregamos a un privado por 30 años el agua, todo el costo lo vamos a pagar los uruguayos y las uruguayas, por más que esta obra sea en el área metropolitana.
Si nosotros dejamos que toda esta obra siga adelante, para las empresas privadas será más fácil avanzar en la intención de quedarse con nuestras empresas públicas. Por eso es importante dar esta discusión en la calle. Desde FFOSE estamos dando charlas por todo el país. Próximamente estaremos en Cerro Largo, para sacar todo tipo de dudas.
Desde el sindicato lo que planteamos, a partir de los estudios de factibilidad, que el consorcio haga la obra, pero que sea OSE quien se encargue de potabilizar el agua.
Hoy el gobierno se está inclinando a favor de la privatización del agua, apostando a uno de los varios posibles financiamientos, el más caro.
Reiteramos que nos preocupa además la calidad del agua, ya que estas empresas podrán ser muy buenas en la construcción de obras de infraestructura, pero en lo que hace a la potabilización del agua no tienen ni idea.
El agua, como dijimos, es un derecho humano y no puede tener fines de lucro”.
