Tres de las más importantes federaciones de sindicatos universitarios (CNSUESIC, la CONTU y la FENSU, señalaron que la iniciativa de Ley de Educación Superior de Morena no incluyó las necesidades de las comunidades universitarias y, por el contrario, contiene medidas empresariales.
Miércoles 18 de noviembre de 2020
El martes 17 de noviembre fue anunciada la iniciativa de Ley de Educación Superior presentada en septiembre por los legisladores del Morena, para que se discuta y apruebe en el Congreso de la Unión. Frente a ello, representantes de federaciones sindicales universitarias expresaron sus críticas. Se trata de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FENSU).
El rechazo fue anunciado en conferencia de prensa. Cabe mencionar que el nuevo proyecto de ley no contempló observaciones hechas por los propios trabajadores, académicos y estudiantes, en pocas palabras no toma en cuenta la opinión de las comunidades que componen a las universidades, sólo toma en cuenta a las autoridades. Además, estas centrales hicieron un llamado a construir una ley que sea producto del consenso y la discusión, porque la propuesta actual vulnera la autonomía universitaria.
Entre otras cosas porque en sus artículos 48 y 49 se establece una nueva gobernanza para la educación superior en la cual se centraliza “el poder a favor de la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los Estados y las instituciones privadas”, es decir, está por fuera de las necesidades de las comunidades educativas. En vez de eso refuerza la competencia, la internacionalización y la vinculación de la educación universitaria con el sector productivo, en otras palabras, profundiza el carácter empresarial de la educación superior más de lo que, de por sí, los gobiernos neoliberales ya habían establecido, en vez de poner a las universidades al servicio de las mayorías y sus necesidades.
Este sector sindical inconforme, solicitó a los legisladores fortalecer la autonomía universitaria mediante presupuestos suficientes, oportunos e incondicionales, ya que hoy hay 11 universidades en quiebra, lo cual resulta contradictorio porque la dichosa ley establece a la educación superior como un derecho y como obligatoria pero no que se asigne el suficiente presupuesto para pagarles a los trabajadores y cubrir todas las necesidades de dichas instituciones. Por otra parte, señalaron que era importante terminar con la precarización laboral entre los trabajadores universitarios e incluir su voz dentro de la Ley de Educación Superior.
La clave es la movilización
La crítica que hacen las federaciones de trabajadores universitarios es correcta, aunque se queda corta con respecto a lo que podrían haber hecho, ya que desde hace algún tiempo tenían la advertencia de que el gobierno de la 4T no estaba atendiendo el tema universitario y, por el contrario, había 11 universidades en quiebra que no se estaban rescatando. Las condiciones para plantear la movilización y la exigencia de rescate de las universidades a la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya estaban sobre la mesa, lo que era necesario es que se decidieran a movilizarse.
De hecho, a pesar de las críticas que han realizado a la Ley de Educación Superior, los sindicatos universitarios no han anunciad ninguna movilización. Entonces, si ya estaban advertidos ¿por qué esperaron a que dicha propuesta de ley se convirtiera en una iniciativa en el Congreso para empezar a denunciar? Es una cuestión que es necesario problematizar ante la tregua que estas centrales le han dado al gobierno. Incluso, el sub secretario de educación superior, Luciano Concheiro, ya había expresado que el gobierno no rescataría a las universidades y el propio presidente dijo que no habría aumento presupuestal a la educación superior.
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Por ello se hace necesario romper con la pasividad y con cualquier tregua con el gobierno, pues éste ya demostró que no está del lado de los trabajadores y que tampoco vino a terminar con la herencia del neoliberalismo. Entonces, ¿por qué esperar algo de este gobierno? ¿Por qué no iniciar las movilizaciones de una vez por todas para defender a la educación superior? Esa sería la vía para incluir la voz de los trabajadores en la nueva legislación, porque hasta ahora sólo se ha escuchado la voz de los empresarios.
Medidas para salvar a las universidades
Si las federaciones sindicales se movilizaran podrían realizar diversas exigencias al gobierno del Morena que demostraran que es viable rescatar a las universidades. En primer lugar, lo que se podría hacer es la incautación de los bienes de los corruptos, ya que la quiebra de las instituciones de educación superior, es en parte producto de la corrupción. Por ejemplo, varias de ellas se vieron envueltas en la famosa “estafa maestra”, por la cual se ha juzgado a Rosario Robles, sí, pero no hemos tenido noticia de que se hayan recuperado los recursos para regresárselos a las universidades, tampoco que se haya procesado a los cómplices de Robles por los mismos cargos para recuperar el dinero.
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Otras medidas son el no pago de la deuda externa, al igual que los impuestos progresivos a las grandes fortunas, para que esos recursos se inviertan en salud y educación. También se requiere la democratización de las propias universidades, lo que implica desmantelar su estructura autoritaria construida por los partidos políticos del régimen, en especial el PRI. Sólo así se puede garantizar que no existan autoridades todopoderosas que utilizan ese poder para orquestar los desfalcos, junto con la eliminación de órganos burocráticos como el CONACyT, quien reparte los recursos para investigación según criterios empresariales y no para beneficiar a las mayorías explotadas.
Todas estas medidas son posibles, pero sólo se pueden alcanzar con la movilización del sector universitario, que a su vez se apueste a buscar la más amplia unidad entre los trabajadores de otros sectores quienes también tienen demandas no resueltas. Por eso hacemos un llamado a las y los trabajadores universitarios y a sus organizaciones a sumarse al Movimiento Nacional Contra la Precarización y los Despidos (Monapred). Para impulsar y soldar una gran alianza entre distintos sectores de la clase trabajadora con el fin de defender nuestros derechos y conquistar nuevos, sin esperar nada del gobierno del Morena que no está del lado de los explotados.
