Ley de Cabotaje. Sindicatos y gremios denuncian a gobierno de Boric por proyecto de cabotaje marítimo: “es un ataque frontal contra los trabajadores”

El proyecto de modificación a la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación que en primer lugar fue impulsado por el gobierno de Piñera (2011) con el objetivo de hipotecar las rutas marítimas de soberanía nacional a las grandes firmas trasnacionales, y que hoy el gobierno de Boric busca terminar de implementar como nueva muestra de subordinación a la agenda empresarial, resuena contra un amplio sector de trabajadores que se se desempeñan en el rubro denunciando que una medida como esta “pone en peligro la Marina mercante chilena”.

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Por medio de un comunicado unitario, diversos sindicatos, organizaciones gremiales, colegios de profesionales, federaciones e instituciones afines manifiestan su “enérgica y contraria posición sobre las indicaciones de este gobierno al proyecto de ley” - agregando que - “significaría el exterminio masivo de nuestra Marina Mercante Nacional, dejando sin poder competir a los navieros nacionales y por consecuencia inmediata, dejaría a miles de marinos mercantes sin su fuente laboral, Capitanes, Pilotos, Ingenieros y Tripulantes, y su consecuente perjuicio a todos los gremios de marinos mercantes que desaparecerían y quienes han luchado por condiciones de empleo naviero digno, perdiendo de esta forma años de avances en las negociaciones colectivas, aumentos en las remuneraciones, tiempos de embarco, descansos razonables, etc.”

Entre otras cuestiones denuncian que las nuevas indicaciones a la ley “fomenta que tanto empresas extranjeras que se quieran establecer en Chile, como las ya establecidas navieras nacionales, puedan cambiar casi el 100% de su flota con bandera chilena a bandera extranjera o de conveniencia, para así poder contratar tripulantes extranjeros con mano de obra de menor costo” lo que se traduce a ganancias millonarias para las grandes transnacionales mientras marino mercantes chilenos o extranjeros se someten a peores condiciones de trabajo.

Los organismos firmantes aseguran que este cambio tendría “un impacto desastroso y negativo en varias materias, como son: Fuga de la bandera chilena a extranjera, pérdida del empleo, pérdida de años de avances en negociaciones colectivas, baja en las remuneraciones, desaparición de las instituciones ligadas a la industria, pérdida de las competencias profesionales adquiridas en años que cuesta mucho obtener y muy difícil de recuperar”. Y acusan que este es un “ataque frontal en contra de los trabajadores chilenos, situación que se divorcia con la promesa de este gobierno de proteger a sus trabajadores y profesionales chilenos, por lo que las instituciones más abajo firmantes, realizarán todas las acciones que competan tanto nacionales como internacionales, para evitar que este Proyecto se materialice en la actual condición propuesta”.

Sin embargo, aún cuando el panorama que se avecina solo trae beneficios para el gran empresariado, no es muy diferente en la situación actual, donde 3 familias concentran el cabotaje nacional de forma privatizada: Ultramar Holding de la familia Von Appen, CMC grupo Gen de la familia Urenda y CSAV de la familia Luksic, además de Empremar (ex estatal privatizada en dictadura). Por ejemplo, Oscar Hasbun, gerente general de la compañía sud americana de Vapores (Csav) declaraba en el 2022 que la empresa había vivido el mejor año de su historia con una utilidad de US$5.563 millones, lo que es un salto de 73% respecto al ejercicio 2021. Este resultado se debe al favorable desempeño de Hapag-Lloyd, donde la compañía ligada al grupo Luksic tiene un 30% de participación.

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En cualquiera de los casos los grandes grupos económicos resultan beneficiados mientras una gran masa de trabajadores ve empeorada sus condiciones de vida y la de sus familias, mientras el gobierno de Boric sigue gobernando en los marcos del consenso neoliberal que profundiza el saqueo y regala en bandeja la soberanía nacional a las transnacionales.

Es necesario frenar el avance de esta implementación pero no para que se sigan enriqueciendo los mismo de siempre, es necesaria una salida desde los propios trabajadores que parta por la estatización de las navieras y los puerto, y que ponga como prioridad las necesidades del conjunto de la población y no la de un puñado de empresarios, apostando por un modelo de logística estatal integrado que sea gestionado por los propios trabajadores junto a profesionales para dar una salida de fondo al problema de la conectividad y el transporte.