Educación. Sistema de Admisión Escolar: ¿Quién piensa en las infancias en una "admisión justa"?

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) comenzó a funcionar el año 2015 en el marco de la aprobación de la Ley de inclusión escolar, la que se orientaba a eliminar la capacidad de pago de los apoderados y el rendimiento estudiantil como factores de exclusión de los alumnos.

Las autoridades de la época (Segundo gobierno de Michelle Bachelet), planteaban que mediante la ley de inclusión escolar, y en particular con el SAE, sería “una cuestión de años” para lograr acabar con la segregación social que el antiguo sistema de selección provocaba. Sin embargo, a casi 9 años de su implementación, las cifras demuestran una cruda realidad de segregación.

El medio La Tercera tuvo acceso a las cifras que hasta aquí va dejando el reciente proceso de admisión escolar, específicamente sobre las asignaciones tras el denominado ‘periodo principal’ que se llevó a cabo entre el 2 y el 30 de agosto de este año. Es, concretamente, la etapa más relevante de postulaciones, de la que este año participaron 7.843 establecimientos (en 2023 fueron 7.893), los cuales ofertaron un total de 1.113.257 vacantes.

En dicho proceso participaron 473.482 estudiantes (563.353 lo habían hecho el año pasado), ya sea para cambiarse de establecimiento educacional o bien para ingresar por primera vez a uno. Y de ese total, 52,7% fue asignado a su primera preferencia de postulación.

para el presente proceso de admisión 12,1% fue asignado a su segunda preferencia, 5,1% a su tercera preferencia, 4,3% a su cuarta preferencia o más, 18,6% a su establecimiento de origen al no alcanzar una vacante en alguna de sus preferencias para cambiarse, y 7,3% quedaron sin asignación, lo que se traduce en 34.565 estudiantes sin cupo en esa primera etapa, 8.900 menos que los que se quedaron sin asignación en el mismo periodo de 2023, cuando habían sido 43.465 -8,1% del total de esa vez-.

La educación debe ser un derecho garantizado

Es evidente que a través de este sistema de admisión escolar no es posible generar una real “equidad de acceso”, ni contribuir a disminuir la segregación. Es imposible pensar en un sistema educativo integrador, con los índices realmente vergonzosos de concentración de la riqueza. De ahí que el primer cambio estructural que necesita la educación entregada por el Estado es la redistribución de los recursos, pero eliminando cualquier financiamiento o subvención del Estado a los privados, e inyectando todos esos recursos de manera directa a las escuelas públicas.

Es necesaria la conformación de un Sistema Nacional Unificado de Educación Pública, que integre los distintos niveles educativos, desde la educación parvularia, básica, media y superior, que utilizando los miles de millones de pesos que se van actualmente al mundo privado, asegure la completa gratuidad y el libre acceso, para acabar con las pruebas estandarizadas como el SIMCE y la PAES que, con un marcado carácter de clase, reproducen la segregación.

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