Tras los dichos de Juan Grabois, la ministra Bielsa dijo que hay “necesidades”, pero que los hechos en el Conurbano “tienen otra matriz”.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Martes 11 de agosto de 2020 19:17
Foto: Enfoque Rojo - Zona Sur
Toma de tierras en Guernica
La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, se refirió al tema de las tomas de tierras en el Conurbano. "Entendemos que lo que está sucediendo con las tomas tiene que ver con situaciones más delictivas que reales", aseguró, ante periodistas en Casa Rosada.
La funcionaria respondió así, aunque sin mencionarlo, al dirigente social Juan Grabois, quien había dicho que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar” en el Conurbano y en otras partes del país. Este dato se suma al aumento de las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ambos indicadores del avance de la crisis al calor de la pandemia.
"No cabe ninguna duda que existen necesidades”, admitió Bielsa, pero (las tomas) “han tenido que ver con situaciones delictivas". "Aconsejamos siempre que se busque una salida consensuada, en la que nosotros podamos apoyar el financiamiento de programas que vengan a resolver la cuestión”, agregó.
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¿Qué sería una salida consensuada para las autoridades del Gobierno? A fines de julio la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, desalojó a 36 familias en el barrio Los Eucaliptus junto a la infantería de la Policía Bonaerense. Pasaron con topadoras por encima de las viviendas. Vecinos protestaron con cortes de calle y se generó un amplio repudio de organizaciones sociales y políticas.
La ministra informó que hay 120 mil personas anotadas y 5 millones de consultas en el relanzamiento del programa Procrear. Detalló que "en 15 días habrá un sorteo, porque ese seguirá siendo el mecanismo para dar transparencia" según Télam, pero no explicitó cuántas personas serían beneficiadas.
Problemas estructurales, resoluciones superficiales
Las declaraciones de Grabois tuvieron lugar mientras se realizaba la reunión del Gabinete de Planificación Urbana y Hábitat. Según Télam el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que dicho gabinete intermininsterial, tiene el objetivo "resolver uno de los problemas centrales" del país, como es la urbanización de los 4.000 barrios populares donde viven 4 millones de "argentinos hacinados".
"Los pibes de los barrios se quieren ir a la mierda. No quieren vivir más así, con la contaminación y el hacinamiento, la falta de cloacas. ¿Por qué no podemos repoblar el territorio, que fue arrasado por el patrón del agronegocio, que es criminal desde el punto de vista social y ambiental?”, aseguró por su parte Grabois. Hasta el momento el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a afectar la gran propiedad ni siquiera con un impuesto a las grandes fortunas. La reculada con la expropiación de Vicentin es un ejemplo de la poca decisión del Gobierno de afectar los intereses del agronegocio.
Grabois habló de "trabajo mínimo garantizado": "son 4 millones de puestos de trabajo que proponemos. Son puestos de trabajo de 40 horas mensuales por un salario que hoy estaría en 11.500 pesos. Incluye 4 mil modelos que van desde pintar escuelas en Villa Fiorito hasta desarrollar centros de reciclado en Almirante Brown o Córdoba”.
La "urbanización de los 4.000 barrios populares es uno de los desafíos que tiene la Argentina para los próximos 10 años, que deberá empezar ahora y que deberán seguir los gobiernos que continúen", aseguró Arroyo. Como bien sostiene el ministro el tema de la vivienda y la crisis habitacional es un "problema estructural". Esto da cuenta de que ningún gobierno tomó las medidas de fondo necesarias para resolverlo y por eso persiste y se agrava con la pandemia.
Arroyo desde hace tiempo sostiene en los medios que la idea del Gobierno para la post pandemia, es la implementación de subsidios ligados a trabajos de urbanización en provincias y municipios a través del Potenciar Trabajo. Llegó a hablar incluso de "Ingreso Base", tomando la idea una "Renta Básica Universal", aunque nunca precisó concretamente el alcance de la medida y el monto.
No está claro si continuará con el IFE de 10.000 pesos, que viene siendo entregado por grupo familiar con una frecuencia casi bimestral. Uno de los argumentos que plantea el mismo Gobierno para justificar los límites de estas políticas, es la situación en que se encuentra el país por el "endeudamiento macrista".
"Las villas intuitivamente crecen siempre, y sobre todo, en momentos de recuperación económica, pero la población en situación de calle es la que verifica crecimientos muy altos en situación de crisis", sostuvo en diálogo con Se Tenía Que Decir, Pablo Vitale, Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
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Vale preguntarse qué tan realista es pensar planes para resolver el problema de la vivienda a largo plazo, sin romper con el mecanismo de saqueo de la deuda externa, mediante un desconocimiento soberano. El Gobierno no solo acaba de cerrar un acuerdo de reestructuración con los bonistas privados. Por delante le espera la negociación con el FMI, que al igual que en otros países “presta su ayuda” a cambio de medidas de ajuste.
