Sismo 19-S. Slim anuncia donaciones de más de 2 mmp a través de recibos Telmex

En una conferencia de prensa que simulaba ser la de un jefe de Estado, el millonario Carlos Slim Helú indicó que 217,000 donadores aportaron a través de sus recibos telefónicos Telmex y los recursos serán auditados por Ernest & Young, que informará mensualmente sobre los avances de la reconstrucción.

La iniciativa “México Unido” de la Fundación Carlos Slim, impulsada después del primer sismo que azotó a México, el 7 de septiembre, hasta ahora, ha entregado víveres, colchonetas, cobertores y medicamentos en 69 municipios del país.

El empresario aclaró que las aportaciones de Telmex, Telcel y Carso se brindaron de forma gratuita, desde las llamadas y mensajes libres hasta la maquinaria de construcción.

También añadió que durante la emergencia hubo "ausencia de líderes políticos". Sin embargo, aprovechó para destacar la labor coordinada entre el gobierno federal, junto con empresas y el Grupo Carso para liberar servicios de manera gratuita, y lograr una baja en la inflación durante la segunda quincena de septiembre. Lo que hay que matizar es que estas cifras han alcanzado niveles históricos desde principios de año, causando estragos para millones de familias de trabajadores en todo el país.

Contrasta su discurso, luego de que sus declaraciones pasadas haya calificado como “suficientes” los 120 mil pesos por familia para el caso de estados como Oaxaca con pérdida total de vivienda, donde hay casos de familias numerosas para los que se contemplan viviendas de dos cuartos con baño y cocina.

Entre las acciones tomadas por el empresario para “la reconstrucción” tras los sismos del mes de septiembre, puntualizó; la ayuda humanitaria para damnificados de los sismos 7 y 19 de septiembre, protección estructural al patrimonio cultural en riesgo, reconstrucción y renovación de centros de salud y escuelas en coordinación con el gobierno federal y estatales.

Slim hizo referencia a los impactos en la economía mexicana como producto de este programa de reconstrucción, donde se anuncia una activación de la economía por medio de “nuevos empleos para la tarea de reconstrucción en las zonas afectadas”. Sin embargo, añadió que estos empleos serán de tipo local para contratar mano de obra.

¿La reconstrucción debe estar en manos de una elite?

Casos como la apropiación de despensas por parte de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, el profundo cuestionamiento a las prácticas de corrupción de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y la amplia participación social, en especial juvenil, en las labores de rescate y ayuda desde el primer momento son los factores que impulsaron la creación de #Epicentro.

La iniciativa de que exista una fiscalización pública de los fondos de la reconstrucción es totalmente legítima. Lo que hay que debatir es qué sectores pueden realizarla en interés de las familias damnificadas y de la mayoría de la población.

Como se observa en el detalle de qué organizaciones integran la plataforma #Epicentro, se trata en su mayoría de organizaciones de académicos y profesionistas, y de un notorio agrupamiento de empresarios, la Coparmex, que ha cuestionado en distintas oportunidades escándalos de corrupción del gobierno de Peña Nieto.

Entre las empresas asociadas a Coparmex se cuentan Grupo Bimbo, Manpower, FEMSA, Grupo Modelo, Roche, ExxonMobil, Telmex, Wal-Mart, Johnson Controls, Pepsi, entre muchas otras. Se trata de trasnacionales, algunas nativas de México y muchas extranjeras, y también hay otras que operan sólo en territorio nacional.

Todas acumulan enormes ganancias gracias a la aplicación de la reforma laboral que legalizó la subcontratación y el recorte de prestaciones, también gracias a los bajos salarios que lograron imponer. Algunas de estas empresas incluso han protagonizado escándalos de corrupción, como el caso de Wal-Mart, que gracias a una “negociación” con el entonces director del Instituto de Antropología e Historia, Sergio Raúl Arroyo García, obtuvo el permiso para construir una Bodega Aurrerá en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, lo que implicó la pérdida de patrimonio arqueológico.

Es así que en realidad la Coparmex -en tanto agrupamiento de empresarios y CEO’s cuyo único interés es el afán de lucro y edificar millonarias fortunas personales sobre la base de la explotación de las mayorías- no es en absoluto confiable para controlar los fondos de reconstrucción.

Más aún: el secreto comercial y el ocultamiento del manejo de las finanzas públicas que es parte de la “normalidad” de este sistema de explotación y la opresión, ante una tragedia como el sismo revela su carácter reaccionario en toda su magnitud.

Es necesario que las centrales sindicales y sindicatos que se reivindican democráticos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otras, y organizaciones de derechos humanos, así como políticas y sociales alineadas con la clase trabajadora y los sectores populares, con las familias damnificadas al frente, impulsen la más amplia movilización de trabajadores sindicalizados y precarios, de mujeres y jóvenes, para abolir el secretismo en el manejo discrecional de las finanzas públicas y los fondos de reconstrucción.

Junto a profesionistas solidarios con las familias damnificadas, los trabajadores y la juventud, deben abrir y fiscalizar los libros contables gubernamentales y empresariales, para determinar con qué fondos se cuentan para la reconstrucción, y poder definir cuántos recursos son necesarios para que en ninguna población, por más alejada que esté de la zona metropolitana, falten viviendas dignas, escuelas, hospitales, inmuebles y vías de comunicación seguros.

Sólo las familias damnificadas y la clase trabajadora, junto a la juventud y los sectores populares, organizados por centro de trabajo, de escuela o por colonia, pueden llevar a cabo una reconstrucción urbana y rural racional en el marco de un plan de obras públicas que satisfaga las necesidades sociales, bajo control obrero y popular, que incluya la creación de puestos de trabajo con prestaciones y salarios que cubran el costo de la canasta básica y sean ajustables por inflación.