Se difundieron cifras de aumento de la producción de YPF en momentos que el oficialismo se apresta a votar una nueva Ley de Hidrocarburos que profundizará la explotación de las petroleras imperialistas
Pablo Anino @PabloAnino
Sábado 18 de octubre de 2014
La producción de YPF, tanto en petróleo como en gas, creció por encima de 10% en los dos primeros años de gestión de Galuccio tras la expropiación parcial de la compañía.
De esta forma, se revirtió la tendencia al declive que se registró hasta mayo de 2012 cuando la petrolera estaba bajo el mando de Repsol.
En lo que va de este año YPF exhibió un crecimiento interanual de 6,72% en petróleo y de 9,34% en gas.
De acuerdo a la agencia Télam el aumento de la producción de YPF permitió mejorar la balanza comercial en U$S 3.695 millones gracias a la sustitución importaciones de gas natural licuado (GNL) por U$S 732 millones en 2013 y U$S 1.134 millones este año. Por su parte, la sustitución en la importación de naftas, gasoil y fueloil, registró un ahorro de U$S 913 millones el año pasado, y U$S 916 en 2014.
La presentación de datos de la petrolera semi nacionalizada (recordemos que el multimillonario George Soros es accionista) pretende ocultar la crisis energética.
No obstante el aumento que presenta YPF, la producción nacional de hidrocarburos sigue en declinación.
Es que YPF sólo extrae alrededor del 35% del petróleo y 30% del gas. La mayoría de hidrocarburos son extraídos por empresas imperialistas que tienen la misma actitud rapaz que Repsol sobre los recursos naturales.
Considerando a todas las empresas la extracción de gas cayó 8% cuando se comparan los ocho primeros meses de 2014 con el mismo período de 2012. En cuanto al petróleo, la reducción es de 4%.
La crisis energética le cuesta al país una gran cantidad de dólares por importaciones: u$s6 mil millones se irán este año por el déficit energético.
El gobierno hace gala de las cifras de la YPF semi nacionalizada al mismo tiempo que prepara la votación de la nueva Ley de Hidrocarburos que profundizará la entrega a las petroleras imperialistas.
El próximo martes funcionarios del gobierno junto con el CEO de YPF expondrán los fundamentos de la ley en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.
La ley ya fue votada en el Senado el pasado 8 de octubre. El oficialismo aspira a sancionarla en diputados el próximo 29 de octubre.
La elaboración del proyecto de la nueva ley estuvo atravesada por fuertes fricciones entre gobernadores y las autoridades nacionales que disputan cuotas de apropiación de la renta petrolera.
El proyecto de ley elimina el acarreo, establece una tasa inamovible e igualitaria de 3% para el pago de ingresos brutos en todas las provincias, suprime los límites a la cantidad de áreas concesionadas a cada empresa y reduce el monto de inversiones requerido en relación al fijado en el decreto que habilitó el acuerdo con Chevron. Las provincias recibirán una parte mínima de los montos de las inversiones originales mientras el Estado Nacional les aportará fondos para obras de infraestructura.
La nueva ley también reduce la tasa de acumulación del canon que la concesionaria paga en caso de prórroga durante la etapa de exploración y extiende los plazos de concesión mucho más allá que lo establecido por la privatización menemista. Además, estabiliza las regalías en el 12% con criterios para la aplicación de reducciones y subas. Por último, agrega la libre disponibilidad del 20% del crudo extraído en los yacimientos convencionales y no convencionales para ser exportado, mientras que en la explotación offshore la libre disponibilidad trepa al 60%.
Las petroleras imperialistas extraerán plácidamente con enormes beneficios mientras contaminan con la aplicación de la fractura hidráulica (fracking).
La entrega de los recursos hidrocarburíferos, con Vaca Muerta como emblema, es la gran esperanza de todo el régimen capitalista. En sentido opuesto, el Frente de Izquierda y los Trabajadores presentó su proyecto de hidrocarburos alternativo. Partiendo de la denuncia del proyecto oficial, que establece la prórroga de la jurisdicción a los tribunales de Estados Unidos y Francia (lo que abre el camino a nuevos Griesa), propone la nacionalización de toda la industria de petróleo y gas bajo el control de los trabajadores, para que no sean funcionarios carreristas, sino los trabajadores, junto a la comunidad y a los pueblos originarios desplazados por las petroleras, los que definan qué hacer con los recursos naturales.
Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
