EDUCACION. Sobre el presupuesto educativo y la educación de adultos (1era parte)

Una y otra vez la situación de la educación se pone en debate y desde diferentes sectores se lanzan análisis sobre la "crisis educativa". Todos opinan sobre calidad, inclusión, igualdad de oportunidades, violencia, entre otros temas de moda. El Gobierno Nacional lanza anuncios hablando de inclusión mientras, en realidad, implementa planes educativos precarizados. A su vez la oposición derechista, que hace gala de un supuesto "pasado de gloria de la educación”, defiende un modelo elitista, meritocrático y, en última instancia, excluyente.

El gobierno “nacional y popular” se jacta de invertir lo que nunca puso en las escuelas: el presupuesto para educación y cultura en Argentina durante el período 2005-2012, luego de un leve crecimiento por rebote hasta el 2009, se encuentra estancado en torno al 5% del PBI. Además, cabe señalar, el grueso de la inversión consolidada nacional para educación y cultura sigue estando a cargo de las provincias (70%), profundizando aquello que con discursos dicen enfrentar: la política noventista de descentralizar financieramente la educación y de este modo las agudizar las desigualdades. El Gobierno Nacional no ha cambiado una coma de la política de desentenderse del financiamiento educativo federal, inaugurada con las transferencias de la dictadura y profundizada con la Ley de Transferencias de Servicios Educativos del menemismo.
En los hechos, el Estado Nacional sólo se encarga del financiamiento de las Universidades Nacionales, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y algunos programas educativos (Fines, becas, capacitaciones, infraestructura, netbooks, entre otros). El factor común a todos ellos es el ajuste y la precarización laboral. El Fonid, única suma que le paga a los docentes de todos los niveles el Estado Nacional se cobra en negro y se encuentra congelado desde el 2011. El plan Fines II es el otro gran ejemplo, que analizaremos en la presente nota.

Crisis de la Educación de jóvenes y adultos
La LEN (2006) dispuso la obligatoriedad del nivel medio. Sin embargo más de la mitad de la población joven y adulta no terminó el nivel secundario. Según datos del Censo 2001 había 14 millones y medio de trabajadores y trabajadoras que no habían terminado el nivel medio. El siguiente Censo (2010) marca que bajó el porcentaje al 55% de la población joven o adulta, pero en términos nominales sigue habiendo la misma cantidad de personas que están marginadas de las titulaciones “mínimas” que exige, hoy en día, el mercado laboral. Eso sí, a la hora de despedir o precarizar a la juventud los títulos tampoco sirven de mucho: los egresados 2014, pueden ser los desocupados 2015.

El dato que complementa es que casi la mitad de los trabajadores del país está en la informalidad; y en los jóvenes, de entre 15 y 24 años, incluso llega al 61,6% según cálculos de la OIT en base a datos del propio Indec. Las condiciones de vida y las jornadas laborales interminables, rotativas y precarias atentan contra la continuidad de los estudios. Pero también la falta de perspectivas laborales dignas es un gran desaliento para los jóvenes estudiantes terminen sus estudios.

Pretenden emparchar esta situación con la creación de un programa de terminalidad de la secundaria: el Plan Fines. Su primera etapa consistió en un dispositivo 8 clases y un examen para poder aprobar materias adeudadas, así se egresaron los primeros 500 mil estudiantes. Con estos resultados en mano avanzaron con la segunda etapa, una secundaria completa para jóvenes y adultos con una cursada reducida a dos o tres días por semana, dependiendo de la jurisdicción: el Plan Fines II.

Títulos devaluados
En el 2010 sólo había 500 mil estudiantes jóvenes y adultos que asistían a algún establecimiento educativo para continuar con sus estudios. Entonces el Gobierno Nacional inventó otro parche para tapar la realidad: el Plan Fines 2, una política para mejorar los indicadores educativos a bajo costo. Se reparten títulos secundarios sin asegurar las condiciones de enseñanza y de aprendizajes mínimas.

Parecen confundir el derecho a la certificación y el derecho a la educación, si bien ambos son legítimos, el cumplimiento de uno no necesariamente implica el del otro. El Plan Fines 2 está enfocado en el primero pero presentan graves falencias para asegurar el derecho a la educación.

Bajo el discurso de la inclusión social y educativa se esconde también la naturalización de la desigualdad. Quieren hacernos creer que la única forma de que un obrero termine sus estudios es que siga laburando 8, 10 o 14 horas por día mientras hace una cursada reducida hasta el mínimo en el tiempo y en contenidos. De esa forma no se cuestionan las condiciones de explotación en la que se ven sometidos los sectores más oprimidos de la clase trabajadora, que, como ya vemos, al primer indicio de crisis pretenden despedir, como demuestra la ya histórica lucha de los trabajadores de Lear.

Mientras hablan de educación popular e innovación pedagógica los planes de estudios son los mismos que en la década menemista salvo que se le encarga a cada docente adaptarlo a una cursada cuatrimestralizada y reducida en carga horaria. Además existe una importante fragmentación jurisdiccional. Por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires se reduce la cursada a sólo dos días reduciendo a la mitad la carga horaria de cada materia. Por su parte en la Ciudad de Buenos Aires la carga hora se mantiene, pero comprimida en un sólo cuatrimestre y con un cuarto del tiempo optativo, bajo formato de tutorías.

La experiencia de los docentes de adultos marca que la presencialidad es central para asegurar el seguimiento y acompañamiento de estudiantes que ya han sufrido la exclusión del sistema educativo. La reducción de la carga horaria de cada cargo para estar frente al curso y otras tareas educativas constituye un ataque a los derechos laborales y al derecho a la educación.

Si bien no se puede plantear una relación mecánica entre días de clase y apropiación de conocimientos; en este caso se combina con pésimas condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existe la materia informática dentro del plan de estudios, pero contradiciendo su discurso de inclusión los estudiantes de Fines 2 no están incluidos en el Plan Conectar Igualdad, por lo tanto los docentes deben enseñar en el pizarrón qué es una computadora, cómo usar un procesador de textos, cómo se busca información por Internet, entre otros conocimientos básicos para la sociedad actual.

Es necesario plantear el problema del recorte de horas y contenidos junto con las condiciones reales de adquisición. Si no hacemos el planteo de forma conjunta caeríamos en una lógica mecanicista de “más días de clases, más educación” que no hace más que darle la derecha al gobierno en cuanto a criticar los días perdidos por paros docentes, cuando el problema es sólo cuánto, sino también cómo y para qué.

Mientras el Gobierno sólo busca, a bajo costo, hacer campaña electoral, nosotros/as planteamos que cualquier adaptación del plan de estudios para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes debe ser definido por los profesores y estudiantes, de ahí la exigencia de un Congreso Pedagógico Nacional, de manera que los docentes puedan efectivamente desarrollar las mejores propuestas educativas posibles según los intereses de los trabajadores y el pueblo oprimido. A su vez es necesario un plan de construcción de establecimientos adecuados a fines educativos, un plan de becas específico, netbooks y materiales didácticos para que los estudiantes cuenten con el tiempo y los recursos necesarios para retomar y finalizar sus estudios obligatorios.