Educación. Sobre el presupuesto educativo y la educación de adultos (2da parte)

Plan Fines II: un programa que innova, en las formas de precarizar educación

El Plan Fines no crea nuevos cargos docentes, no realiza apertura de nuevos establecimientos educativos, y además delega en la comunidad gastos de infraestructura y administración. Con estilo clientelar y sin perder la oportunidad para hacer proselitismo oficialista, se creó una estructura express, paralela y precaria de educación de adultos. Este año las distintas modalidades de Plan Fines han llegado a las 5000 sedes, muchas de los cuales son unidades básicas, iglesias u ONGs que, desde ya, no tienen la infraestructura mínima necesaria para fines educativos.

Además cuentan con 63 mil docentes contratados precariamente, 1.790.000 estudiantes inscriptos que habían abandonado sus estudios y unos 513 mil egresados. La inversión realizada desde 2009, año en que comenzó su funcionamiento, hasta diciembre de 2013 fue de sólo 385 millones de pesos, es decir 77 millones por año, una verdadera ganga.

Para desarrollar este programa, el Estado nacional aporta los magros fondos y es implementado en acuerdo con cada jurisdicción junto a organizaciones políticas, sindicatos, la Iglesia y ONGs, cuestión que está habilitada por la Ley de Educación Nacional, como parte de su continuidad noventista: la descentralización. La forma de contratación por cuatro meses, el cobro a destiempo y la poca transparencia en la designación de los cargos es lo que permite, por medio del miedo, disciplinar a la docencia. Son numerosas las denuncias de ceses discrecionales por adherir a paros o incluso por quebrarse una pierna.

Esta combinación de gran arco político patronal, aval de la conducción Celeste de CTERA y prácticas de persecución sindical, es lo que ha permitido que la precarización y el vaciamiento de la educación de adultos haya avanzado tanto.
Desde el Ministerio de Educación encabezado por Alberto Sileoni arman el relato de la inclusión, y quieren hacer pasar educación precaria por educación popular. Sin sonrojarse afirmó Sileone a Télam en abril de este año: "Nada sabe de educación de adultos quien cree que por tomar clases en un club, una iglesia o un sindicato, o contar con horarios más flexibles a la vida laboral y familiar de un adulto se está educando peor o con menos exigencia”. Se usan argumentos del viejo discurso sarmientino que entiende a la carencia de educación como la fuente de las desigualdades sociales y se sostiene, entonces, que la extensión de la acreditación es garantía de igualdad. Se proclama que “todos ustedes pueden ser abogados, médicos, profesores”, mientras que no es parte del programa la vinculación con estudios superiores, brecha muy difícil de saldar sin políticas orientadas a tal fin.

Quieren hacernos creer que un docente precarizado que no llega a fin de mes y le pagan con varios meses de retraso, sin vacaciones ni obra social puede hacer una mejor propuesta pedagógica que un docente con estabilidad.

Quieren hacernos creer que un cuarto sin sanitarios, biblioteca ni computadoras es más inclusivo que una escuela de adultos. Se dice que los CENS son expulsivos pero no se cuestionan la falta de inversión para la construcción de los establecimientos educativos que faltan en los barrios más humildes.

Organización y lucha contra el vaciamiento de la educación de adultos

Pero toda esta crítica es mero discurso si no partimos de la necesidad central de organización de los docentes y estudiantes del plan contra el vaciamiento y la precarización de la educación pública de adultos que implica el Plan Fines II.

Estas demandas tienen que ser tomadas e impulsadas por los sindicatos docentes y, en primer lugar, por las direcciones, seccionales y agrupaciones opositoras. No alcanza con meras denuncias periodísticas. Si se naturaliza este ataque se abre una brecha para que el Gobierno Nacional y los jurisdiccionales puedan avanzar sobre el resto del sistema educativo. Por esto es importante para el conjunto de los trabajadores de la educación terminar con la precarización de estos programas, avanzando en la plena vigencia de los derechos estatutarios, con estabilidad laboral, vacaciones, licencias, e ingreso a los cargos por concursos públicos transparentes, para terminar con las arbitrariedades, contemplando concursos protegidos para que ninguno de los actuales trabajadores del plan se quede sin trabajo.

Más de la mitad de los jóvenes y adultos de nuestro país no terminaron la secundaria. No proponemos entonces dejar el sistema educativo de adultos tal como estaba antes de 2009, sino que planteamos la necesidad de pelear para que el Estado nacional se haga responsable de las condiciones de trabajo y cursada: invirtiendo para garantizar la plena vigencia de todos los derechos; por una educación que se adecue a las necesidades de los estudiantes, pero sin recortar contenidos.

Para eso es necesario que el Estado nacional también financie planes de becas específicas y netbooks, construyendo escuelas en los lugares de trabajo y en las barriadas obreras y populares, con planes de obras públicas, bajo control de los trabajadores.

Para finalizar, no podemos dejar de señalar que las problemáticas educativas no pueden pensarse por separado de la condiciones del conjunto de la clase trabajadora. Es en las escuelas donde se concentran el conjunto de las penurias sociales. Por eso no alcanza con un reclamo parcial, porque en las casas en donde no se llega a fin de mes o se está desocupado la educación no puede garantizarse como prioridad, ni como horizonte.

Insistimos en la necesidad de un movimiento en defensa de la escuela pública que desarrolle y amplíe la unidad de los docentes con los trabajadores y estudiantes, para pelear juntos, como se había empezado a expresar en los paros provinciales de marzo en lugares tan disímiles como Buenos Aires, Salta o Mendoza, y se prepare para derrotar esta nueva ofensiva de ajuste del gobierno nacional y la oposición patronal.