OPINIÓN. Sobre impunidades, responsables políticos y cómplices

Cada vez que nos enteramos de nuevos casos de brutalidad policial, todo nuestro cuerpo grita: “¡no es un paco, es toda una institución podrida!”, “¡cómo puede ser que Piñera siga en el poder!”, “¿de nuevo sólo una acusación constitucional, es broma?”, “¡nadie se suicida en una comisaría!”. Y la lista suma y sigue. Sabemos que esto no cayó del cielo, que se trata de una pesada herencia y que hay responsables políticos que la están sacando barata.

Al respecto, hay tres momentos que debemos analizar. El primero es el pasado reciente. Todos lo sabemos. El responsable político número uno de la represión sistemática y su saldo en asesinados, mutilados, miles de encarcelados sin pruebas, es Sebastián Piñera, quien no desaprovecha la oportunidad para pronunciarse respaldando a Carabineros cada vez que se produce un escándalo de brutalidad policial. Y si Piñera sigue ahí es por el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. A estas alturas, ya nadie puede rebatir que ese acuerdo fue visado por los dueños del país para salvar al gobierno de Piñera. Así lo han dicho políticos como Mario Desbordes, Jacqueline van Rysselberghe, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, entre otros. Y junto con esto, el otro objetivo central era asegurar la impunidad a los represores.

El Frente Amplio al firmar el Acuerdo esperaba aplausos y homenajes. Pero cuando lo que más llegaban eran insultos, tuvieron que aclarar que el acuerdo no aseguraba la impunidad y que lo iban a demostrar. Pero los hechos son incuestionables: el general Mario Rozas se mantuvo tranquilo durante un año más en su cargo y hoy sigue sin juicio y en total libertad. Por si fuera poco, lo reemplazó Ricardo Yáñez, ex jefe de orden público al mando de las Fuerzas Especiales en los momentos más oscuros de la represión.

Además, la mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio votaron a favor de la Ley Antibarricadas y por eso son responsables también de que hoy Carabineros -justo en su momento de mayor crisis y repudio masivo- cuente con más herramientas represivas que antes del estallido.

Pero hay un pasado menos reciente y tiene que ver con la aprobación de la ley de control de identidad preventivo. Antes de ver los responsables, veamos el balance en cifras. Y es que Chile tiene un nuevo record: uno de los países que más controles de identidad realiza en el mundo. Sólo el 2019 se hicieron 5,4 millones de controles de identidad. Y hasta septiembre del 2020 ya iban 5,6 millones realizados. La mayoría, por supuesto, en comunas periféricas. El abogado Mauricio Duce planteaba hace unos días en El Mercurio que hace dos años “teníamos 282 controles por cada mil habitantes; Reino Unido, en general, hace 7 controles por cada mil habitantes”.

El responsable de tamaño orgullo nacional es el gobierno de la Nueva Mayoría, continuidad de la ex Concertación que mantuvo intacto las instituciones represivas heredadas de la dictadura. Bachelet tiene un saldo represivo incuestionable como los mapuche Matías Catrileo y Johny Cariqueo, Rodrigo Cisternas y Jaime Mendoza Collío.

Pero fue en su segundo gobierno -donde el Partido Comunista ofició de defensor oficial frente a los críticos de la DC- cuando se votó el control preventivo de identidad. En boca de su presidenciable Daniel Jadue, el PC ha dicho que siempre estuvo en contra de esta medida. Sin embargo, entre quienes firmaron la formulación final de la ley que estableció el control de identidad preventivo, aquella que fue aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en agosto de 2015, se encuentra Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista.

Y, por fin, debemos analizar el presente. Develar las responsabilidades políticas sirve no sólo para afilar la memoria, sino también para comprender correctamente las tareas urgentes para combatir la represión y la impunidad. La conclusión de esta breve reseña es concisa: nunca se ha derrotado la represión ni la impunidad con medidas testimoniales ni frases para la galería. Sólo podemos confiar en nuestra movilización.

Una de las debilidades del movimiento popular en Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es que no existe un movimiento de masas en contra la represión y la impunidad. Y la experiencia histórica es clara: no hay combate a la impunidad sin que cientos de miles llenemos las calles. Sin embargo, luego del 18O la indignación ante cada caso de brutalidad policial es masiva y transversal, la legitimidad de acciones de respuesta y movilización es enorme y las crisis que generan a nivel político es sintomática.

Estoy convencido de que una de las razones centrales de esta paradoja es que los partidos y organizaciones que dirigen las principales organizaciones sindicales y sociales (únicas capaces de articular un movimiento democrático a la altura de las necesidades), se rehúsan sistemáticamente en apostar por la movilización de masas. La ecuación es dejar que se desarrollen movilizaciones dispersas y luego presentar mociones parlamentarias testimoniales o imposibles de aprobar.

Pero no hay nada que impida que organizaciones como la CUT, Unidad Social, Colegio de Profesores, No más AFP o la Coordinadora 8M, convoquen a un bloque común para una gran movilización unitaria, junto a asambleas territoriales, artistas, organismos de Derechos Humanos. Tampoco hay nada que impida que las listas del apruebo, que se han pronunciado contra la represión, se la jueguen por esta perspectiva. Una movilización así, con un plan de lucha, permitiría exigir justicia para Francisco, y por el juicio y castigo tanto contra los responsables directos y políticos como Rozas, Delgado y Piñera, avanzar en la lucha por anulación de las leyes represivas como la Ley de control de identidad preventivo, la infame ley anti barricadas, abrir un nuevo marco para la lucha por la libertad de los presos políticos, y encaminar la batalla por la disolución de carabineros, esa nefasta institución criminal contra el pueblo y para defender el orden del viejo régimen y de los grandes empresarios y ricos del país.