Cuando en 2014 comenzaron los cursos a las policias locales, advertimos acerca de los peligros de que la Universidad de Lanús legitime a las fuerzas de seguridad. A la vista de los acontecimientos, se hace necesario un debate con las corrientes que lo celebraron como un triunfo.
Miércoles 5 de abril de 2017 12:48
La importante movilización del día de ayer, convocada por el MTE en repudio a la represión contra uno de sus comedores en Lanús, contó con la participación miles de personas de todo el arco político opositor al macrismo. Desde la Secretaría de Género y Diversidad del CESACO nos pusimos a disposición de las acciones que decidiera impulsar el MTE y desde el primer momento y expresamos nuestro repudio.
Es desde este lugar de solidaridad y con el objetivo de que paguen los responsables políticos y materiales de la represión que nos parece importante realizar un debate sobre el rol que vienen cumpliendo las llamadas “policías bravas” en los barrios de Lanús (y del Conurbano en general) no sólo desde que asumió la intendencia Néstor Grindetti del PRO, sino desde mucho antes.
Pareciera que muchos se están enterando ahora los atropellos permanentes que sufren los pibes en los barrios populares y salen con los tapones de punta a pedir la cabeza de Diego Kravetz, actual Secretario de Seguridad de Lanús pero otrora legislador del FPV. El operativo que él dirigió lo desarrollaron fuerzas de la policía local, que fundó el ex gobernador Daniel Scioli y que fueron su “caballito de batalla” durante la campaña electoral de 2015 donde no paró de hablar de mano dura y de fortalecimiento del aparato represivo. En Lanús, la intendencia PRO recibió con los brazos abiertos esta herencia del kirchnerismo.
Por eso son, cuanto menos, cínicas las palabras de Ezequiel Barrueco, referente del Movimiento Eva Perón y estudiante de la carrera de Trabajo Social de la UNLA, que dice que el accionar represivo de las policías locales ha “crecido durante este gobierno”. Lo decimos porque durante el kirchnerismo también se asesinaba a un pibe cada 28hs en los barrios y se reprimió la protesta social en innumerables luchas. No se puede hacernos creer que se vivía en el mejor de los mundos posibles y en dos años se ha descendido a “niveles preocupantes”. Sobre todo cuando los kirchneristas fueron los principales impulsores de fenomenales lavadas de cara de la fuerzas de seguridad. En nuestra Universidad se llegó al punto de darles cursos a esa misma policía que la semana pasada irrumpió a los tiros adentro de un comedor.
Esta capacitación a las policías locales se desarrolló en la UNLA de manera antidemocrática e inconsulta. Fue la rectora Ana Jaramillo quien decidió el comienzo de estos cursos, en común acuerdo con Daniel Scioli y el ex intendente Daniel Díaz Pérez, ambos dirigentes del Frente Para la Victoria. Esto no es menor, dado que el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades públicas está prohibido por la Ley de Autonomía Universitaria, una ley que sólo había sido violada durante las dictaduras militares y que volvió a regir en nuestro país recién con el retorno de la democracia en 1983. El incumplimiento de dicha ley también se expresa en la injerencia del poder político (la gobernación y la municipalidad) en los contenidos educativos de la institución.
Los cursos de Derechos Humanos fueron inaugurados por el propio Daniel Scioli cuando todavía era gobernador de la provincia. El “plan de estudios” consiste en 19 materias orientadas hacia prácticas en la vía pública y al patrullaje ¿Será allí donde los uniformados aprendieron a tirar gas pimienta adentro de ollas de comida, a desparecer menores durante horas para finalmente largarlos en Quilmes después de fajarlos y sin dar aviso de su paradero a los familiares? Es destacable también que entre los mentores de los cursos se encontraba Ana Clement, ex Secretaria Académica de la UNLA. Dicho personaje fue parte del gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia en tiempos de Duhalde, en la época en que la Bonaerense asesinaba a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán. A cargo de personajes de esta talla fue encargado el contenido de la formación de la policía local.
Para nosotros no es solo un problema de la injerencia de los poderes políticos de turno en los contenidos que se dictan en las universidades, sino centralmente denunciamos que nuestra casa de estudios no podía ponerse al servicio de lavarle la cara a las fuerzas represivas. Un aparato intrínsecamente corrupto, que se financia con el robo y la trata de personas, que amedrenta a la juventud y la persigue, no va a refrenar su matriz represiva porque reciba un curso en derechos humanos. La ilusión de depurar a la policía mediante una educación mas estricta se estalla contra la realidad de un grupo de policías locales encerrando a unos pibes dentro de un patrullero y tirando gas pimienta adentro.
Ese nivel de sadismo emana de las impunidades inherentes al abuso de poder que impregnan a todas las fuerzas represivas. Celebrar como como avances en democratizar y humanizar a las fuerzas, decir que es preferible que se DDHH en la universidad que lugar de la Bucetich, que para combatir lo que es la policía el mejor lugar eran las universidades, que se dicten carreras como seguridad ciudadana y quieran hacer pesar la idea de "el servicio social" de la seguridad como victorias populares, como lo hizo la gestión kirchnerista de la UNLA, solo legitima esas fuerzas de cara a la sociedad. Tarde o temprano esa legitimidad alimentará la impunidad con que se manejan. Fue lo que vimos la semana pasada en Villa Caraza. Y que ya habíamos denunciado el rol de estos "graduados" cuando recientemente agredieron a un compañero estudiante de nuestra universidad.
Por eso pensamos que es necesario que los estudiantes renovemos nuestro repudio a las maniobras de las corrientes que retacean sus principios en función de si están o no con los pies adentro de la municipalidad. La pelea por el castigo a los responsables políticos y materiales de la represión tiene que ir acompañada adentro de la UNLA por la exigencia de que no utilicen nuestra universidad como barniz para sus instituciones corruptas y represivas.
