Educación. Sobre llovido, mojado: ajuste en la formación de la clase obrera

El conjunto de los cambios impulsados a través del DNU y las metas de fuerte ajuste fiscal para los años venideros determinan el rumbo del gobierno de Milei en educación. Tanto el DNU como el proyecto de “ley ómnibus” dejan en claro que la mayor parte del ajuste corre por cuenta de la clase trabajadora y de las instituciones del Estado, en la búsqueda por facilitar condiciones para el pago de la deuda externa y garantizar la valorización del capital.

El ajuste en las arcas del Estado supone una contracción pronunciada del presupuesto para educación, estancado desde 2012, con algunas oscilaciones, y una tendencia declinante desde 2018. Ello implica la eliminación o reducción de programas sostenidos desde el Estado nacional, que complementan la acción de las provincias y de CABA en educación, y la reducción del presupuesto público de estas últimas frente a la disminución de las transferencias nacionales y el propio ajuste que aplicarán. En los hechos esto se traduce en un menor gasto por alumno en las instituciones públicas, el incremento de los déficits actuales en equipamiento e infraestructura escolar, la superpoblación de los cursos en las escuelas públicas frente a la migración de alumnos provenientes de escuelas privadas que ya no pueden afrontar el pago de las cuotas o que quiebran (fenómeno que se viene dando desde la pandemia a esta parte) y la profundización del papel asistencial de las escuelas públicas volcadas a afrontar necesidades básicas alimentarias y a la contención del conflicto social al recibir a población que verá deterioradas aún más sus condiciones materiales de vida.

Considerando que en los últimos 20 años, alrededor del 93% del gasto en educación de las provincias y CABA se destinó al pago de salarios de las instituciones públicas y de parte del salario del sector privado, vía subvenciones, el ajuste en educación es, sobre todo, un ajuste en salarios. Los trabajadores de la educación sufrirán una fuerte caída salarial que se produce sobre la base de al menos 6 años de pérdida contra la inflación ante recomposiciones por medio de cuotas que no fueron acumulativas como es el incremento de los costos de vida. Por su parte, el complemento salarial del Estado Nacional –pago del Incentivo Docente o asignaciones específicas como el financiamiento del 80% de los salarios para la extensión de la jornada escolar en Primaria- puede o bien interrumpirse lisa y llanamente o bien reducirse vía congelamiento de las partidas. Frente a ello el establecimiento, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, de la educación como servicio esencial apunta a limitar al máximo la posibilidad de huelga, herramienta fundamental de la clase obrera para luchar por su salario y condiciones de trabajo. Los docentes jubilados sufrirán también la pérdida con mecanismos no solo de reducción en términos reales sino de intento de modificación de los regímenes especiales conquistados.

De esta manera, las medidas puestas en marcha intentan producir en los trabajadores de la educación las mismas condiciones que para el conjunto de la clase obrera: encarecimiento acelerado de los costos de vida con el consecuente deterioro de las condiciones materiales de existencia, cercenamiento del derecho a huelga y disciplinamiento de la protesta social en la búsqueda por extender al conjunto de la clase obrera argentina las condiciones que ya vienen padeciendo las fracciones de trabajadores precarizados desde hace años.

Las Universidades Nacionales y los trabajadores del sistema científico corren la misma suerte. Con dependencia absoluta del Estado nacional, el mero congelamiento del presupuesto 2023 supone una reducción real que se traduce en una fuerte caída de los salarios de docentes y no docentes, en becas estudiantiles, presupuesto para el desarrollo de proyectos de investigación y extensión y hasta de los gastos mínimos de funcionamiento.

Con un Estado asfixiado por la deuda y un gobierno decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias un brutal ajuste fiscal, las condiciones en las que se forma la clase obrera argentina se verán fuertemente deterioradas exacerbando las ya pronunciadas desigualdades entre las diversas fracciones de la misma, con una tendencia hacia la polarización, el empobrecimiento de la población de los deciles intermedios de ingresos y el incremento de trabajadores pobres y precarizados.

La orientación de la reforma actual en educación es entonces, principalmente, el ajuste y el abaratamiento de los salarios, tanto de quienes se desempeñan hoy en el sistema educativo como de aquellos que en estos años se formarán de manera abaratada y venderán en un futuro su fuerza de trabajo. Estudiantes formados a bajo precio son futuros trabajadores menos costosos. Esto no es solo propicio para los capitales que operan en el ámbito nacional sino para aquellos que, desde el exterior, home office mediante, contratan fuerza de trabajo argentina a un costo muy exiguo.

En ese marco, las modificaciones de la legislación educativa impulsadas por el gobierno de Javier Milei responden a la orientación que fundamenta todo el texto de la llamada “ley ómnibus”: el ajuste fiscal y la búsqueda por alcanzar mayores niveles de ganancia para el capital, vía aumento de la productividad a través del abaratamiento de los costos relativos a la fuerza de trabajo. Esa orientación se expresa, asimismo, en la conformación del Ministerio denominado de “Capital Humano” [1]. Todo lo relativo a la producción, reproducción y compra-venta de la fuerza de trabajo se centraliza en un organismo que pretende regular, de manera más eficiente, diversos aspectos antes descentralizados: educación, desarrollo social y trabajo, dejando salud afuera solo por la presión de intereses corporativos.

Ante este panorama, no es casual que el breve capítulo referido a la educación en el proyecto de “ley ómnibus” se centre, principalmente, en la búsqueda por incrementar el uso eficiente de los escasos recursos con los que contará el sistema educativo y de direccionarlo a través de la evaluación como herramienta privilegiada de reforma.
Se introducen modificaciones tendientes a la flexibilización de la formación y a la reducción directa de costos: la educación a distancia como modalidad posible desde 4to grado de la primaria; la posibilidad de que las bibliotecas sean eminentemente digitales antes que físicas, eliminando el financiamiento nacional en envío de libros a las escuelas; la posibilidad de que las cooperadoras escolares reciban contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil (algo ya permitido por la legislación vigente) pero ahora autorizando a publicitar tales donaciones, lo cual implica fomentar el financiamiento privado legitimando y reforzando el desfinanciamiento estatal.

Medir, abaratar, “optimizar”

Argentina llegó a diciembre de 2023 con un sistema educativo expandido a lo largo de décadas y tasas históricamente altas de finalización del nivel primario. En el nivel secundario se registran dificultades para su finalización pero la información estadística muestra que una parte significativa de la población que abandona el secundario común completa el nivel en escuelas de adultos o en programas de terminalidad precarizados como el FINES. La fuerte diferenciación social se expresa inevitablemente en la educación mostrando aprendizajes muy dispares según origen social, entre escuelas públicas y privadas y en un abanico de desigualdades al interior de cada sector, entre escuelas céntricas y periféricas, por provincia, etc.

En los últimos quince años, bajo el slogan de la inclusión y desde enfoques “progresistas” se desarrollaron políticas que redundaron en la pérdida de conocimientos y habilidades por parte de niños y adolescentes. A partir de acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Educación entre funcionarios peronistas/kirchneristas y de Juntos por el Cambio, proliferaron a nivel jurisdiccional medidas encaminadas a eliminar la repitencia, reducir la cantidad de materias para promover al año siguiente, flexibilizar las formas de evaluación, etc. como forma de reducir la repitencia y mejorar las tasas de terminalidad en el secundario. Al mismo tiempo se fue incrementando de forma alarmante el porcentaje de niños y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza.
El cierre de escuelas en la pandemia, con situaciones y efectos profundamente desiguales por origen social, reforzó aún más estas orientaciones generando formas de “promoción acompañada” e instancias de supuesta “intensificación de aprendizaje”. El deterioro de la formación necesaria para acceder al conocimiento científico se potenció aún más.

La expansión de la matrícula mediante fuertes procesos de diferenciación social y de la mano de las orientaciones mencionadas, volvió cada vez más opacos los títulos primarios y secundarios. Cada año, miles de niños y jóvenes acceden a un diploma del nivel primario o a su título secundario pero estos certifican conocimientos y habilidades muy variadas y no dan cuenta, especialmente, de lo no aprendido.

Allí apunta entonces la reforma de Milei al promover el establecimiento de un examen al finalizar el secundario que se agregaría a las ya existentes pruebas estandarizadas de los aprendizajes, realizadas periódicamente desde mediados de los ’90. El proyecto de ley ómnibus determina que el alumno podrá exigir una certificación del resultado obtenido al tiempo que elimina el resguardo de la identidad de docentes e instituciones sobre los resultados de las evaluaciones, establecido en la Ley de Educación Nacional vigente. Se agrega que los padres y docentes deberán tener acceso a esa información para la toma de decisiones sobre la educación de sus hijos y alumnos.

Las evaluaciones estandarizadas de los aprendizajes, los exámenes de fin de ciclo o nivel o las pruebas selectivas para el ingreso a determinadas instituciones son ya viejas herramientas diseminadas por todo el mundo para la gestión de las instituciones educativas. Son previas a la ola neoliberal de las últimas décadas del siglo pasado y exceden a gobiernos identificados expresamente en esa corriente. Un recorrido por los organismos internacionales dedicados a estos menesteres y por las políticas educativas de numerosos países refrenda esta última afirmación. Las propuestas neoliberales para educación exacerbaron el papel de la evaluación con un doble objetivo: hacer un uso más eficiente de los recursos minimizando costos (vía premios y castigos, atando partidas presupuestarias a los resultados de las evaluaciones) y promover la idea de la “libre elección” de los padres y alumnos, al contar con rankings de resultados por institución. De todos modos, la retórica del “libre mercado” como fundamento de la evaluación, confluyó con el uso de la misma herramienta desde el Estado, por parte de gobiernos autodefinidos como socialdemócratas o comunistas, con el fin de intentar planificar la gestión de sus sistemas educativos e instituciones.

En general las críticas a las pruebas estandarizadas para la medición de los aprendizajes apuntaron a: que se puntualiza en un momento del aprendizaje sin considerar el proceso y las evaluaciones cotidianas que realizan los docentes; el instrumento de evaluación (pruebas de opción múltiple en desmedro de evaluaciones de desarrollo); las formas de competencia a las que se somete a las instituciones al publicar los resultados; la fuerte responsabilización que se deposita en los docentes y directivos a quienes se acusa de ineficientes, corporativos y hasta de vagos; que las pruebas terminan por desplazar conocimientos relevantes ya que se genera una práctica en la que se enseña principalmente aquello que se sabe que se evaluará; que se pueden instalar mecanismos disciplinadores de asignación presupuestaria, castigando a las instituciones con bajos resultados incluso con cesantías de su personal y amenazas de cierre; la profundización de la segmentación educativa al pretender abstraer los resultados de las condiciones materiales en las que viven alumnos y docentes y del estado de las instituciones; el uso de los resultados de las pruebas para justificar medidas regresivas. Si se pone el foco en las evaluaciones finales para alcanzar un título o las selectivas para el ingreso a determinada institución, las críticas suelen focalizarse en los fundamentos meritocráticos y en que terminan por reproducir y profundizar las desigualdades sociales.

Efectivamente, las políticas de evaluación desplegadas en los distintos países del mundo dan cuenta de todos estos procesos. Sin embargo, detenerse en estos aspectos impide comprender cabalmente a qué responde la evaluación. Como hemos planteado en otro lugar el interés por la evaluación por parte de organismos como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) da cuenta de una necesidad del conjunto del capital por identificar de modo fidedigno las características de la formación de la futura fuerza de trabajo, incrementar las cuotas de productividad en esa formación por parte de los Estados y proveer a capitales privados específicos información sobre los niveles de conocimientos, habilidades, etc. de la clase obrera, como elemento para, a partir de allí, fijar salarios y abaratarlos toda vez que sea posible. Solo con analizar, por ejemplo, el ranking de las pruebas PISA impulsadas por la OCDE, los capitales privados pueden contar con información de este tipo a nivel global. A eso se le añaden los múltiples dispositivos de evaluación nacionales que arrojan información sobre los conocimientos y habilidades de los estudiantes clasificándolos por región, ciudad, género, origen social, etnia, etc.

Si bien Argentina viene implementando operativos de evaluación estandarizados, de forma continua, desde la década del ‘90 a la fecha, no es un país en el que la evaluación se haya desplegado de forma cabal, con las consecuencias enumeradas más arriba. El proyecto del gobierno de Milei parece venir a resolver entonces esta necesidad del capital: no solo abaratar salarios de los trabajadores sino suministrar a los capitales y al Estado información sobre la cualificación de la futura fuerza de trabajo de forma individualizada. La disponibilidad de un certificado con el rendimiento de cada alumno al finalizar el secundario, expresa la agudización de los procesos de competencia entre trabajadores frente a los puestos laborales en una etapa de recesión.

Abaratados y disciplinados: la evaluación del desempeño docente

El proyecto introduce con fuerza la evaluación del desempeño de los docentes como una de las nuevas tareas del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Se postula una evaluación al incorporarse por primera vez a la docencia, evaluaciones como requisito para el ascenso en la carrera profesional y evaluaciones cada cinco años para revalidar capacidades y conocimientos. Además, se explicita la implementación del proceso de acreditación y registro de los institutos superiores de formación docente, ya acordado por el Consejo Federal de Educación sobre el final del gobierno de Macri.
Excede los límites de este texto el desarrollo de experiencias internacionales respecto de la evaluación de los docentes. Los países con procesos de alta competitividad para el acceso al cargo, la continuidad y el ascenso, suelen tener a sus docentes entre los trabajadores mejor pagos. Este no será el caso: poner en marcha un plan de evaluación docente al tiempo que se reducirá su salario, que empeorarán sus condiciones de trabajo (por sobrecarga ligada a la necesidad de multiempleo, por el empeoramiento general de las condiciones de vida de alumnos y de sí mismos y por el desfinanciamiento general de las instituciones) y que se omite cualquier referencia al presupuesto para la formación continua y a la jornada laboral, significa hacer responsables exclusivamente a los docentes por los resultados de los aprendizajes. Los docentes aparecen como los principales culpables del devenir del sistema educativo cuando, como ya se ha planteado numerosas veces, no formamos parte de la toma de decisiones fundamentales que determinan las posibilidades y límites del sistema educativo. Aulas superpobladas, docentes sobrecargados y empobrecidos, alumnos aún más empobrecidos e instituciones estalladas de conflicto, de ningún modo pueden llevar a una mejora de los aprendizajes por mucho y reiteradamente que se evalúe a sus docentes.

En ese marco, la evaluación docente direccionará su formación presumiblemente desde enfoques tecnocráticos, de conocimiento aplicado y de promoción de las “habilidades blandas”. Al mismo tiempo, la evaluación docente fragmenta el colectivo de trabajadores de la educación al estar asociada a mecanismos de pago por mérito incrementando los procesos de diferenciación. La estabilidad en el cargo está puesta en duda.
A su vez, el proyecto incorpora la posibilidad de que egresados “de carreras técnicas y de grado de la educación superior” se desempeñen como docentes sin mediar procesos de formación pedagógica y retomando el espíritu de proyectos difundidos internacionalmente como “Teach for America”.

Mientras la evaluación recae en los docentes, no se genera dispositivo alguno para evaluar el funcionamiento general del sistema educativo (financiamiento, responsabilidades públicas, etc.) y, mucho menos, del conjunto de las políticas públicas del Ministerio de Capital Humano.

Las universidades: entre el ajuste y la rendición de cuentas

La sección referida a las universidades públicas en el proyecto de ley se titula “universidades privadas” en una suerte de lapsus entre el deseo profundo de su conversión o la realidad cruda de estar privadas de recursos.

El cobro de aranceles a estudiantes universitarios de origen extranjero, sin residencia permanente, en carreras de pregrado y grado de universidades públicas, obedece más a motivos ideológicos que a una reducción significativa de costos en tanto la totalidad de estudiantes extranjeros en esas carreras alcanza apenas el 3,7% (dato de 2021).

El mecanismo para que las universidades salgan en busca de fondos por fuera de las arcas públicas es la posibilidad de que las universidades suscriban “acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo…” (art. 553 del proyecto de ley ómnibus). Se elimina así la prohibición expresa en la legislación vigente que impide a las instituciones de educación superior públicas suscribir tales convenios o acuerdos si implican ofertar a la educación como un servicio lucrativo o alentar formas de mercantilización (art. 2bis de la Ley de Educación Superior).

Si bien se conserva la parte del artículo 58 de la Ley de Educación Superior que establece que “el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional”, en el nuevo articulado se agrega a renglón seguido la siguiente oración: “siempre serán recursos complementarios”.

A su vez, de aprobarse el proyecto de ley sin modificaciones, los recursos del Estado nacional para las universidades públicas estarán sujetos a la rendición de cuentas: cumplimiento de metas preestablecidas, número de estudiantes y egresados, tipos de carreras y áreas de formación y “otros criterios que se definan”. En este sentido, “la libertad avanza” sobre la autonomía universitaria y las “fuerzas del mercado” trocan en planificación de la oferta universitaria en aras del uso eficiente de los recursos públicos.

No se trata de denostar la eficiencia en el uso de los fondos públicos sino de cómo se concibe esa eficiencia. La formulación del proyecto indica que se premiará a las universidades a las que accede población de mejores ingresos y que consiguen, por tanto, mejores tasas de egreso y, al contrario, se castigará a aquellas cuya matrícula está compuesta por porcentajes significativos de trabajadores que estudian a contraturno y población de menores ingresos que tendrán mayores dificultades para proseguir su formación. Está harto demostrado que el abandono, el alargamiento de las carreras y las tasas bajas de egreso están indisolublemente ligadas a las condiciones de vida del estudiantado que, tal como el mismo presidente viene anunciando, empeorarán dramáticamente. Así, mientras las universidades estarán a la pesca de recursos para sobrevivir y mantener sus funciones mínimas estarán presionadas por alcanzar indicadores imposibles en un contexto de ajuste. La virtualización será una salida forzada por el abaratamiento de costos y no a partir de una evaluación respecto de sus posibilidades y limitaciones en la formación superior.

Por lo demás, el proyecto amplía la periodicidad de las evaluaciones externas (de los seis años vigentes lo lleva a diez) y suprime las autoevaluaciones. A su vez, elimina la posibilidad de ingreso para estudiantes de 25 años de edad sin título secundario que suponía demostrar conocimientos y habilidades suficientes. Se agrega que los estudiantes con título secundario podrán ingresar a las universidades públicas bien mediante los procesos de nivelación y orientación profesional de carácter no excluyente, ya vigentes en la legislación actual, o bien mediante un examen de ingreso directo.

Enfrentarse a las medidas impulsadas por Milei implica la organización de todos aquellos preocupados en la formación de nuestra clase. En lo inmediato, nos pone en la necesidad de organizarnos para luchar contra el ajuste del gobierno que, como se ve claramente, recae principalmente en quienes vivimos de nuestro salario y en las instituciones del Estado.

Desde la perspectiva de la clase trabajadora, el sistema educativo argentino presenta numerosos problemas: profundas desigualdades, escasos recursos, pérdida de acceso a conocimientos generales, docentes con jornadas extenuantes y trabajo no pago, programas precarizados. Las conducciones de las confederaciones nacionales y la mayor parte de las conducciones de los sindicatos provinciales han legitimado sistemáticamente políticas que generaron ese estado de situación, obturando una posición independiente de los gobiernos. Se hace necesario, entonces, explicar con detenimiento por qué las medidas que se impulsan en la ley ómnibus no supondrán la superación de esos problemas sino que los agravarán. Esto implica someter a crítica las políticas que nos llevaron a esta situación –tanto las de corte netamente neoliberal como las fundamentadas en concepciones autopercibidas como progresistas- y organizarnos para luchar por una educación pública que dé a la clase obrera las mejores herramientas para su emancipación.