Este fallo a favor de los luchadores es un paso contra la criminalización de la protesta. Otra resolución del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, favorable a los manifestantes, se halla momentáneamente revocada.
Viernes 2 de octubre de 2015
Fotografia : Enfoque Rojo / Ignacio Smith
Este jueves se conoció una resolución de la Jueza Federal de San Isidro que sobreseyó a los trece luchadores que habían sido detenidos en distintas manifestaciones de apoyo a los despedidos de Lear durante el importante conflicto que tuvo lugar durante 2014.
La jueza Sandra Arroyo Salgado consideró, en este importante fallo, que los manifestantes que encabezaron los cortes y caravanas de autos que se llevaron a cabo los días “16, 23, 30 de Julio, 8, 12, 27 de agosto, 4 y 18 de septiembre, 2, 4, 10 y 23 de octubre, 19 y 21 de diciembre de 2014 y 26 de enero de 2015 … se encontraban amparados en el legítimo ejercicio del derecho de reunión - en el caso particular de peticionar y hacer oír sus reclamos” y que “la conducta de los imputados se encontraba amparada constitucionalmente, por lo que de modo alguno pueden ser alcanzadas por el derecho penal de última ratio…”.
Este fallo un antecedente vital para las futuras luchas que se lleven adelante, ya que reconocen que el derecho de protesta, aunque afecte el libre tránsito en arterias como la Panamericana, no constituyen ningún delito como suele decir el secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni cada vez que ve una manifestación.
En el marco de lo que podría denominarse “la causa Lear”, sigue imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, daños y falsedad ideológica el gendarme López Torales. Esta persona es tristemente recordada como el “gendarme carancho” por haber simulado un accidente para detener ilegalmente a un manifestante solidario con los despedidos de Lear.
Esta resolución judicial abre la posibilidad a que quienes terminen rindiendo cuentas por los delitos cometidos sean el espía Roberto Galeano y el mismo coronel Sergio Berni. Ahora ha sido confirmado por la justicia federal que las decenas de detenciones, los centenares de heridos y la infiltración de espías en las manifestaciones perseguían el objetivo de fortalecer la posición de la empresa y de la burocracia de Pignanelli que querían, parafraseando al líder del SMATA, sacar a los “zurdos” de la fábrica. Todos ellos deberían dar explicaciones por actuar como los guardias armados de la multinacional norteamericana que despidió ilegalmente a 300 trabajadores. Esos despidos fueron la causa que disparó el conflicto.
Entre quienes fueron sobreseídos se encuentra Victoria Moyano Artigas, nieta restituida e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Victoria es además candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires. También fueron detenidos Patricio Del Corro, que asumirá como legislador porteño del Frente de Izquierda y Guillo Pistonesi, dirigente del PTS, junto a dirigentes de centros de estudiantes y militantes del PTS. Durante el conflicto de Lear, las imágenes de la represión que sufrió por la Gendarmería tuvieron alcance nacional.
Los abogados del CeProDH que llevamos adelante la defensa de los compañeros estamos convencidos que los responsables materiales e ideológicos de esas represiones deben ser enjuiciados y condenados. Las luchas por venir cuentan con un nuevo antecedente judicial para enfrentar las políticas y procesos judiciales que promuevan la criminalización de la protesta social.
Por otra parte, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, que lleva adelante la investigación por la manifestación y represión del 8 de julio de 2014, también había ordenado el sobreseimiento de los manifestantes imputados. Este fallo se encuentra actualmente revocado por la Cámara Federal de San Martín pero será apelado.
