A punto de comenzar la temporada estival, los socorristas continúan padeciendo la misma precariedad laboral, año tras año, precariedad que afecta directamente a todos los usuarios de playas y piscinas tanto públicas como privadas.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 12 de junio de 2019
A pesar de llevar en vigor desde el 1 de enero 2019, la normativa que exige a los socorristas estar inscritos en el ROPEC ( Registro Oficial Profesionales del Deporte en Catalunya ) para poder ejercer su profesión y estar regulados, sufre una nueva moratoria de la Generalitat de Catalunya hasta el mes de septiembre que permite mantener un peligroso limbo legal.
El objetivo de dicha moratoria es que durante este nuevo periodo de tiempo no se aplique el régimen sancionador establecido en la disposición transitoria séptima de la Ley 3/2008, de 23 de abril, lo cual permite a las empresas del sector contrataciones fraudulentas.
Los socorristas deben tener titulaciones de grado medio y superior técnico deportivo, certificado de profesionalidad, de competencias profesionales y el propio título de socorrista emitido por federaciones o instituciones, por lo que se trata de personas altamente cualificadas para su intervención ante situaciones de emergencia tanto en el entorno acuático como terrestre.
Las empresas del sector, en cambio, suelen preferir ver al socorrista como una especie de "chic@ para todo", algo habitual en este tipo de contratación. Mano de obra precaria, temporal, con fuerte demanda laboral en estas fechas en playas, piscinas municipales y privadas, siendo estas últimas donde se dan las peores condiciones de contratación: jornadas de 10 horas y sin descansos en algunos casos, ausencia de Equipos de Protección Individual (EPI) y de indumentaria de trabajo; contratos de 20 horas/semana que se acaban convirtiendo en 40, pagos en negro y por debajo del salario del convenio y tareas propias de mantenimiento de las instalaciones acuáticas.
La ley que rige el salvamento y socorrismo en las costas del estado es del año 1972. Esta ley atribuye la responsabilidad de los servicios de socorrismo a los ayuntamientos, y éstos lo hacen a subcontratas, privatizando el sector y dejándolo en manos de empresas privadas.
Desde a la Asociación de Empresas Catalanas de Salvamento (AECSA), afirman que no habrá profesionales suficientes para cubrir la demanda de socorristas durante esta temporada, y echan balones fuera alegando que la normativa de contratación es muy exigente.
Pero para la CGT Salvamento y Socorrismo, la falta de socorristas no es debido a las causas que menciona AECSA, si no que se debe a las muy precarias condiciones económicas y laborales de las empresas de salvamento y socorrismo, y la falta de regulación y de reconocimiento profesional y social del socorrista. En muchas comunidades autónomas aún sigue siendo una formación no oficial, que dedica muchas menos horas a la preparación del socorrista, incluso dándose casos de formaciones de socorristas por internet.
Madrid, Baleares o Gipuzkoa son otros territorios donde los socorristas están movilizándose y organizándose, llegando incluso a convocar jornadas de huelga. En el verano de 2018 los socorristas guipuzcoanos, de la mano de Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) emprendieron un conflicto laboral tras fracasar las negociaciones con Cruz Roja. Finalmente su lucha llevó a un acuerdo que recogía importantes subidas salariales, entre otras cuestiones.
Al margen de moratorias que no deberían repetirse, pues se trata de la seguridad de las personas, el sector al igual que todos los demás debe regularse de inmediato y eso solo se conseguirá con la unidad, la protesta y la lucha en las calles y no aplazando los conflictoscomo viene sucediendo
