En los últimos tiempos, las problemáticas de las y los trabajadores de la educación y sus demandas no resueltas se han vuelto un tema vigente, gracias a las movilizaciones magisteriales y protestas del sector educativo. En esta nota hablaremos de lo que padecen las y los trabajadores de intendencia del Instituto Politécnico Nacional y los esquemas bajo los que están contratados.
Miércoles 24 de abril de 2024
En los últimos tiempos, las problemáticas de las y los trabajadores de la educación y sus demandas no resueltas se han vuelto un tema vigente, gracias a las movilizaciones magisteriales y protestas del sector educativo. En esta nota hablaremos de lo que padecen las y los trabajadores de intendencia del Instituto Politécnico Nacional y los esquemas bajo los que están contratados.
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Estas movilizaciones no sólo visibilizaron las problemáticas del sector básico, también las que se dan en el sector superior y en las universidades cuyos trabajadores están afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como es el caso de los que laboran en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En esta ocasión hablaremos sobre las y los trabajadores de intendencia, que sobreviven con bajos salarios ($3,734 pesos quincenales), falta de prestaciones, de vacaciones, días económicos, de seguridad social, pues los esquemas bajo los que están contratados son la subcontratación (outsourcing).
La subcontratación, permite que se empleen a los trabajadores por empresas externas, las cuales con total impunidad pueden negarles la relación laboral y sus derechos humanos laborales, impidiendo que se sindicalicen y sean basificados en las secciones 60 o la 11 del SNTE, y accedan así a las condiciones generales de trabajo.
La subcontratación y la terciarización, fuentes de corrupción
Estos esquemas de contratación precarios, además de someter a los trabajadores a presiones, amenazas, despidos ilegales sin liquidación, a obligarlos a trabajar sin salario o que los jefes y supervisores los despojen de una parte del mismo, también se prestan a actos de corrupción.
Porque para que las empresas presten el servicio participan en concursos de licitaciones, dichos permisos representan jugosas ganancias para las compañías que lo realizan y también, comisiones importantes para los directivos que favorecen a dichas empresas.
Fue el caso de una licitación del área de limpieza que despertó polémica en el IPN, con un contrato por 186 millones de pesos otorgado a empresas como Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, Control de Accesos, Limpiacero, Limpieza Jored, Maxi Servicios de México, Racso Proyectos Industriales, Segumor, Servicio de Nanolimpieza, Servicios Inmobiliarios Iroa, así como Servicios Integrales Retimar; todas propiedad del mismo dueño, José Juan Reyes Domínguez el "Rey de la limpieza" que tiene acusaciones de favoritismo de funcionarios de la institución educativa hacia Reyes Domínguez, según información presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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Por otra parte, es necesario aclarar que este tipo de licitaciones son ilegales en el caso del IPN, pues el Catálogo de Puestos de Personal No Docente de Personal de Base del Instituto contempla las funciones de intendencia, por lo que las empresas que lo realizan están usurpando funciones, por dicha razón, las licitaciones tendrían que cancelarse y los trabajadores que realizan esas funciones y lo han hecho durante años, tendrán derecho a la basificación.
Por una lucha independiente para conquistar derechos laborales
Estos esquemas de precarización laboral son una herencia directa del neoliberalismo implantado en nuestro país por parte de los gobiernos del PRI-PAN, para atacar los derechos laborales del magisterio y disminuir el número de sindicalizados para sustituirlo con personal totalmente precarizado, con el fin de degradar la educación y hacer jugosos negocios.
Sin embargo, a pesar del cambio de gobierno y de la promesa de la 4T de demoler ese legado, lo cierto es que existen rasgos de continuidad, porque aunque las autoridades del Poli se declaran abiertamente partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, en 2020 en el Congreso aprobaron una ley que se supone, tenía como misión terminar con el outsourcing, las prácticas de precarización laboral y negativa de derecho continúan. Sin embargo estas practicas de precarización, continúan.
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Por esas razones consideramos muy importante la movilización realizada por la CNTE el 15 de abril. Las y los docentes de la Agrupación Nuestra Clase opinamos que tendría que ampliarse a nivel nacional bajo una perspectiva de independencia política del Estado y sus partidos, donde mediante la lucha en las calles de las y los trabajadores de la educación, conquistemos de manera íntegra y efectiva todas las demandas.
Esto implica poner el acento en las protestas unitarias, por ejemplo, junto con las universidades autónomas y demás instituciones de educación superior como el caso de la UNISON, que también el 15 de abril integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) estallaron la huelga por aumento salarial y otras demandas. En estas alianzas entre trabajadores de la educación, es donde se encuentra la fuerza para que se cumplan las exigencias que se presentan en las mesas de negociación, pues solo la unidad entre estudiantes, profesores y trabajadores puede orillar a las autoridades gubernamentales a que cumplan.
