Salarios. Subidas por debajo de la inflación: el gobierno asume la devaluación salarial como clave de la recuperación

La aprobación este miércoles de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros tiene una lectura mucho más allá del relato del gobierno “progresista” y la burocracia sindical. No solo es una subida que mantiene los salarios más bajos en el umbral de la pérdida de poder adquisitivo, de casi 3 puntos, sino que define los techos salariales para el próximo periodo por debajo del IPC.

La patronal se opone, pero no mucho

Yolanda Díaz quiso fotografiarse ayer en solitario con Unai Sordo de CCOO y José Álvarez de la UGT, en una especie purga tras la otra fotografía de hace hoy justo una semana. En aquella la ministra de Trabajo sacaba adelante su reforma laboral con el respaldo de la CEOE, el Banco Santander, Ciudadanos y hasta un voto erróneo del PP que terminó salvándola. En contra estaba todo el sindicalismo combativo y una porción mayoritaria de sus socios de investidura que la calificaron de revalidación de la de 2012.

Pero más allá de la estampa de esta semana ¿qué supone realmente la subida del SMI? La oposición dela CEOE está lejos de significar una ruptura con el que es sin duda su gobierno. La medida tiene impacto directo en solo algunos sectores productivos, los de menor productividad, y afecta a 1,8% de asalariados, menos del 10%.

Si bien la pueden recibir como una de “cal”, viene detrás de varias de “arena” que la compensan con creces: Díaz mantiene el despido barato y por casi cualquier causa, algo que convierte en papel mojado la supuesta estabilidad de los contratos que pasen de temporales a fijos-discontinuos, la prevalencia de los convenios de empresa en todo menos el salario y generaliza con el llamado mecanismo RED de la reforma laboral, el rescate con dinero público de empresas y sectores enteros cuando entren en pérdidas.

La devaluación salarial, una de las claves “progresistas” para la recuperación económica

Pero en materia salarial lo más importante es que, aunque la subida del 3,5% es mayor que la que quería la patronal que pedía en torno a un 2%, queda muy por debajo de la subida de los precios que ya se encuentra en un 6,5% interanual. Esta era la línea roja para los empresarios, y parte de las recomendaciones del FMI para el gobierno español: la devaluación salarial en curso desde la última década no debe detenerse.

Con tasas de inflación bajas o incluso en negativo desde la crisis de 2008, el capitalismo español aplicó una devaluación salarial directa. Para ello fueron claves instrumentos como las reformas laborales de 2010 y 2012, como la eliminación de la ultractividad de los convenios, la prevalencia de los de empresa o las cláusulas se descuelgue. Todas estas medidas han sobrevivido total o parcialmente a la reforma de Yolanda Díaz, a excepción de la ultractividad. Sin embargo, el impacto de esta es muy limitado. Aquellos convenios que no la tenían recogida en su articulado han desaparecido o han sido ya negociados a la baja en esta década. El resto, los que sí la tenían en el texto, ya la habían mantenido tras múltiples sentencias que reconocían su validez sobre la norma general.

La vía por la que ahora se quiere mantener una rebaja constante y sistemática de los costes salariales es por medio de la moderación salarial, un eufemismo para no decir rebaja del poder de compra de los salarios. No es ninguna novedad, de hecho esta fue la piedra fundacional del crecimiento económico español en la década de los 80 y primeros 90. La reconversión del capitalismo español para su entrada en la UE y el euro, no solo supuso la destrucción de más de un millón de empleos industriales y un desempleo que superó el 20%, sino también en revertir las subidas salariales logradas en los años 70 por las luchas obreras – que se situaban por encima de la subida del coste de la vida, es decir eran subidas reales – y llevar adelante una deflación con techos salariales por debajo del IPC.

Hoy, el gobierno “progresista”, vuelve a emular a González y Solchaga. Lo hace con el Mecanismo RED que está inspirado en los planes de salvataje a la banca y las empresas en proceso de reconversión y subvención directa de despidos y suspensiones. Lo hace también imponiendo techos salariales que implican rebajas salariales reales de hasta 4,5 puntos.

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Así, los y las trabajadoras más pobres, aquellos que cobran el SMI, serán todavía un 2,9% más pobres este 2022, aunque la cifra de los 1000 euros se presente como una gran conquista. Los y las trabajadoras públicas perderán 4 puntos, con una subida salarial del 2%. Las y los pensionistas entre un 2,9% para las no contributivas que suben un 3,5%, y un 3,5% para el resto que se quedan con un aumento del 2,5% . Con estas referencias, es muy probable que las patronales quieran imponer en los convenios congelaciones o subidas ridículas entre el 1 y el 1,5%, como ya está sucediendo.

Recuperemos las cláusulas de revisión salarial, según un IPC real y con indexación mensual

Hasta 1988 la UGT fue la principal valedora de la política de contención y rebaja de rentas del gobierno de Felipe González. Tras la huelga general de aquel año, el 14D, la central socialista pasó a oponerse a estas rebajas por debajo del IPC junto a CCOO. Al menos en las retribuciones, la clase trabajadora logró a finales de los 90 y primeros años 2000 conservar parte del poder adquisitivo. Decimos parte porque, si bien los salarios subían en torno a lo que lo hacía el IPC, este índice y su elaboración quedaba muy en entredicho por no reflejar el verdadero aumento del coste de la vida. Fenómenos como el “redondeo” de precios tras el cambio de moneda en 2002 o la escalada de los precios de la vivienda entre 1997 y 2008 no quedaban en absoluto reflejados en el IPC oficial.

A la llegada de la crisis de 2008 el 80% de los convenios colectivos tenían las llamadas cláusulas de revisión salarial, en general de carácter anual. Esto obligaba a las patronales a actualizar los salarios con subidas de, al menos, el IPC fijado por el gobierno. Estas cláusulas fueron el objetivo predilecto de los empresarios en la última década. Beneficiándose del fin de la ultractividad y de la política de la burocracia sindical de aceptar negociaciones a la baja sin dar la más mínima pelea, han ido desapareciendo de la mayoría de los convenios. Hoy solamente el 17% de ellos la mantienen.

Como hemos visto en la negociación de la reforma laboral, las direcciones de CCOO y UGT siguen actuando de ministros sin cartera de este gobierno. Le avalan sin la más mínima crítica, ni que decir que sin la más mínima movilización, todas sus propuestas. Tanto las que son reválidas de los ataques que en 2012 merecieron dos huelgas generales, como de las que presentadas como generosas concesiones, como la subida del SMI, son un compromiso con una devaluación salarial a costa de la inflación.

Nos quieren condenar a una resignación contra la que tenemos que rebelarnos. Las movilizaciones del sindicalismo alternativo contra la reforma laboral, o las que anuncian desde sectores del movimiento feminista para este 8M por la derogación de las reformas laborales precarizadoras, son un buen punto de partida para ello. Es hora de, en cada empresa, en cada tajo, la izquierda sindical inicie una campaña contra el legado de pérdida de derechos de una larga década. Que denuncie a las cúpulas de CCOO y UGT y les exija romper su pacto permanente con el gobierno, y retome la lucha por la derogación de las reformas laborales y la recuperación de conquistas como las cláusulas de revisión salarial que, para que no sean engañosas, deberían basarse en un IPC bajo control de las organizaciones obreras – no el CIS de Tezanos – y con una indexación de las subidas mensual y automática.