Hace unos días ha salido a la luz pública antecedentes que revelan que Rodrigo Ubilla es propietario de 10 mil metros cuadrados de tierra mapuche. ¿Cuáles son los reales intereses detrás de su clase? ¿Es solo un caso aislado?
Insurgente Libertad Egresado de Derecho
Miércoles 6 de marzo de 2019
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ha estado últimamente en el foco de la polémica, sobre todo en la región de la Araucanía, ya sea por sus primeras versiones en torno al asesinato de Camilo Catrillanca, así como por atribuir a comuneros mapuche los incendios de la región.
Esta semana la discusión a seguido creciendo, ya que según reveló el sitio Interferencia, Ubilla es dueño de una hectárea de terreno (10 mil metros cuadrados) al interior de la comunidad mapuche Mariano Millahual, ubicada en el sector de Quetroleufu, a unos 13 kilómetros de Pucón.
Dicho inmueble, fue adquirido en dos lotes el año 2009, cada uno por 5,5 millones de pesos pagados en efectivo a Guadalupe Moris, mujer que a su vez adquirió dichos terrenos producto de la liquidación de su sociedad conyugal con Jorge Painaquir.
Vulneración de la Ley Indígena
Y es que la derecha chilena ni siquiera respeta su propia legislación en cuanto a sus intereses se trata. De acuerdo el reportaje, los predios comprados por Ubilla gozan de un título de merced vigente desde 1908 y están registrados como tierra indígena en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) desde el año 2000.
De hecho, el contrato de compraventa establece que la propiedad está exenta del pago de contribuciones, ya que supuestamente porque se trata de "pequeñas propiedades rústicas, de escaso o nulo valor agrícola". Así mismo señala, “tampoco se puede afectar o limitar el derecho de dominio o las facultades de uso, goce o disposición sobre la propiedad", esto en función del Decreto Ley 3.516, destinado a proteger los terrenos rurales.
Del mismo modo, en la documentación de compraventa nunca se menciona que se trata de tierras indígenas, que desde 1993 incluye los títulos de merced, la cual es una antigua figura jurídica que data de los tiempos de la colonia.
La misma Ley Indígena o Ley 19.253 establece que la propiedad de la tierra indígena "tendrá como titulares a personas naturales indígenas o a la comunidad indígena". Establece, “estas tierras, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta Ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”.
El respaldo de la CONADI
Como era de esperar, rápidamente este lunes el director nacional subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Fernando Sáenz, informó que el terreno adquirido por el subsecretario del Interior, fue una “compra legal”.
“Revisado los antecedentes por Conadi, señalamos claramente que este asunto fue una compra legal, es una compra entre particulares, que son los antecedentes que a nosotros nos llegaron. Fue una subdivisión que se realizó, se establecieron dos lotes, los que fueron debidamente inscritos en el registro público de tierra de Conadi”, señaló para La Tercera Sáenz.
El argumento de fondo que sostuvo, fue que como la compra se produjo luego de una liquidación de la sociedad conyugal entre un indígena que vivía en el lugar con Guadalupe Moris, la propiedad deja de ser indígena, por tanto, no ilegalidad alguna. Además, agregó que actualmente los tribunales de justicia han reconocido que “esta situación se puede hacer, así que eso no va contra la ley, por lo tanto, no habría inconveniente en ese sentido de poder hacerse”.
“Corroboramos los antecedentes que ella no tiene la calidad indígena de acuerdo a los registros que tenemos en Conadi, no solamente por el hecho de casarse con un indígena tiene que serlo, sino que, además, tiene ella que autoidentificarse y realizarse el trámite ante Conadi, situación que no ocurrió”, sentenció.
El sur de Chile, un privilegio de pocos
Más allá de que esta venta se ajustó a la actual legislación del Estado chileno, el acto nos da para pensar en muchas cosas. Por ejemplo, en la actualidad el régimen de propiedad de las tierras en su mayor extensión lo tienen empresarios nacionales y extranjeros.
Históricamente, toda la acción del Estado respecto a la propiedad austral e indígena, ha favorecido los intereses de los grandes propietarios. En ese sentido, se avalaron las usurpaciones de tierras fiscales, el saqueo al pueblo mapuche por parte de los conquistadores y hoy por sus continuadores: los ricos que se consolidaron con grandes propiedades rurales.
Estos sitios, lejos de satisfacer necesidades sociales que apunten al bienestar de todas y todos los trabajadores o de constituirse como centros de descanso para el pueblo trabajador, se encuentran capturados satisfaciendo las comodidades de un pequeño puñado de personas, las cuales tienen el privilegio de tener ostentosas casas en medio de las hermosas e innumerables postales que posee el sur de nuestro país.
Es cosa de traer a colación el caso del director de Gasco, dueño de una lujosa mansión a los pies del lago Ranco, del cual echaba de “su playa” con prepotencia a personas que libremente descansaban a los pies del lago Ranco. O también en Vichuquén, donde tiene casa Cardoen (empresario chileno que no puede salir del país porque pesa en su contra una orden de captura internacional de Estados Unidos). Caso similar ocurre en Colico, donde según consigna El Mercurio, Luis Enrique Yarur (empresario chileno, controlador del Banco de Crédito e Inversiones) “ha hecho de sus torneos de fútbol una tradición”. Otro que es propietario en las inmediaciones de este mismo lago, es José Antonio Guzmán, empresario y presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Por supuesto, tampoco podemos dejar de lado al Presidente Piñera, que también es un “fanático de los paisajes sureños”: aparte de ser, como José Yuraszek, "vecino" de la ex Presidenta Bachelet en el lago Caburga, tiene un “refugio” en el lago Ranco, cerca de bahía Coique, la cual también le pertenece. En el mismo lago, Gabriel Ruiz-Tagle (empresario y ex ministro del deporte de Piñera) también tiene la exclusiva oportunidad de pasear por su bosque de árboles nativos.
Finalmente, y a mayor abundamiento, en la península de Puyumén, en Panguipulli, también están en la zona Sven y Horst von Appen: quienes forman parte de uno de los grupos económicos más grandes del país, con el negocio portuario y naviero del holding Ultramar, también participan en el área minera y energética como socios de la mina de carbón Isla Riesco y la termoeléctrica Guacolda.
Por un territorio austral público al servicio de los y las trabajadores
Sin embargo, para acabar estas abrumantes desiguladades, hay que atacar la raíz de aquella: la propiedad privada de sus grandes medios productivos y de distribución, base de su ganancia y sus propiedades. La gran mayoría de las empresas de los magnates nombrados anteriormente, proveen servicios esenciales para la población, estos deben ser expropiados, sin indemnización a sus "dueños", nacionalizado y puestos bajo gestión de sus trabajadores y el control de la comunidad, para poner nuestros recursos, flora y fauna al servicio del conjunto del pueblo trabajador, y no de sus ganancias. Asimismo, con la propiedad de los mares, ríos y playas, cuyos mejores lugares son exclusivos de la clase capitalista, y más que una ley que otorgue el acceso público, deberían ser propiedades sociales públicas y no privadas, garantizando el acceso a todas las personas.
Es por esto, que se hace más que necesario un movimiento que pelee por este objetivo, encabezado por sindicatos y las organizaciones de los trabajadores. Esto, alteraría las bases del dominio de los capitalistas y su impunidad, poniendo a las y los trabajadores en alianza con el pueblo pobre, a la cabeza de una organización que atente contra los privilegios de la clase dominante, para echar abajo el Chile patronal de los Luksic, los Piñera y los Von Appen.
