El ministro del interior, Anders Ygeman, prevé deportar entre 60.000 y 80.000 inmigrantes en el próximo año.
Viernes 29 de enero de 2016
La socialdemocracia sueca, que volvió al poder en el 2014 después de 8 años de gobierno liberal, está afrontando la “crisis migratoria” con recetas conservadoras. Presionado por la oposición liberal, el ministro del interior Anders Ygeman dio un discurso más duro contra los refugiados, lo que le valió mayor popularidad, por encima del primer ministro Stefan Löfven en encuestas realizadas en la última semana.
Este endurecimiento viene en consonancia con otras políticas en los países europeos. Esta semana en Dinamarca se aprobó en el parlamento por amplia mayoría la confiscación de bienes a los refugiados para costear su estadía. Política que ya vienen implementando hace meses Suiza y algunos estados federados alemanes. También Finlandia anuncio la futura deportación de 20.000 refugiados.
Suecia fue el país europeo que recibió más refugiados per cápita (163.000) en el 2015. Y aunque el anuncio de 80.000 deportaciones sea noticia, el gobierno sueco ordenó la deportación de 147.000 refugiados desde el 2010 hasta la fecha, rechazando el 45% de las solicitudes de asilos. Alrededor de 60.000 personas fueron expulsadas del país de forma “voluntaria”, 26.000 fueron deportados por la fuerza y alrededor de 40.000 viven de forma ilegal. Muchos de estos “inmigrantes ilegales” están desprotegidos por las legislaciones europeas, siendo posibles víctimas de explotación sexual y laboral.
El ministro del interior, Anders Ygeman, declaró que los refugiados serán deportados a través de vuelos de charter, aunque todavía no está definido como se va a llevar a cabo y durante que periodo de tiempo. Lo que está claro, es que las políticas migratorias se endurecerán este año.
En mayo del 2015 el partido liberal promovió la instauración de residencias provisorias, con el apoyo de la socialdemocracia, propuesta que previamente solo estaba en la plataforma del partido de extrema derecha. Actualmente el partido liberal presiona al gobierno socialdemócrata para que los extranjeros con residencia provisoria no puedan acceder a los servicios públicos, como la salud y la educación. Tanto el partido liberal como el partido socialdemócrata perdieron votos a manos de la extrema derecha en las elecciones del 2014, y ahora ambos partidos están girando a un discurso más nacionalista para posicionarse mejor en las encuestas.
Otro medida que refleja este giro conservador es la suspensión del subsidio y del derecho a la vivienda a personas que les fue denegada su solicitud de asilo, como una medida extorsiva para que abandonen voluntariamente el país.
Estas políticas contra los refugiados son presentadas como un “intento de proteger a los inmigrantes y evitar que se genere una comunidad por fuera de la ley, además de preservar las políticas del estado de bienestar”. Ante esto, sectores de la izquierda vienen denunciando que los recortes en el estado de bienestar son la consecuencia de las privatizaciones de sectores en la salud y la educación, la reducción del impuesto a la riqueza y el salvataje de grandes bancos, que fueron implementados en la última década.
