Violencia de Género. Suicidio femicida: otra vez el Estado llega tarde

“Mamá, ya no doy más, me siento sucia por todos los ultrajes que me hicieron, por todo lo que tuve que vivir, por cuidarlos a ustedes", señalaba Francisca Moll en una carta que dejó a su madre, antes de suicidarse, producto de las reiteradas amenazas contra ella y su familia y episodios de agresiones y hostigamientos.

“Si tu leyeras, llorarías conmigo de cómo él abusaba emocionalmente y sexualmente de mi hija” señaló Rosa Moreno, madre de Francisca, la profesora de educación física, que se dedicaba a la educación inicial, especializada en estimulación temprana.

Las denuncias inician en 2019 y aunque hubo medidas cautelares, las amenazas la siguieron amedrentando. Denunció en otras dos ocasiones y la última fue en Enero de 2021. Es necesario mencionar que ella llevaba adelante un proceso judicial en medio de agresiones. A finales de abril se realizará un juicio abreviado contra el agresor de Francisca, sólo abarcando los hechos de violencia que sufrió en 2019. El caso de esta profesora es un botón de muestra de la ineficacia del sistema judicial y la inexistencia de redes efectivas para la prevención de los feminicidios y la violencia machista.

El feminicidio es el último eslabón en una cadena de violencias, que en medio de una crisis sanitaria y económica, se recrudece para miles de mujeres.

"La precariedad de la vida, la falta de derechos sexuales y reproductivos junto con las inequidades de brechas de género en el empleo, en la actualidad se producen al mismo tiempo que una alta feminización de la fuerza de trabajo en servicios sociales, salud y enseñanza, según la Encuesta Encla 2014.

En pandemia la mayor tasa de desocupación la han cargado las mujeres. Según el último boletín del INE, el 2020 la tasa de ocupados decreció en un 12,5%, incidida tanto por las mujeres (cuya tasa de ocupación decreció en un 16,0%) como por los hombres (en un 9,9%)."

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Necesitamos organizar una red de protección y prevención del feminicidio y la violencia machista, donde se intervenga con equipos interdisciplinarios a las mujeres y sus familias expuestas a VIF. Esto debe ser financiado por el Estado, pero debe ser administrado por trabajadores y trabajadoras, junto al movimiento de mujeres.

En ese sentido, la atención oportuna para Francisca Moll Moreno, de 37 años, en materia de atender a sus denuncias para garantizar su seguridad y la de su familia, además, de atención psicológica podría haber sido clave para ayudarla a superar el círculo de violencia que terminó por arrebatarle la vida.

Por eso nos parece clave implementar medidas de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria, que ha impactado doblemente a las mujeres, quienes hemos sufrido el retroceso en 10 años de inserción laboral, exponiéndonos a la dependencia económica y, por lo tanto, afectando nuestra autonomía social. Además, por las políticas de confinamiento se ha puesto en evidencia la crisis de cuidados de niños, niñas, enfermos, y adultos mayores, sin garantizar ningún tipo apoyo estatal para asumir estas tareas, que recaen sobre los hombros de las mujeres.

Estas medidas de emergencia deben señalar los lineamientos de un programa de género que apunte a responder de forma estructural a la violencia machista.