El Ministro de Trabajo de Santa Fe realizó una inspección a las Comisiones Médicas para alabar su funcionamiento que lejos está de beneficiar a los trabajadores.
Jueves 23 de julio de 2020 18:17
Como ya informamos por este medio, la provincia de Santa Fe dio media sanción a la adhesión de la cuestionada Ley Nacional de Riesgo de Trabajo (ART), N° 27.348. Esta normativa, sancionada en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri, es nuevamente impulsada por Omar Perotti. El gobernador peronista y parte del oficialismo nacional de Alberto Fernández, parece actuar en consonancia con que el oficialismo mantenga en su cargo a Gustavo Morón al frente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, nombrado en 2015 por Cambiemos.
Mientras que los trabajadores, sindicatos y abogados laboralistas manifiestan el rechazo por esa ley y en el marco de una crisis brutal que tiene a los trabajadores como principales perjudicados, el gobierno refuerza su campaña para lograr la aprobación. ¿Será que existe una presión de las ART y las empresas?
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La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario rechazó la adhesión lograda en la Cámara de Senadores de Santa Fe, y alertó sobre la peligrosidad de la aplicación de esta ley por violar múltiples derechos y conquistas de los trabajadores a lo largo de la historia.
Sin embargo, el Ministro de Trabajo, Roberto Sukerman inspeccionó el funcionamiento de las comisiones médicas de la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, declarando que destaca el funcionamiento de las mismas ya que “está trabajando una comisión médica que es histórica, y nos va a servir para la implementación de la futura ley de ART en la provincia”. No está de más recordar que uno de los puntos más discutidos –entre los tantos ataques a los trabajadores- es el retroceso que genera la vuelta a la obligatoriedad de agotar la instancia administrativa para poder reclamar ante la justicia contra la aseguradora. Lo que pone de manifiesto la voluntad patronal de ésta medida, es que la parte administrativa previa, incluye el trámite ante dichas comisiones médicas, las cuales están conformadas por médicos que trabajan directamente para las ART. También se limita el tiempo que tienen los trabajadores para hacer el reclamo a 60 días, contrariando el mandato de ley que establece el plazo de dos años para ejercer las acciones correspondientes.
Para defender esta postura, el ministro Sukerman refiere a que “Hoy más de la mitad de las causas que se tramitan en los juzgaos laborales de Rosario son causas de ART que podrían solucionarse en una instancia previa, administrativa, como la que generan las comisiones médicas” volviendo a traer a discusión el tema de la cantidad de juicios laborales que ocurren en la provincia de Santa Fe.
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Este discurso no hace más que reflotar la demonización que comenzó Cambiemos contra los reclamos de los trabajadores, la llamada “industria de los juicios” dónde se acusaba a un turbio negocio detrás de los juicios laborales en beneficio de jueces y abogados. Ante la búsqueda de la explicación a por qué existen tantos juicios laborales, no hay que inventar teorías conspiranoicas y anti obreras, hay una respuesta mucho más sincera y desvelada: la juventud desesperada por acceder al mundo laboral está expuesta a la más terrible explotación y abuso por parte de las patronales. Rosario encabeza el ranking de desocupación y trabajo sin registrar (o en negro) llegando a cifras –segun el INDEC- de más de un 33% de trabajadores desempeñando sus tareas en la irregularidad, esto significa sin aportes, sin obra social y sin ninguna medida de protección y seguridad en su salud.
Como expone la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralista, este proyecto de ley beneficia a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y a los empleadores incumplidores, pues está dirigido a interponer la mayor cantidad de obstáculos para obtener una protección y reparación justa ante los daños provocados contra la salud y la vida de las personas que trabajan. Además, ante la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se puso nuevamente sobre la mesa las enormes faltas de las ART a la prevención del contagio de COVID 19.
Una vez más, los diferentes bloques de poder se ponen de acuerdo para seguir protegiendo los intereses de las empresas y las Aseguradoras que se enriquecen a costa de la salud de los trabajadores. En una provincia donde Vicentín y las cerealeras se llevan ganancias millonarias mientras los aceiteros pierden su vida por las malas condiciones laborales. Allí están otra vez las ART y su “industria del lucro” con la sangre obrera.
