"Auditoría". Superbeneficios y evasión libre para las patronales, vigilancia y ajuste a las organizaciones sociales

Fue publicado el Decreto 475/2022 en el Boletín Oficial según el cual queda oficializada la “ creación de un sistema de control y auditoría” de los planes sociales. La resolución tiene fecha de este martes 9 de agosto y las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Entre los fundamentos, en el texto se plantea que el objetivo es “evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones nacionales con fondos del Gobierno Nacional, por el Convenio N° 27 del 28 de febrero de 2002 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL”.

Por este motivo, se estipula “la creación de un sistema de control que integrara y complementara a las estructuras estatales nacionales de fiscalización y auditoría”.

El anuncio no es casual. Recordemos que en su conferencia de asunción Massa dijo que “el 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente”.

Sin embargo, ni en los anuncios de Massa, ni en el texto del decreto quedan establecidos cualés deben ser los requisitos que las y los beneficiarios de los planes sociales deben cumplir para no perderlos. Trascendió en distintos medios una extensa lista de "normas" que serán controlados por los organismos estatales. Dentro de ese espectro entran no solo los ministerios, sino también universidades y los propios municipios.

Así se confirma lo que vienen denunciando las organizaciones sociales: el objetivo es avanzar contra quienes se vienen organizando y movilizando contra la pobreza y el desempleo, para centralizar los programas en manos de los punteros del oficalismo, y también de la oposición, pero en cualquier caso del mismo Estado que está detrás de la crítica situación social. Es uno de los acuerdos del peronismo, más allá de sus internas. La otra es presionar para el recorte de esa asistencia, que en muchos casos es el último escalón antes del hambre y la desesperación. Massa anunció que se quitarán los planes a quienes no cumplan todos los requisitos, que todavía no se sabe cuáles son.

Pero se trata de una política de todos los partidos tradicionales. La oficialización se da el mismo día en que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncia unamedida con una lógica similar: les quitarán los planes a las familias cuyos hijos en edad escolar no cumplan con el 85 % de asistencia escolar. También en la Cámara de Diputados del Chaco se presentó un proyecto de ley para quitar el subsidio a quienes se movilicen con niños y niñas, como si las trabajadoras desocupadas podrían elegir dónde dejar sus niñes ante la situación que viven.

Lejos de lo que señala el gobierno y muchos medios, las organizaciones sociales ya reciben auditorías. No es ese el problema. Estamos ante una campaña que busca atacar a las organizaciones sociales independientes, y no solo, que se suma a una campaña de criminalización y ajuste que Sergio Massa viene a profundizar.

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El anuncio con bombos y platillos de esta "red de control", que en realidad es un mecanismo de control político y social, es lo contrario a la actitud del Estado con las organizaciones patronales. En los últimos días el propio gobierno reconoció que más de 700 empresas hicieron maniobras con en sus operaciones de importación y exportación. La estafa se hace a pesar de todos los beneficios que vienen recibiendo, el último de ellos el "dólar soja" para las agroexportadoras. Además se supo que el campo recibió más de $357.000 millones en créditos subsidiados en el último tiempo. Esto sin tener en cuenta los beneficios que tienen los bancos con los negocios financieros facilitados por el Estado, como las Leliq, que les permitieron ganar 365 millones por día. A esto podemos sumarle los subdisio millonarios que reciben las empresas de energía, por ejemplo, a pesar de que no cumplen con las inversiones, calidad de los servicios y acumulan multas por deficiencias en el servicio. Lo mismo las del transporte.

En definitiva, estamos ante una doble vara: superbeneficios y "vista gorda" para las empresas, estigmatización, vigiliancia y chantaje para las organizaciones sociales que luchan contra el hambre.

Lo que se busca es castigar y ajustar a los sectores más afectados por la pobreza, en vez de apuntar a la creación de puestos de trabajo genuino con salarios que cubran la canasta familiar (no empleo precario con salarios de hambre), aumentar la escolarización y buscar resolver los problemas más acuciantes de las familias trabajadoras y sectores populares en el marco de una crisis social muy profunda. Desde el PTS en el Frente de Izquierda se viene denuncian esta campaña y se plantea el apoyo a los reclamos piqueteros, planteando además la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin rebajar el salario, para generar puestos de trabajo.

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